Elecciones 2021: ¿quiénes financian las campañas de Keiko Fujimori y Pedro Castillo?

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En el caso de Pedro Castillo de Perú Libre, todos sus aportantes están vinculados al Gobierno Regional de Junín, cuya cabeza era Vladimir Cerrón, quien fue suspendido tras la condena impuesta en su contra por el Poder Judicial.

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La Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio cruzó los nombres consignados por Perú Libre en su reporte financiero entregado a la ONPE, con la planilla de trabajadores del portal de transparencia del Gobierno Regional de Junín. Además del vicegobernador Clever Mercado –hoy a cargo de todo el ente regional– y otros cuatro directores, figuran 12 personas que en la planilla tienen el rótulo de “trabajador”. Sus aportes son la mitad o en algunos casos superan su salario mensual, pero en la misma planilla se indica que reciben “incentivos”.

También figura una proveedora que, entre el 2019 y 2021, se adjudicó S/77.000 con el gobierno regional.

En el caso de Keiko Fujimori, sus principales aportes vienen de su actual bancada de 15 congresistas. Esta es una práctica común: los legisladores donan el 10% de sus sueldos a sus respectivos partidos. Entre los demás financistas figuran dos personas vinculadas a empresas de Joaquín Ramírez, exsecretario general de Fuerza Popular (ver infografía).

Uno de ellos es César Díaz, quien se afilió a Fuerza Popular en setiembre del 2020, renunció en enero del 2021 y realizó un préstamo de uso valorizado en más de S/17.000 un mes después de su salida formal del padrón.

Bajo el radar

El financiamiento de la primera vuelta de Castillo y Fujimori no sobrepasa los S/50.000. Una cifra inferior respecto a otros procesos electorales.

Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, y Percy Medina, de IDEA Internacional, coinciden en que la reducción responde a que los partidos políticos ya no pueden gastar en publicidad en televisión y radio.

En la campaña del 2016, el gasto en televisión fue el 57,33% de todo el dinero reportado, y en radio, el 21,23%. “Estos eran los elementos más importantes de gasto y ahora no depende del partido. Además, hemos tenido una campaña con poca actividad presencial, sin mítines. Si combinas estos dos factores, tiene más sentido que el reporte sea menor”, indicó Lanegra.

Medina añadió que se ha incrementado el control en relación al gasto y las acciones de los financistas, tanto por las últimas normas dadas por el Congreso, como por las investigaciones fiscales. “Esto no quiere decir que los gastos reportados sean gastos reales. Se estima que existe un costo de campaña que no se llega a declarar y pasa fuera de los radares. Asesorías, expertos en márketing que no se pagan en el país, se pagan por debajo de la mesa o por terceros. Hay cuentas verificables, pero hay gastos que pasan por debajo del radar”, dijo.

Otros gastos que pasan por debajo del radar son los pagos a espacios de comunicación en regiones. En la presente primera vuelta se vio cómo un candidato al Congreso le entregaba un billete a un conductor al finalizar una entrevista. “Varios espacios están alquilados, y ese alquiler aumenta en programas políticos durante la campaña porque son una fuente de ingreso”, añadió.

Lanegra recordó que gran parte del financiamiento ilegal que se ha descubierto en los últimos años no fue declarado ante la ONPE.

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