"Anular y convocar a nuevas elecciones será la solución más prudente para evitar la posible ingobernabilidad que se avecina", expresó Jorge Montoya, electo congresista de Renovación Popular. (Foto: Renzo Salazar | El Comercio)
"Anular y convocar a nuevas elecciones será la solución más prudente para evitar la posible ingobernabilidad que se avecina", expresó Jorge Montoya, electo congresista de Renovación Popular. (Foto: Renzo Salazar | El Comercio)
René Zubieta Pacco

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La incertidumbre por los resultados de las elecciones de segunda vuelta entre (Perú Libre) y (Fuerza Popular) y las posturas políticas al respecto han derivado en una narrativa mediante la cual distintos actores hablan de la posibilidad de anular los comicios. Expertos consultados por El Comercio señalan, sin embargo, que esa pretensión es inviable.

La expresión más reciente es la del congresista electo Jorge Montoya (Renovación Popular), quien mediante un tuit la noche del lunes manifestó: “La legitimidad del futuro gobernante será nula ante las decenas de irregularidades en este proceso electoral con una frágil gobernabilidad y estabilidad. Anular y convocar a nuevas elecciones será la solución más prudente para evitar la posible ingobernabilidad que se avecina”.

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(Captura: Jorge Montoya / Twitter)
(Captura: Jorge Montoya / Twitter)

Montoya es uno de los militares retirados y electos parlamentarios que firmaron un comunicado difundido también el lunes, en el que se acusa un presunto proceso “poco transparente, irregular y pasible de fraude”, haciendo eco de la posición del partido Fuerza Popular y su candidata Fujimori. José Cueto (Renovación Popular), Roberto Chiabra (APP) y José Williams (Avanza País) son otros parlamentarios electos que suscriben el documento, el cual ha sido por haber “utilizado indebidamente los emblemas de las instituciones armadas”.

En declaraciones a Canal N la mañana del martes, Cueto consideró que “anular las elecciones, hablo en general, la primera y segunda vuelta, todas las elecciones, sería un problema mayor para la gobernabilidad del país”. Sin embargo, tras precisar que no plantearía la nulidad de la primera vuelta, acotó: “La de la segunda, sí me inclinaría a que el jurado evalúe bien todos los problemas que están pasando. Y si no llega a una conclusión, no hace un proceso transparente y ve tanto problema, sí me inclinaría. No estoy pensando que lo vaya a hacer, pero podría ser una salida”.

A esto se suma lo expresado el lunes por el presentador Phillip Butters en su programa en Willax TV. Cuando se refería a que el apoyo a Fujimori estaba movilizando a muchas personas, manifestó: “Se tiene que tomar Palacio de Gobierno en acto pacífico. Entras a Palacio, caminas, no hay un policía que va a poner resistencia, los Húsares de Junín no se van a poner de frente, la gente va a entrar caminando. Y lo sacas en pijama a [Francisco] Sagasti. ¿Cómo se hace? Caminando”.

Asimismo, en redes sociales, distintos usuarios respaldan tales posturas con el mensaje ‘nuevas elecciones’ o ‘nuevas elecciones, ya’.

La pregunta del día: ¿Se pueden anular las elecciones?

Propuesta inviable

La Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica de Elecciones establecen causales específicas para la declaración de la nulidad de un proceso electoral, que no son los argumentados por quienes hacen el planteamiento.

(Captura: Constitución Política del Perú)
(Captura: Constitución Política del Perú)
(Captura: Ley Orgánica de Elecciones)
(Captura: Ley Orgánica de Elecciones)

En esa línea, el experto en derecho electoral Julio Silva calificó de “jurídicamente imposible” el planteamiento de Montoya, pues la nulidad que se propone no está prevista en la normativa electoral. “Nosotros tenemos supuestos de nulidades parciales y totales. Las parciales son las que han presentado Fuerza Popular y Perú Libre también respecto de mesas de sufragio concretas y específicas. Las totales están establecidas en nuestro ordenamiento, pero no proceden por estos supuestos hechos que se imputan o presumen que configurarían fraude”, señaló a El Comercio.

Según precisó, el planteamiento no procedería ni para el proceso de la primera vuelta ni para el de la segunda. “Con el avance de resultados que estamos viendo, con el procesamiento y contabilización que está realizando la ONPE ninguno de esos dos supuestos se va a cumplir. Ni si quiera en el supuesto negado de que se anulasen todas esas mesas de sufragio que se están cuestionando. Las causales están tipificadas y ninguna de ellas se configura”, ratificó.

Por su parte, el constitucionalista y ex secretario técnico del Voto Informado del JNE, Alejandro Rospigliosi, coincidió en que las propuestas para anular las elecciones no tienen aval constitucional ni legal, pues no se está en los supuestos que establecen la Carta Magna ni la Ley Orgánica de Elecciones. “Ni lo vamos a estar, porque la valla para declarar la nulidad de las elecciones es tan alta que es absolutamente improbable. El señor está creando una nueva causal de nulidad que no existe en la ley ni la Constitución, y se llama: como no ganó el candidato de mi preferencia, entonces nuevas elecciones. Y eso es antidemocrático”, dijo sobre Montoya.

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Añadió que es un imposible legal, porque si bien el acto de sufragio culminó, aún nos encontramos en el proceso electoral, que termina cuando el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) publica los resultados. “No se puede cortar un proceso en trámite. No hay sustento, se está pateando la institucionalidad, la democracia”, sentenció.

Desde el punto de vista del derecho constitucional, el abogado constitucionalista Natale Amprimo ratificó que las elecciones se anulan por causales “muy claras y puntuales” fijadas en la norma electoral. “Bajo el panorama actual, me parece una cosa improbable”, refirió.

“Tenemos que acostumbrarnos a respetar las instituciones y no adecuar las circunstancias para que las situaciones se adecúen a las circunstancias”, opinó.

Un escenario en el que se considere la posibilidad de nulidad total, añadió, implica que el JNE determine que hubo una elección fraudulenta, concertada y organizada para distorsionar la voluntad popular. Para Amprimo, en ese caso habría que tomar “una medida”, “pero lo cierto es que eso aún no lo hemos escuchado”. “El tema depende de una debida probanza. No demostrar tres o cuatro mesas, o tres o cinco situaciones ocurridas”, concluyó.

Mirada penal

Otra perspectiva respecto de las pretensiones de anular las elecciones es la del derecho penal. Para la abogada penalista Liliana Calderón, la fiscalía tendría que evaluar una serie de hechos y postular que existe una articulación entre ellos en caso plantee iniciar una indagación. Esta, aseveró, tendría que determinar la presunta comisión de los delitos de sedición y conspiración para una rebelión, sedición o motín.

Si la tesis de la fiscalía va en que esto es una suerte de hechos articulados, varios actores que están en la misma línea, creería que la fiscalía puede tener algún caso. Por lo menos un caso para investigar me parece que sí hay”, explicó.

Si bien uno de los aspectos para la configuración del delito de sedición es el alzarse en armas, Calderón opinión que una variante a interpretar sería buscar apoyo de las Fuerzas Armadas.

Al menos, agregó Calderón, correspondería iniciar una investigación: “Si es que el Ministerio Público en casos similares ha abierto investigación o se ha calificado de esa manera en casos anteriores, creería que siguiendo esa tendencia podrían abrir una investigación”.

(Captura: Código Penal)
(Captura: Código Penal)

A juicio del también penalista Carlos Caro, solo los hechos aislados en torno a lo expresado a Montoya y Butters dejan dudas respecto de si hay algún ilícito, pues lindan más con posiciones políticas. Sin embargo, sostuvo:

Sumando todos los hechos podría abrirse una investigación preliminar contra los que resulten responsables. No solo ellos, sino hay muchísima gente, ‘stake holders’ que han ido al nivel de las redes sociales alentando la idea de que ha habido fraude o de que se requieren necesariamente nuevas elecciones. Y en algunos casos con mensajes que pueden ser violentistas. Se puede abrir una investigación preliminar en general contra los que resulten responsables por conspiración”.

Caro apuntó que no necesariamente una fiscalía penal tendría que ver el caso, sino una de prevención del delito. Para ello, indicó, tendría que citarse a quienes han emitido los distintos mensajes, aunque advirtió que en ellos puede haber también contenido político que limita con asuntos penales.

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