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¡CUIDADO CON AFECTAR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN!

Elevarían las penas para quienes difundan o vendan comunicaciones logradas ilícitamente

El Ejecutivo remitió el viernes pasado al Congreso un proyecto de ley que introduce dos modificaciones al artículo 162 del Código Penal, con el fin de endurecer las penas para quienes intercepten de manera ilegal las comunicaciones de terceras personas.

Esa iniciativa plantea sancionar con pena privativa de la libertad no menor de dos años ni mayor de cuatro a los 'chuponeadores'. Si el agente es funcionario público, la pena será no menor de cuatro ni mayor de seis años.

También contempla reprimir con entre tres y cinco años de cárcel a quienes comercialicen o reproduzcan los registros de la información obtenida indebidamente.

Actualmente el Código Penal contempla una pena no menor de un año ni mayor de tres de cárcel por este delito, pero se eleva de tres a cinco años si se trata de un funcionario público.

Ante esta propuesta legal, las reacciones no se hicieron esperar en el Congreso. Los voceros de bancadas Freddy Otárola (Partido Nacionalista) y Víctor Andrés García Belaunde (AP) coincidieron en que ese proyecto de ley es peligroso porque puede afectar la libertad de prensa.

"Es un proyecto de ley con tufillo de mordaza que hay que rechazar", opinó García Belaunde.

En cambio, Raúl Castro (UN) fue más allá, y dijo que se debe aplicar cárcel efectiva a los comprometidos en estos actos ilegales. Su colega de bancada y presidente de la comisión de Justicia, Juan Carlos Eguren, respaldo el proyecto de ley; no obstante, señaló que este no debe afectar la libertad de expresión.

Frente a las críticas, el oficialismo y el Ejecutivo salieron en defensa de su propuesta. El primer ministro Yehude Simon aclaró desde Chiclayo que el proyecto no es un atentado contra la libertad de prensa, sino que busca sancionar la comercialización de la información conseguida de manera ilegal. Agregó que personalmente se ha preocupado por revisar las precisiones del proyecto para no caer en excesos.

El ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, consideró valiosa la iniciativa para tipificar de delito la comercialización de información obtenida ilegalmente, pues consideró que llenará un vacío en el Código Penal.

Sin embargo, sostuvo que no cree que la solución vaya por el "facilismo" de establecer penas más drásticas, como lo suele proponer el Parlamento.

SEPA MÁS
Cárcel efectiva
El presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, y el decano del Colegio de Abogados de Lima, Walter Gutiérrez, consideraron que se debe aplicar cárcel efectiva a los comprometidos en estos actos ilegales.

Libertad de expresión
La secretaria ejecutiva del Consejo de Prensa Peruana, Kela León, dijo que lo que debe salvaguardarse es el derecho del periodista a difundir libremente materiales o documentos que interesen hechos de interés nacional.

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