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Contraloría denuncia por tres delitos a Hernán Fuentes y a sus consultores

7:33 |

Por Ítalo Sifuentes Alemán

Cándido Gálvez Ccama, consejero del Gobierno Regional de Puno, se resiste a hacerle honor a su nombre, y cuenta con el apoyo de los también consejeros Leticia Casa Nina y Ángel Zapana Vargas, quienes también esperan la culminación de los procesos judiciales por corrupción contra el presidente de dicha jurisdicción, Hernán Fuentes, para empezar a tramitar la vacancia de la controvertida autoridad.

Por ello, a través de este Diario, dichos consejeros solicitaron al Ministerio Público mayor celeridad en la investigación de los casos de corrupción de los que se acusa a Fuentes, entre ellos la contratación de sus allegados como consultores del gobierno regional.

Precisamente por tal hecho, la Contraloría General de la República denunció a Fuentes ante la fiscalía por los supuestos delitos de falsedad genérica, colusión ilegal y peculado, pues las personas (ver nota aparte) que el presidente regional propuso para su contratación no contaban con los requisitos exigidos; es decir, no tenían grado profesional, especialización ni experiencia laboral.

Aun así, los seudoconsultores presentaron sus hojas de vida a pesar de saber que no cumplían con las especificaciones para el cargo; fueron contratados y se les pagó con fondos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), situación que según la contraloría ocasionó un perjuicio al Estado de S/.411.700,11.

Algunas de estas personas laboraron en la radio TV Perú HFG EIRL, que según el registro mercantil perteneció a Fuentes y a su pareja Lidia Hancco Navarro, quien actualmente figura como única dueña de esa emisora.

Ante la acusación, Fuentes respondió que los consultores contratados en su gestión cumplieron los requisitos y que no es delito haberlos contratado para cargos de confianza.

"Las denuncias son de carácter político", dijo Fuentes, quien consideró que parte de la información que sustenta las denuncias en su contra está tergiversada. "La radio no es nuestra, pero en caso de que lo fuera no es delito contratar a una persona que haya trabajado ahí", refirió.

En otro momento, Fuentes vaticinó que --a lo mucho-- lo podrán procesar por omisión de funciones, pero que debido a la inconsistencia de las acusaciones el caso de la compra irregular de una camioneta oficial se quedará en el camino o durará tres o cuatro años en el Poder Judicial; o sea, cuando ya haya completado su mandato.

Por estas razones, Fuentes calculó que no podrán vacarlo.

OBSTÁCULOS EN EL CAMINO
El consejero Gálvez señaló que si se tomaran en cuenta todas las irregularidades cometidas por Fuentes, ya estaría vacado hace tiempo. "Pero las leyes nos ponen barreras que nos impiden lograr ese objetivo y al final el que pierde es el pueblo puneño", lamentó.

Gálvez apuntó que una de esas barreras es la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la cual exige una sentencia condenatoria del Poder Judicial para suspender o vacar a un presidente regional.

Gálvez y los consejeros Casa y Zapana coincidieron en señalar que se exponían a ser denunciados por el delito de abuso de autoridad si suspendían o vacaban a Fuentes sin una sentencia judicial.

Casa y Zapana agregaron que los consejeros ya habían investigado a Fuentes, a quien dijeron ya haberlo denunciado ante el Poder Judicial.

SEPA MÁS
Los implicados y los cargos
Por el presunto delito de colusión ilegal, la contraloría denunció ante el Ministerio Público a Érika Choquehuanca Mamani, Federico Ramírez Quispe, Román Machaca Larico, Rolando Quispe Turpo, Víctor Blanco Cahuapaza, Gladys Adela Coila Apaza, Dayne Graciela Andía Quispe, Ubaldo Puño Quispe, Elber Fedver Calsina Condori y Román Calla Toledo.
Por el supuesto delito de falsedad genérica, la contraloría denunció a Gladys Adela Coila Apaza, Víctor Blanco Cahuapaza, Érika Choquehuanca Mamani y Dayne Andía Quispe.
Por el supuesto delito de peculado, se ha denunciado a Daniel Chambi Ruelas, director de administración del Gobierno Regional de Puno.
Aparte de Fuentes son 11 las personas denunciadas por estar involucradas en la contratación irregular de consultores.

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