Ramón Castilla y Marquesado  fue un militar y político peruano que Gobernó en total 12 años, siendo el presidente que más años rigió en el Perú republicano. [Foto: Wikimedia Commons]
Ramón Castilla y Marquesado fue un militar y político peruano que Gobernó en total 12 años, siendo el presidente que más años rigió en el Perú republicano. [Foto: Wikimedia Commons]


Por Juan Luis Orrego

Las crisis políticas en nuestra historia republicana han sido muchas, y en el caso del pedido de vacancia presidencial discutido esta semana en el Congreso, existe un antecedente lejano que pocos recuerdan. Sucedió durante el primer gobierno de Ramón Castilla.

En la mayoría de libros de historia del Perú se menciona como un logro destacable de Castilla la implementación del primer presupuesto republicano, para el bienio 1846-1847. Lo que no se indica, sin embargo, es que una comisión del Congreso, presidida por el entonces diputado por Ica, Domingo Elías, se encargó de evaluar las cuentas y encontró irregularidades y malos manejos, por lo que llegó a pedir la vacancia por incapacidad moral permanente del presidente.

Esta iniciativa, finalmente, no prosperó, y Castilla pudo culminar su mandato en 1851. ¿Qué sucedió? Seguro hubo arreglos y se repartieron algunas prebendas, pues el régimen, que ya podía contar con los ingresos del guano, estaba en capacidad de negociar su poder. En el caso de Elías, pudo conseguir la promulgación de la Ley General de Inmigración en 1849, que le permitió el monopolio de traer peones chinos por un término de cuatro años, cobrando una comisión del Estado por cada uno de los casi tres mil culíes que desembarcaron en el Callao hasta 1853.

Otro de los contratos que Elías pudo obtener, también en 1849, fue el del “carguío del guano” en las islas de Chincha por seis años. El negocio consistía en la extracción y embarque del guano, con una comisión por cada tonelada colocada en las embarcaciones que transportaban el abono a Europa. Elías, que ya era el principal latifundista de Ica, a través de estos y otros negocios con el Estado multiplicó considerablemente su fortuna.

Estos episodios demuestran claramente el manejo patrimonialista del Estado por parte de los caudillos decimonónicos. La falta de transparencia en los manejos públicos no es, lamentablemente, exclusividad de nuestro siglo XXI.