El Comercio informó este sábado que el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) abrió una investigación disciplinaria a Antauro Humala y dispuso el cambio del director del Penal de Ancón I, donde el líder etnocacerista cumple condena por el “Andahuaylazo”. Las medidas se tomaron tras un audio difundido por este diario en el que se pronuncia sobre su situación en un eventual gobierno del candidato por Perú Libre, Pedro Castillo.
MIRA: Antauro Humala: Inpe abre investigación disciplinaria por audio
El viernes, El Comercio informó sobre testimonios y audios que confirman la unión del etnocacerismo de Antauro Humala con Perú Libre.
MIRA: Audios y testimonios confirman unión del etnocacerismo de Antauro Humala con Perú Libre
En los audios, cuya veracidad y contexto fueron confirmados por Ricardo Repetto, hijo de Haydee Andrade, esposa de Humala, Humala afirma: “El único que puede aguantarle a la Fuerza Armada en el poder soy yo, a Pedro Castillo. Eso que lo tenga claro. Al ver que este año, el 31 de diciembre termina la promoción de Ollanta [Humala]. El 1 de enero del próximo año entra mi promoción y se queda por dos años a tres años a comandar el Ejército. Es la promoción de Antauro Humala la que va a ser el Comando del Ejército durante el gobierno de Castillo”.
Antauro Humala fue sentenciado a 25 años de prisión por el ‘andahuaylazo’, cuando junto a un grupo de reservistas tomaron la comisaría de Andahuaylas en enero del 2005. Cuatro policías y dos etnocaceristas fallecieron. El 16 de setiembre del 2009, la Primera Sala Penal con Reos en Cárcel sentenció a Humala, cuya pena recién terminaría en enero del 2030. Sin embargo, una apelación de su defensa logró que la sentencia sea rebajada a 19 años de cárcel, con lo que su salida se daría el 2024. Sin embargo, según el INPE la condena terminaría el 17 de enero del 2022.
Humala está recluido en el penal Ancón I, hacia donde fue trasladado “por razones de seguridad penitenciaria”, y estas son las sanciones que ha recibido durante su encarcelamiento:
Audio de Antauro Humala
2018
En junio del 2018, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) sancionó a Antauro Humala por haber pretendido usar las instalaciones del penal Virgen de las Mercedes, donde estaba recluido por ser exoficial del Ejército, como sala de reuniones con fines políticos y por haber dado una entrevista sin permiso.
El proceso disciplinario sancionador fue iniciado porque incumplió las directivas del INPE, el Código de Ejecución Penal y su reglamento. El INPE también prohibió el ingreso de personas de su entorno, con quienes pretendía dirigir y organizar la campaña del etnocacerismo para las actuales elecciones del 2021.
2019
2019
Un año después, en junio del 2019, Humala fundó desde su internamiento el partido Frente Patriótico con miras a las elecciones. La comunicación con sus seguidores se dio a través de una llamada telefónica.
Unos meses después, en agosto, Antauro Humala recibió una sanción disciplinaria precisamente por la comunicación que estableció desde el penal con seguidores del etnocacerismo. El recluso había cometido una falta leve contra el Reglamento del Código de Ejecución Penal, informó el diario Correo.
Hacia fines de ese año, en octubre, las autoridades del penal Virgen de la Merced recomendaron trasladar a Humala a otro centro penitenciario, por medidas de seguridad, y luego de haber ofrecido una entrevista a un medio de comunicación en julio del 2019.
Finalmente, Humala fue trasladado al penal de máxima seguridad Ancón II junto a otros 14 internos luego de que el INPE decidiera clausurar el de Virgen de la Merced.
El entonces jefe del INPE César Cárdenas había rechazado que el traslado se dio por una medida disciplinaria. Aunque la entrevista que brindó en julio del 2019 fue uno de los elementos tomados en cuenta para el traslado, no fue la razón fundamental.
En diciembre de ese año, durante la campaña electoral de las elecciones extraordinarias 2020 para elegir un nuevo Congreso, el INPE inició un proceso sancionador contra Humala tras la difusión de una conversación que el etnocacerista entabló con María Isabel Bartolo, entonces candidata al Congreso.
Según el INPE, la conversación se dio desde el teléfono público del penal Ancón II y esta evidenciaría “coordinaciones políticas”. El instituto prenitenciario recordó que Antauro Humala tiene suspendidos sus derechos políticos, con lo que no puede participar en la política del país.
2020
2020
En junio del 2020, el INPE informó que Humala iba a ser investigado por presuntamente haber hecho uso de la plataforma Zoom para comunicarse con allegados y transmitir mensajes de carácter político.
El 19 de junio, la Subdirección de Seguridad del INPE fue informada que Humala Tasso habría realizado llamadas vía Zoom “con diversas personas y en medios de comunicación social”, conexión organizada por una persona identificada por la institución como “Carlos Armas”.
En este enlace se habrían transmitido mensajes de carácter político a las personas conectadas, “cuestionando las razones de su privación de libertad al considerarse un rehén o secuestrado por el Estado”.
Antauro Humala habría empleado un medio de comunicación diferente al teléfono fijo de uso privado y común de todos los internos. Haber usado esta vía de comunicación masiva sería ilegal, de acuerdo con la normatividad penitenciaria. Por lo tanto, el interno estaría incurriendo en una falta disciplinaria grave prevista en el Código de Ejecución Penal. Su abogada, Carmen Huidobro, dijo que la llamada se dio a través de un teléfono público.
Aquel mes, Humala también fue objeto de un proceso disciplinario por falta grave al Código de Ejecución Penal al “desobedecer las disposiciones de seguridad al presuntamente poseer artefactos eléctricos no autorizados por la autoridad penitenciaria”. Durante una visita inopinada hallaron artefactos eléctricos en uno de los espacios, informó el INPE. La abogada de Antauro Humala desmintió esa versión.
En octubre, el INPE informó del traslado de Antauro Humala al penal Ancón I.
Humala fue sancionado en noviembre con la “limitación de comunicaciones con el exterior, sin perjuicio del derecho a la defensa” por 30 días. Esto en el proceso disciplinario que se le inició luego de que el jueves 22 de octubre Perú21 difundió un audio de una charla virtual que mantuvo desde el penal Piedras Gordas con miembros del denominado Frente Patriótico, donde participaron, además, congresistas de UPP a mediados de setiembre.
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