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El TC respetará el fuero del Poder Judicial en el Caso El Frontón

8:26 | Los miembros del Tribunal Constitucional reconocieron que fue un error dar trámite al recurso. Rechazó el recurso de agravio constitucional que presentó el IDL

Por Ítalo Sifuentes Alemán

El Tribunal Constitucional (TC) declaró ayer improcedente el recurso de agravio constitucional que había interpuesto, en octubre, el Instituto de Defensa Legal (IDL), entidad que pretendía que el TC determinase la constitucionalidad de la resolución judicial que aceptó el hábeas corpus del marino Teodorico Bernabé Montoya, quien solicitó la prescripción del caso conocido como El Frontón.

De esta manera, el TC optó por no precisar si el Caso El Frontón prescribía o no para respetar el ámbito jurisdiccional, pues señaló que esa decisión correspondía al Poder Judicial.

"Este tribunal considera innecesario analizar el fondo de la cuestión controvertida, por cuanto la justicia constitucional debe guardar un justo equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la seguridad jurídica y equidad procesal que aseguran la estabilidad y confiabilidad de los procesos constitucionales", señala la resolución emitida por el TC.

"No tenemos nada que ver con el tipo de delito, la pena y la prescripción de ese caso", dijo, por su parte, el presidente del TC, Juan Vergara Gotelli.

El titular del TC hizo estas afirmaciones durante la conferencia de prensa en la que se anunció que este tribunal había desestimado el recurso del IDL.

UN POCO DE HISTORIA
Bernabé Montoya fue denunciado por el delito de homicidio calificado en agravio de Alfonso Gonzales Toribio y otras víctimas del debelamiento del penal El Frontón, ocurrido en 1986.

El magistrado Vergara explicó que dicho marino interpuso "la demanda porque consideró que el Ministerio Público lo incluyó indebidamente en una nueva denuncia que seguramente está en trámite y en ella se podría ver si hay o no prescripción del Caso El Frontón".

El TC recordó que la Tercera Sala Penal para Reos Libres ya resolvió declarar (en segunda instancia) improcedente la denuncia fiscal, excluyendo a Bernabé del Caso El Frontón, por lo cual no debía pronunciarse.

Como se recuerda, en marzo del 2007, el fiscal José Luis Azañero denunció a 24 marinos, entre los cuales se encontraba Bernabé Montoya.

Al mes siguiente, el marino interpuso una acción de hábeas corpus contra este fiscal. Bernabé Montoya consideraba indebida la denuncia en su contra y argumentó que si los crímenes de El Frontón fueron asesinatos, entonces se trataba de un delito común y, por tanto, según las leyes peruanas, prescribían a los 20 años; es decir, este caso prescribió en junio del 2006.

El hábeas corpus presentado por Bernabé fue declarado infundado en primera instancia por el Juzgado Penal 10 de Lima el 17 de abril del 2007.

Sin embargo, la Tercera Sala Panal para Reos Libres de Lima, el 10 de mayo del 2007, revocó la sentencia del décimo juzgado, al declarar que los crímenes de El Frontón fueron un delito común y que se produjeron cuando no existía la figura penal de delito de lesa humanidad.

Por ello el 12 de octubre del año pasado, el IDL presentó ante el Tribunal Constitucional un Recurso de Agravio Constitucional para que el TC se encargue de evaluar la constitucionalidad de la sentencia de la Tercera Sala Penal para Reos Libres.

RECONOCEN ERROR
Vergara Gotelli consideró que "fue un vicio, un error" admitir el recurso de agravio constitucional presentado por el IDL, al considerar que esta ONG no tiene la capacidad procesal para interponer recursos de queja y agravio constitucional, pues no es parte del proceso del hábeas corpus que interpuso Bernabé Montoya.

No obstante, en su explicación ante la prensa, Vergara precisó que no fue el Tribunal Constitucional el que admitió el recurso sino una de las salas del mismo.

Precisó que este pronunciamiento no marcará un precedente vinculante y señalaron que IDL no es parte del proceso.

Asimismo, al referirse a los recursos presentados por el IDL, la resolución precisa que los "recursos de queja y agravio constitucional han sido interpuestos con manifiestas infracciones a las reglas procedimentales, ya que el IDL carecía de legitimidad para ello".

En la mencionada resolución, el TC advierte que, entre otros vicios procesales, el IDL se habría presentado como un tercero que no es parte del proceso y a quien no se le puede exigir "el requisito de la legitimación activa o pasiva necesaria para establecer una relación procesalmente válida". En consecuencia --precisa el documento-- el IDL ya no podía tener ninguna vinculación con el bien o interés jurídico del caso.

Al conocer la sentencia, el doctor Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal, señaló que se abría un panorama preocupante: "Nuestro temor es que otros recurran a esta sentencia como un argumento a su favor", indicó el abogado.

Actualmente, el caso sobre El Frontón es visto por el Cuarto y Quinto Juzgado Supraprovincial.

SEPA MÁS
Cómo fue la votación del recurso
- Los magistrados del Tribunal Constitucional que ayer optaron por declarar improcedente el recurso de agravio constitucional presentado por el Instituto de Defensa Legal (IDL) fueron Juan Vergara Gotelli, Fernando Calle Hayen, Ernesto Álvarez Miranda y Javier Mesía Ramírez. Este último magistrado fue uno de los tres que el 12 de octubre del año pasado admitieron el recurso de agravio constitucional presentado por el Instituto de Defensa Legal ante el TC.

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Además de Mesía Ramírez, los otros dos magistrados que admitieron el recurso presentado por el Instituto de Defensa Legal fueron Ricardo Beaumont Callirgos y César Landa Arroyo, quien, al igual que Calle Hayen, ayer no estuvo en la conferencia de prensa.

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Por su parte, los magistrados César Landa, Ricardo Beaumont y Gerardo Eto votaron por revisar la demanda y emitir un pronunciamiento sobre la constitucionalidad o no del fallo judicial que se emitió a favor del hábeas corpus del marino.

"Pudo resolver de otra manera"
Para el constitucionalista y consultor de El Comercio Samuel Abad Yupanqui, el Tribunal Constitucional (TC) pudo tomar otra decisión con respecto al recurso de agravio constitucional presentado por el Instituto de Defensa Legal (IDL).

"¿Pudo resolver de manera distinta y anular la decisión judicial? Sin duda. En los últimos años el TC se ha caracterizado por tener decisiones creativas e interpretar la Constitución en forma amplia. En esta ocasión hizo lo contrario. Ello le hubiera permitido fijar un precedente importante ratificando que no procede la prescripción en estos casos. Al no hacerlo, deja vigente una sentencia cuyos efectos solo benefician al oficial demandante, es decir, dicho criterio carece de efectos generales", señaló el constitucionalista.

Asimismo, Abad Yupanqui explicó que ahora se ha abierto el camino para que las instancias internacionales puedan revisar el caso.

"Ahora solo resta que el caso sea visto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ello pudo evitarse si el Tribunal Constitucional hubiera resuelto de manera distinta. La defensa de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad están por encima de rigorismos procesales", precisó el especialista.

MÁS DATOS
- El 16 de junio de 1986 tres motines coordinados previamente se registran en distintos penales de Lima. Esa madrugada reos por terrorismo de los penales de Santa Bárbara, Lurigancho y El Frontón toman como rehenes a personal de seguridad y se apoderan de las armas de dos de ellos.

- El 19 de agosto de 1986 en El Frontón, el Pabellón Azul de los amotinados es bombardeado, lo cual deja 118 prisioneros muertos. En Lurigancho, después de que los sublevados se habían rendido, unos cien de ellos son fusilados o ejecutados sumariamente de un tiro en la nuca.

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