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La CIDH demanda al Perú ante la Corte de San José por desaparición de estudiante en 1993

19:33 | En su resolución, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirma que no tuvo diligencia en la investigación ni dio una reparación para sus familiares

Washington, EE.UU. (Reuters).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA anunció el jueves que demandó a Guatemala, Perú y Venezuela ante una corte por haber violado derechos o haber sido negligentes en casos específicos contra ciudadanos de esos países.

La demandas hechas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos exigen un pronunciamiento del alto tribunal, que no llevaría a sanciones específicas sino a exhortos a reparar a las víctimas, recomendaciones legislativas o evitar la repetición de los casos.

En el caso del Perú, la CIDH precisó que la demanda cursó por la desaparición del estudiante Kennet Ney Anzualdo, de 25 años, en manos de "agentes estatales" en diciembre de 1993.

La comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) condenó la "posterior falta de debida diligencia en la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables; así como la falta de reparación adecuada en favor de los familiares de la víctima", dijo en un comunicado.

"La CIDH concluyó en su informe de fondo que el Estado Peruano es responsable de la violación del derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio del señor Anzualdo", agregó.

Mientras que en lo referente a Venezuela, la CIDH repudió la condena al general retirado Francisco Usón Ramírez a cinco años de "pena privativa" por el delito de injuria a la Fuerza Armada Nacional tras declaraciones que dio en una entrevista televisiva luego de un fallido golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez en el 2002.

"El Estado venezolano violó los derechos a la libertad de expresión, a la libertad personal y a las garantías y protección judiciales en perjuicio del señor Francisco Usón Ramírez", afirmó la Comisión.

Guatemala, por su parte, fue apuntada por la falta "de debida diligencia en la investigación, juzgamiento y sanción" de los responsables de la masacre de 251 habitantes en el departamento de Petén, ejecutada por miembros del Ejército del país en diciembre de 1982.

La CIDH reconoció los esfuerzos del Gobierno en buscar reparar a las víctimas e investigar el caso, pero resaltó que "es deber del Estado guatemalteco proporcionar una respuesta judicial adecuada, establecer la identidad de los responsables, juzgarlos e imponerles las sanciones correspondientes".

Para esos países, que están bajo la lupa de organizaciones internacionales por abusos a los derechos humanos, la demanda de la CIDH les representa un perjuicio internacional.

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