Sin justicia no hay paz social ni posibilidad de desarrollo, por Gladys Echaíz

Nuestro país atraviesa momentos difíciles. La incertidumbre, el desconcierto y la desazón son las emociones que acompañan a los ciudadanos no solo por el COVID-19 que se propala vertiginosamente, sino porque la vida, la integridad física y la propiedad son amenazadas cotidianamente por el incremento de la delincuencia sin que los gobernantes adopten políticas criminales viables, para dar respuestas a este fenómeno que causa tanta zozobra en la población.

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La paz y la convivencia pacífica se han convertido así en el más grande anhelo de la población. Sin embargo, el Sistema de Justicia, llamado a proporcionarla, no logra dar una respuesta satisfactoria generando por el contrario desconfianza debido a su lentitud, mala calidad y actos de corrupción de algunos de sus operadores.

Siendo la recta y oportuna justicia determinante para combatir la delincuencia, así como la corrupción es ineludible que tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público, no solo se declaren independientes, imparciales u objetivos y correctos, sino que sus integrantes actúen como tales para recuperar la confianza perdida y la legitimidad de sus decisiones.

Los comportamientos inadecuados de algunos jueces y fiscales han puesto en tela de juicio la garantía funcional de independencia; y las evidencias de corrupción de algunos otros han terminado por debilitar a la autoridad y al sistema. Por ello, conscientes de que la politización y la corrupción socaban el principio de legalidad, urge revisar las normas que regulan la conducta de jueces y fiscales para sancionar dichos comportamientos, así como las normas penales y administrativas para que la pena de inhabilitación por actos de esta naturaleza no sean temporales. A ello nos comprometemos.

Adicionalmente, impulsaremos la modificación de las normas relacionadas con el ingreso a la carrera, creando al efecto la Escuela del Sistema Judicial donde se forme, capacite, perfeccione y designe a los jueces y fiscales a fin de desterrar el tráfico de influencias.

Entendemos que no basta imponer penas para dar seguridad, orden y paz social, sino que debe propiciarse que estas cumplan su finalidad. Nos proponemos impulsar la reforma integral del Sistema Penitenciario incluyendo a los centros de internamiento de menores de edad.

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