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Nuevas bases antidrogas

Punto de vista

Por Rubén Vargas Céspedes. Especialista en temas de narcotráfico

El nuevo ataque armado contra la Policía Antidrogas en las afueras de Huamanga nos recuerda que, a casi dos años del gobierno aprista, el valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE) sigue abandonado por el Estado, especialmente en los aspectos de seguridad.

La responsabilidad de combatir al grupo terrorista Sendero Luminoso es del Ministerio de Defensa, que lo realiza a través de las bases contrasubversivas del Ejército. Dado los niveles crecientes de violencia en esta zona es legítimo que nos preguntemos: ¿Cuáles son los resultados de esa lucha, más allá del cómputo de las horas de patrullaje? ¿En los últimos cuatro años se ha capturado a algún cuadro importante de Sendero Luminoso? ¿Se ha desarticulado alguna columna del Ene o se ha atacado algún centro de producción en Boca Mantaro? Lamentablemente, la respuesta es no.

El plan VRAE, presentado en el 2006 como la panacea para todos estos problemas, es un completo fracaso, tanto en su intención de articular programas de desarrollo con los gobiernos regionales y locales como en los aspectos de seguridad. Lo único que avanzó es el poder corruptor del narcotráfico al interior de los aparatos de seguridad.

Esta inacción, que debería tener responsabilidades políticas, facilita a los narcotraficantes para que actúen con total impunidad, incluso ahora se atreven a atacar con fusiles a quienes ven como obstáculos para sus ilícitas actividades, no interesa si son comisarías o vehículos policiales.

Definitivamente, el VRAE está cada vez más en poder de los traficantes de drogas, así como de la facción radical de Sendero Luminoso y de los promotores de la coca ilegal. Aquí lo único válido es el poder que nace de la cocaína y del fusil, el resto es ilusión.

En el campo de la lucha antidrogas la policía especializada realiza su trabajo esforzadamente. Se vienen destruyendo los laboratorios de cocaína y se están controlando algunas rutas de ingreso de los precursores químicos. También se han creado nuevas escuelas antidrogas en Huamanga y se amplió la de Mazamari (selva central). En estos centros reciben entrenamiento especializado los agentes antidrogas que trabajan en las cuencas cocaleras, la oficial asesinada era una de ellas.

Sin embargo, todos estos esfuerzos parecen insuficientes dada la magnitud del problema. El país sigue soportando una fuerte demanda de cocaína por los cárteles mexicanos, que han encontrado en Europa un buen mercado. Esto hace que los cultivos de coca ilegales sigan creciendo hacia el lado del Ene (región Junín).

Es absolutamente necesario e impostergable que la decisión de instalar nuevas bases antidrogas en el VRAE se concretice pronto. Para este objetivo no deberíamos esperar solo la cooperación internacional, el Estado también debe disponer de recursos frescos que permitan enfrentar en mejores condiciones al enemigo número uno de la democracia y del desarrollo.

Estas nuevas bases ayudarían a tener un control territorial de todo el valle de los ríos Apurímac y Ene, cosa que ahora no es posible y además permitiría contar con el apoyo logístico frente a ataques como el que ahora lamentamos.

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