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Hijos de Álvaro Uribe niegan recibir favores del Estado

19:54 | 'No son corruptos. Mis hijos no son traficantes de influencias ante el Estado' , sostuvo el presidente colombiano

Bogotá (AP) .- Tomás y Jerónimo, los hijos del Presidente Álvaro Uribe, negaron haber sido favorecidos en negocios con el Estado y desmintieron haber depositado dinero en las empresas captadoras ilegales, según declaraciones que publica el domingo el diario El Tiempo.

Tomás, de 27 años, ingeniero químico, y Jerónimo, de 25, economista, en una entrevista difundida por el diario bogotano, aseguraron que nunca han tenido contratos con el Estado aunque han recibido varias propuestas.

"Nosotros no tenemos negocios con el Estado. Nos los vienen a ofrecer y lo primero que advertimos es que no nos interesan", dijo Tomás, según el diario.

También aseguraron que nunca depositaron dinero en la empresa DMG, una captadora ilegal de dinero, cuyo representante legal, Diego Murcia, se encuentra preso en una cárcel de Bogotá.

Los hermanos Uribe dijeron que su único vínculo fue con Daniel Ángel, uno de los asesores de Murcia, a quien buscaron como productor en la posibilidad de un documental sobre artesanías.

"Tampoco depositamos nuestros recursos en DMG o en otra empresa de esta clase", afirmó Jerónimo en la entrevista con El Tiempo.

Los hijos del Mandatario saltaron a la palestra pública luego que una columnista del mismo diario, dijo que ellos habían "caído en la tentación de hacerse millonarios utilizando su condición de hijos del Presidente".

"Estamos abiertos a que escruten nuestras empresas", apuntó Tomás y agregó que la intención junto a su hermano es mantenerse como empresarios privados.

A principios de semana, el jefe del Estado, hizo una defensa vehemente de sus hijos de quienes dijo "no son corruptos. Mis hijos no son traficantes de influencias ante el Estado... Mis hijos han escogido ser hombres de trabajo, honestos y serios".

Uribe al salir al paso de las críticas señaló que entregará a la Procuraduría General, organismo estatal que controla los empleados públicos, todas sus declaraciones de renta y las de su familia, enfatizando que lo hace por "fortalecer la autoridad moral para poder continuar la tarea de combatir todas las expresiones del delito".

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