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Vacan a Osiris Feliciano del cargo de alcalde de Santa Anita

19:03 | El motivo del removimiento del burgomaestre es que este tiene una sentencia condenatoria por el delito de peculado

(Andina).- Osiris Feliciano Muñoz fue vacado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) del cargo de alcalde de Santa Anita, debido a que tiene una sentencia condenatoria, consentida y ejecutoriada por delito de peculado. La decisión de máximo ente electoral está contenida en  la Resolución 240-2007-JNE, aprobada el pasado 11 de diciembre, pero que recién se conoció hoy jueves.

Feliciano Muñoz deberá dejar su lugar a la primera regidora Leonor Chumbimune Cajahuaringa, también del partido político "Siempre Unidos", quien se desempeñará como alcaldesa hasta completar el presente período 2007-2010. En tanto, la ciudadana Magaly Soria Aguilar será convocada para asumir el cargo de regidora y completar así el concejo municipal que debe estar compuesto por 11 regidores.

En su sesión del 11 de diciembre último, el JNE declaró fundada la apelación presentada por el ciudadano Aurelio Mallqui Atachao, contra el acuerdo del concejo municipal de Santa Anita del 25 de setiembre de 2007 con el que se rechazó tácitamente la vacancia del cargo de alcalde.

En ese acuerdo, el pedido de vacancia sólo logró seis votos a favor, cuatro abstenciones y una ausencia, cuando se necesitaba una mayoría calificada de ocho votos. Ante esa decisión del concejo, Malqui Atachao apeló ante el JNE, ente que resolvió dándole la razón y vacando a Feliciano Muñoz, resolución que hoy le fue notificada al afectado.

Según la normatividad vigente, Feliciano Muñoz tiene un plazo de tres días hábiles para presentar, si lo considera conveniente, un recurso extraordinario de afectación del debido proceso,  luego de lo cual el JNE volverá a pronunciarse.

El destituido alcalde fue sentenciado el 11 de octubre de 2006 por la Sexta Sala Penal de la Corte Superior de Lima, como autor del delito contra la Administración Pública, modalidad de peculado. La condena que recibió fue de cuatro años de prisión suspendida por tres años e inhabilitación para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público. Su caso está incurso en el artículo 22° de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

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