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¿Comienza el destape o la impunidad?

Por: Juan Paredes Castro |

La adulteración de una ley del Congreso para materializar el aumento del número de gabinetes interparlamentarios en los ministerios tiene por ahora una clara paternidad política: la del Apra. Nadie tiene que haber hecho lo que se ha hecho sin el interés de favorecer a una burocracia partidaria que buscaba avalar legalmente los puestos que ocupa o los que pretendía ocupar bajo la misma sombrilla.

La renuncia del oficial mayor del Congreso, José Abanto, y la separación de sus cargos de otros dos funcionarios administrativos, Eduardo Mejía y José Villena, no parece llevar a ninguna parte. Es más: el testimonio de este último, en el que acusa al legislador Wilder Calderón de haber coordinado personalmente el manoseo tipográfico de la ley, no es más que eso, un testimonio suelto, además tibio y crudo.

Asistimos una vez más en el Congreso a una grave comisión de delito que las autoridades de este poder del Estado pretenden encarar administrativamente, cuando lo que tendría que hacer es ordenar y respaldar una investigación sumaria, capaz de acabar en una acusación constitucional.

El congresista Calderón no ha negado su posición favorable a que se aumentara el número de gabinetes interparlamentarios en los ministerios, al tiempo de rechazar las acusaciones de Villena de haber coordinado la adulteración de la ley.

En aras de una investigación seria y responsable, no tendría que descartarse la versión de Villena, pero también la presunción de que este y Mejía hayan obrado finalmente bajo la presión de la burocracia partidaria aprista, interesada en influir en Calderón. A la postre esa presión no habría obtenido sino un buen discurso de Calderón, por lo que en seguida habría buscado hacer efectivo el cambio en la ley mediante la intervención de Mejía y Villena.

Habrá que hablar de una paternidad ineludible del Apra en el grosero cambio de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE), en tanto y cuanto el mismo partido no se empeñe en promover un expeditivo esclarecimiento de los hechos, a lo largo de toda la cadena de presión que ha funcionado desde determinados ministerios hasta los despachos legislativos. Esto no puede terminar en el susto de Calderón ni en la purga del oficial mayor.

Jorge del Castillo, a la sazón aprista y parlamentario, no debería demorarse, como primer ministro, en demandar el rescate pleno del texto original de la ley aprobada y la presentación de las cabezas responsables de la adulteración. Por una sola cuestión de honor él y su partido no pueden estar al margen del problema, aunque desde la vereda de enfrente.

No sabemos, por ahora, si estamos cerca del destape que esperamos, o del alarde de un nuevo acto de impunidad.

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