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La designación de un contralor no es una tómbola

Por: Juan Paredes Castro

Nuestro sistema institucional presenta tantos vacíos que ahora una ex contralora demanda completar, después de 19 años, el período para el cual fue designada.

Pero la propia interesada en este insólito retorno, por la vía del Tribunal Constitucional, la doctora Luz Áurea Sáenz, debilitó recientemente su posición, como lo advierte el jurista Raúl Ferrero, al aceptar ser evaluada en el concurso que convocó el Gobierno a través de una comisión encabezada por el economista Richard Web.

En lugar de pasar por ese concurso, la ex contralora durante el primer gobierno del presidente Alan García, debió precisamente haber jugado la carta jurídica que ahora airea con todo derecho, pero que, como comprenderán los propios magistrados del Tribunal Constitucional, se trataría de un derecho desfasado y encima sobrepasado por los resultados de control del período 85-90 que muchos no quisieran recordar.

En el supuesto caso de que la doctora Sáenz accediera al puesto, bajo una presión legal que podría no descartarse, seguramente se expondría a tener que responder por el pasivo de su gestión trunca, además muy ligada, en afinidades, al régimen de turno de entonces. Así, pues, por pedir ejercer un trozo de activo pendiente se vería luego comprometida a hacerse cargo de un cuestionamiento retroactivo perjudicial para ella y para la institución.

Algo más: si se tratara de la necesidad de reivindicar tiempos truncos, muchos ex presidentes de la república hubieran reclamado completar los períodos constitucionales para los que fueron elegidos y que los golpes de Estado se los interrumpieron. El mejor tiempo que tuvo la doctora Sáenz para completar su período de contralora fue el del gobierno del ex presidente Valentín Paniagua. ¿Es que acaso tenía que esperar un gobierno aprista como el del 85-90?

Ahora estamos en el afán de enderezar un entuerto distinto: el de una contralora prácticamente ya designada por la Comisión Permanente del Congreso, a la que se le ha descubierto gruesos vacíos de titulación profesional respecto de lo que ella misma declaró oficialmente. Tampoco se trata de vacíos que obliguen al Congreso y al Gobierno a la parálisis total. El artículo 101 de la Constitución dice que es prerrogativa de la Comisión Permanente del Congreso designar al (a la) contralor (a) general a propuesta del presidente de la República.

¿No sería mejor considerar, dentro del tenor de ese artículo 101, la promoción meritocrática del funcionario de carrera de la contraloría de mayores calificaciones?

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