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Informe CASO MAJAZ La postura radical de los bandos opuestos ha convertido la comunidad de Segunda y Cajas en un polvorín en donde puede fácilmente pasarse de los insultos a la violencia

Una comunidad al borde del estallido

Por Ricardo León. Enviado especial

El programa oficial anunciaba la inauguración del certamen a las 9 a.m. con una maratón desde el caserío de Huangape hasta Tres Acequias. Luego vendrían una competencia de ordeño, otra de tejido y la elección de la Señorita y la Señora Comunera 2008. Todo terminaría con un concierto del grupo Sol Naciente.

Era el 8 de marzo y el Frente de Unidad de la Comunidad de Segunda y Cajas (Fucsc), con el apoyo de funcionarios de la minera Río Blanco, tenía todo preparado para homenajear a las comuneras por el Día Internacional de la Mujer. Todo se interrumpió a las 8:30 a.m., cuando unos 300 ronderos irrumpieron en la cancha que había sido alquilada para el agasajo. Discusiones, alboroto, insultos. El tono de las agresiones se elevó: instrumentos musicales rotos o incendiados, sillas lanzadas por los aires, piedras, palos.

Los opositores al proyecto minero descerrajaron su furia contra miembros de su propia comunidad, solo por recibir prebendas de la empresa. Hasta a esos extremos llegó la violencia. Se comenta, incluso, que una mujer embarazada fue golpeada y que terminó por sufrir un aborto.

Llegó un pequeño contingente de policías y todos ellos se quedaron mirando. No hubo ningún detenido (y eso que al fiscal encargado, José Hipólito Chero, le cayó una piedra en la cabeza). Lo que sí hay es una denuncia presentada por el Fucsc ante el Ministerio Público, en la que se acusa a una veintena de personas de atacar a quienes celebraban aquella mañana.

MIRADAS A LA SIERRA
Otra vez los ojos de la opinión pública se desviaron hacia la sierra de Piura, donde el proyecto minero Río Blanco busca instalarse ante la oposición de un importante sector de la población local y el apoyo incondicional de algunos pobladores, del Gobierno Regional de Piura y del Gobierno Central.

Pero el desenlace final fue inesperado e inflamable. La Quinta Fiscalía Penal de Piura recibió el 24 de marzo --dos semanas después de aquel frustrado agasajo por el Día de la Mujer-- un grueso expediente. Se trata de una denuncia por delitos de terrorismo contra 35 dirigentes comunales, alcaldes provinciales y distritales, ronderos, activistas de derechos humanos y expertos ambientalistas. Todos ellos opuestos al proyecto minero.

Quique Rodríguez es asesor legal de la Municipalidad de Ayabaca y forma parte de la defensa en el proceso que comenzará a partir de esta grave denuncia. Rodríguez reconoce que ha habido actos de violencia por parte de los comuneros, que ha habido delitos concretos, pero que estos no se aplican a una denuncia por terrorismo. "La denuncia penal es individual y aquí se denuncia a 35 personas a la vez, como si estas personas hubieran realizado los mismos actos, el mismo día y a la misma hora", comenta Rodríguez quien, dicho sea de paso, es uno de los denunciados.

Pero además --agrega Rodríguez--, muchos de los casos por los que se les denuncia ya fueron antes sometidos a juicio. Por ejemplo, el secuestro al periodista radial Dúber Maureola y a José Arrieta, funcionario de la empresa Río Blanco, así como por los violentos desmanes e injustificados disturbios provocados durante las marchas de protesta.

"Pero los hechos de violencia son continuos; nosotros no podemos trabajar en las comunidades o los caseríos porque vienen los ronderos y nos corren", acusa Juan Cruz Pusma, presidente del Fucsc. Para él, la denuncia servirá para que sean respetados los derechos de los comuneros que están a favor del proyecto minero. Después de la primera media hora de entrevista, sin embargo, Cruz y miembros de su directiva reconocen que no tienen cómo demostrar que los denunciados son terroristas.

FUTURO INCIERTO
El Fucsc fue formado oficialmente en diciembre del 2007, luego de que los pobladores a favor de la minería de la comunidad de Segunda y Cajas fueran retirados del padrón de comuneros. Este frente cuenta con apoyo financiero del Gobierno Regional de Piura y de varias empresas privadas; una de ellas es Río Blanco, que financia unos boletines, en los que, además de destacar las bondades de la minería bien llevada, el Fucsc fustiga a los comuneros opuestos a esta actividad, aquellos quienes fueron denunciados por terrorismo.

Esta es solo una muestra; en Huancabamba, y particularmente en los caseríos de la comunidad de Segunda y Cajas, la dinámica social se ha venido convirtiendo en una perversa cadena de pullazos. En las calles ya no se debate: se acusa de 'mineros' y 'traidores' a quienes están a favor de la minería, y de 'hambrientalistas' y de 'terroristas' a quienes están en contra.

"Ambos bandos están en los puntos más lejanos entre sí", comenta con más rabia que pena el sociólogo Víctor Ubillús, uno de los referentes intelectuales y presidente de la Asociación de Profesionales de Huancabamba. "La región necesita la minería, pero la minería responsable. Río Blanco no ha sabido comunicar los beneficios de esta", asegura.

Para Ubillús, el punto más álgido en todo este conflicto social es la denuncia por terrorismo. "Lo que ha habido no es terrorismo. Es un grupo de ronderos que se opone a la minería de una forma violenta y condenable. Pero las denuncias mutuas solo alejan a las partes. Este es un problema que el Estado generó y que el Estado debe solucionar", agrega.

Y pregunta, además, y esta vez con más pena que rabia, por qué no hay ni una sola oficina del Ministerio de Energía y Minas en toda Huancabamba, tierra de chamanes y curanderos quienes, dicho sea de paso, se quejan de que esta denuncia los perjudica, de que cada vez lleguen menos turistas porque piensan que aquí hay terroristas, de que ya no acuda gente a curarse en esas lagunas altas y misteriosas de las Huaringas.

La exploración vino con una sanción
Mientras en Huancabamba las facciones a favor y en contra de la minería se lanzaban acusaciones mutuas, en Lima el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Energía y Minería (Osinergmin) multó con 100 UIT (S/.350.000) a la empresa Río Blanco Cooper por incumplir diversos acuerdos estipulados en el Reglamento de Seguridad e Higiene Minera, en el Reglamento Ambiental para las Actividades de Exploración Minera y en la Ley General de Residuos Sólidos. En otras palabras, como explicó a este Diario Guillermo Shinno, gerente de Fiscalización Minera de Osinergmin, la empresa que realizó la exploración Monterrico Metals, que luego vendió el proyecto a la china Río Blanco-- incumplió compromisos que había firmado

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