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Informe ¿LAVADO DE DINERO?

Todo por el oro de Shahuindo

El litigio por 26 concesiones mineras, en una estratégica zona, ha revelado algunas de las enrevesadas prácticas empresariales que emplea la familia Sánchez Paredes

Para hacerse del proyecto Sahuindo (formado por 26 concesiones mineras), los Sánchez Paredes pusieron en práctica una audaz estrategia de transacciones sucesivas. De acuerdo con la defensa de la empresa Sulliden, la idea, aparentemente, era aprovecharse del artículo 221 del Código Civil que establece que si un tercero compra de buena fe un bien que se halla en disputa, puede quedarse con él. Así, efectuaron una serie de ventas sucesivas hasta que finalmente apareciera una empresa (vinculada a los Sánchez Paredes) que reclamara para sí el rico yacimiento de propiedad de Sulliden.

Para poner en marcha esta argucia legal, en abril del 2005, los Sánchez Paredes constituyeron la compañía minera Pilacones S.A. cuyo gerente general es Orlando Sánchez Miranda (hijo de Orlando Sánchez Paredes). Aprovechándose de ello, Las Algamarcas entregaron como aporte de capital 8 de las 26 concesiones del proyecto Shahuindo. Luego minera Pilacones se hizo un préstamo de 50 millones de dólares de una 'off shore' panameña llamada Inversiones Mineras Sudamericanas (IMS). Como garantía por el dinero recibido, Pilacones hipotecó a IMS las 8 adjudicaciones mineras antes mencionadas.

Paralelamente, en diciembre del 2005, IMS sucursal Perú demandó a Las Algamarcas por una supuesta deuda de tres millones de dólares. Antes de que se cumpla el plazo para responder a la demanda, las partes celebraron una transacción extrajudicial por la cual Las Algamarcas pagaron la supuesta deuda transfiriendo la propiedad de otras cinco concesiones mineras a favor de IMS.

En febrero del 2006, IMS solicitó un préstamo de 30 millones de dólares de la también 'off shore' panameña Import & Export ACD y entregó en garantía las 5 concesiones que le habían cedido Las Algamarcas en pago de la supuesta deuda de tres millones de dólares.

La alambicada operación siguió enrevesándose. Apareció, en abril del 2006, la compañía Andean Mining Gold Inc (otra 'off shore' panameña), para comprar a minera Pilacones las 8 concesiones del proyecto Sahuindo que 'poseía' por el irrisorio monto de un millón 350 mil dólares, pues se hallaban supuestamente hipotecadas por 50 millones de dólares.

Eso no es todo. Ese mismo mes, Andean Mining Gold también adquiere de IMS las 5 adjudicaciones mineras que 'recibió' de Las Algamarcas.

Así, Andean, supuestamente, se hizo de 13 de las 26 adjudicaciones mineras del proyecto Sahuindo, mientras que las otras 13, en teoría, quedaban en poder de Las Algamarcas, cuando en realidad todas (las 26) seguían en propiedad de Sulliden.

NUEVO JUGADOR
En mayo último entró un nuevo jugador en este ya enredado procedimiento: Century Mining Finance Corp., el cual se hizo de 26 concesiones mineras del proyecto Shahuindo. Es decir, aparentando ser un tercero que actuaba de buena fe, sería un legítimo comprador del rico yacimiento minero en disputa, cuando en realidad todo indica que esta compañía sería controlada por la familia Sánchez Paredes.

Por tanto, el ingreso de Century podría ser la última movida efectuada por esta familia para apropiarse de las concesiones de Sulliden.

PRÁCTICAS POCO ORTODOXAS
Margaret Kent, presidenta de Century y su polémico pasado como ejecutiva minera
En algunos medios especializados canadienses, la reaparición de la empresaria minera Margaret Kent causó cierta conmoción. Y es que Kent, quien antes usaba su nombre de casada (Peggy Witte), se volvió tristemente célebre en los años 90 tras protagonizar uno de los hechos más luctuosos que ha vivido la minería canadiense.

A través de su empresa Royal Oak Mines, Witte (hoy Kent) se hizo en esa época de la mina Giant (Yellowknife, en Canadá), cuando los precios del oro y la producción de este yacimiento descendían vertiginosamente. La ejecutiva no se amilanó y tomó medidas drásticas para reflotar la mina. Los obreros no estuvieron de acuerdo con sus decisiones y se fueron a la huelga. En su intento por quebrar el paro, ella contrató a mineros suplentes y se desató la violencia. El 18 de setiembre de 1992, en un confuso incidente, una explosión mató a 9 mineros suplentes. Si bien el minero Roger Warren fue condenado a prisión por lo sucedido, una sombra de dudas cayó sobre Peggy Witte. Finalmente, sofocada por deudas que ascendían a casi 175 millones de dólares, la empresa entró en reestructuración y cerró, dejando pasivos ambientales por cerca de 250 millones de dólares.

Antes de la quiebra, Witte y otros directores fueron denunciados por haberse apropiado de 3 millones 800 mil dólares. La ejecutiva llegó a un acuerdo extrajudicial y evitó que se la juzgara por este hecho.

Después de tales incidentes, Witte desapareció hasta que el 2003 regresó convertida en Margaret Kent y como gerente general de Mining Century Corporation, empresa con sede en Blaine, en el estado de Washington, EE.UU.

Y en tan solo seis meses en el Perú, Kent ya tiene diversas acusaciones. Aparte de ser cuestionada por su participación en las operaciones con los Sánchez Paredes para apropiarse del proyecto Shahuindo, ha sido acusada por el Sindicato de Trabajadores Mineros de San Juan de Churungas por incumplir el convenio en el que se comprometía a invertir 14 millones de dólares, los cuales hasta hoy brillan por su ausencia, así como de transferir las concesiones mineras a otra empresa, por lo cual ha cerrado la operación de la mina, lo que podría constituirse en un fraude y despojo a los trabajadores y accionistas.

A todo ello, Century, bajo el manejo de Kent, habría utilizado prácticas que lindan con el delito. Se ha comprobado, por ejemplo, que en el diferendo que esta minera mantiene con Compañía Minera Atacocha S.A. y Compañía Poderosa S.A., la firma canadiense alteró la traducción de un documento en idioma extranjero (inglés) para obtener de forma irregular una medida cautelar que la favoreciera. Ante la constatación de este hecho, la medida cautelar ha sido revocada.

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