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Un juez impide incautación de carros que tendrían kilometraje adulterado

7:29 | El magistrado desestimó en menos de 24 horas pedido de la fiscalía para incautar más de 100 vehículos usados que habrían ingresado ilegalmente al país

Por Alfredo Ali Alava / Unidad de Investigación El Comercio

Con inusual celeridad, Raúl Caballero Laura, juez provisional de investigación preparatoria, rechazó el pedido de la fiscalía de Tacna para incautar más de cien vehículos usados que habrían ingresado ilegalmente al país mediante la reducción de sus kilometrajes.

Como se sabe, el Decreto Supremo 042-2006-MTC prohíbe el ingreso de vehículos usados con más de 80 mil kilómetros de recorrido. Pero, muchos vehículos (cinco mil, al decir del congresista Juvenal Ordóñez) ya habrían sido nacionalizados con el odómetro adulterado.

La respuesta del juez llama la atención pues emitió una resolución a escasas horas de haberse incorporado a su despacho.

Caballero Laura tenía licencia hasta el sábado 26 de abril, pero acudió a su despacho el domingo 27 para responder al pedido que el viernes 25 el fiscal Juan Coya Ponce le había remitido.

En solo un día, el juez habría leído el pedido del fiscal y elaborado su resolución de 12 páginas. Por si fuera poco, a las 5 p.m., la resolución ya aparecía en el sistema informático. El lunes muy temprano (8 a.m.) notificó al fiscal indicándole que su solicitud no procedía.

La argumentación del magistrado no se ajustaría a la ley porque en su respuesta ha señalado que el fiscal no puede incautar bienes en zonas primarias de aduana, donde se encuentran los vehículos, y que la única que puede intervenir en ese lugar es Aduanas.

Especialistas indicaron que dicho argumento es débil dado que aquella extraterritorialidad solo obra para asuntos tributarios, no para presuntos delitos penales como sería en este caso. El fiscal ha impugnado esa resolución del juez Caballero ante la Corte Superior de Tacna.

De otro lado, los argumentos que el fiscal Coya esgrimió ante el juez al formular su pedido se basaban en documentos claros: los registros de inscripción de los vehículos expedidos por el Ministerio de Transportes de Japón, con su respectiva traducción; las hojas de subasta que los vendedores japoneses ponen en Internet, también con su respectiva traducción; las hojas de registro en el Perú denominadas Revisa 1 y las Declaraciones Únicas de Aduana (DUA). Sin embargo, todo ello parece haberle importado poco al magistrado.

Por otro lado, el gerente general de Zofra-Tacna, donde se hallan los vehículos inmovilizados por el fiscal de prevención del delito, Pedro Paredes Rondón, ha comunicado al fiscal Coya que, por orden del jefe de la Aduana de Tacna, él no podía mantener en situación de inmovilización la mercancía.

Sin embargo, otras versiones señalan que las autoridades aduaneras no se habrían pronunciado en ese sentido.

En una reunión que antes sostuvieron la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, y la jefa de la Sunat, Laura Calderón, esta última ofreció su apoyo para que se lleve a cabo la investigación.

Se conoció que los importadores han sido citados por la fiscalía para que den su manifestación. Estos habrían contratado a varios abogados, uno de ellos sería el esposo de una ex fiscal de la Nación.

La voz de los importadores
La Asociación de Importadores y Exportadores de Vehículos Usados (Asimen) emitió un pronunciamiento público en Tacna a través del cual exigió una severa investigación contra las empresas denunciadas por la adulteración de odómetros (Autokraft Perú, Dai Ichi Motors y C.Q. Motors) e indicó que, si se demuestra su responsabilidad, debe aplicárseles "todo el rigor de la ley".

Asimismo, en el comunicado se señaló que esa mala práctica atribuida a empresas inescrupulosas está poniendo en riesgo las inversiones de los importadores que sí cumplen con la ley.

La institución demandó también a sus asociados defender el sistema de importación legal de vehículos usados y el cambio de timón de los mismos, pero alertó a las autoridades competentes para que no se dejen sorprender por David Espinoza Aparicio, que se viene autoproclamando vocero y representante de los importadores cuando, en realidad, "es simplemente abogado de las empresas denunciadas".


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