A tres días de la elección de segunda vuelta, Fuerza Popular presentará en las próximas horas una “gran cantidad” de recursos de nulidad. ¿El objetivo? Dejar sin efecto la votación que Pedro Castillo (Perú Libre) obtuvo en algunas mesas de sufragio, en las que desde el partido de Keiko Fujimori aducen hubo irregularidades y hasta “fraude”.
Fuentes de Fuerza Popular indicaron a El Comercio que la personera legal Milagros Takayama viene coordinando con letrados que pertenecen al fujimorismo, pero también con los llamados “abogados democráticos o independientes”. Estos últimos realizan, desde el lunes, un barrido a las actas ya procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en la búsqueda de errores materiales.
Precisamente, el secretario general del fujimorismo, Luis Galarreta, hizo una referencia a estos “abogados democráticos” en una entrevista que brindó esta mañana a RPP Noticias, donde negó que los bufetes los estén asesorando.
“No, no, nosotros lo que tenemos, desde que empezó la segunda vuelta, [es] lo que se llamó la campaña de las mil campañas, ha habido mucha gente voluntaria que cree en este lado, no en el fujimorismo, que cree en la libertad y democracia. Hay abogados de manera individual que también están mandado sus opiniones”, refirió.
Galarreta, quien también es candidato de Fuerza Popular a la primera vicepresidencia de la República, remarcó que “no hay ninguna persona contratada” ni tampoco estudios.
“He estudiado Derecho en la Universidad de San Martín de Porres, y conozco a miles de abogados, hay abogados democráticos que quieren sumarse, hay mucha voluntad”, manifestó.
Otras fuentes de Fuerza Popular indicaron que hay dos estrategias en paralelo. La primera tiene relación con las actas observadas, darle seguimiento en los Jurados Electorales Especiales, principalmente en Lima, Piura, La Libertad, Callao y Loreto, donde Fujimori Higuchi obtuvo, de acuerdo al conteo rápido de Ipsos Perú, mayor respaldo.
Y la otra se centra en el barrido que estos “abogados independientes” realizan de las actas de Cajamarca, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Arequipa, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna, donde Castillo logró una alta votación, principalmente en las localidades donde el fujimorismo no tuvo personeros en la jornada del último domingo.
MIRA: Votos impugnados, actas observadas y conteo de votos: ¿Cómo hacerles seguimiento?
La estrategia para la nulidad
El Comercio tuvo acceso a un audio, donde se escucha a uno de estos abogados referir que han revisado, por ejemplo, las mesas de votación en los distritos Andabamba y Acobamba, en Huancavelica. Ahí, agrega, han encontrado que las firmas de los miembros de mesa fueron presuntamente suplantadas por personeros de Perú Libre.
“No puedes impugnar un voto, los votos ya no existen, ya fueron destruidos, lo que impugnas es el acta de la mesa. Entonces, si tiene un vicio de nulidad te tiras abajo la mesa entera sin importar quién haya votado de buena fe o mala fe”, manifestó.
En el audio, el abogado, cuya identidad aún no se conoce, cuestiona la “irresponsabilidad” de Fuerza Popular de no haber cubierto con suficientes personeros las zonas donde Castillo tenía mayor apoyo, porque “dejaron que les metan” el 90% de los votos en contra. “Hay muchas actas donde aparece cero votos para Keiko Fujimori”, acota.
Una fuente cercana a estos letrados señaló que la grabación es real, pero evitó identificar a la persona.
La misma fuente remarcó que si bien estos abogados trabajan en estudios, no es un tema institucional. “Se han cuidado mucho”, expresó.
Otras fuentes de El Comercio señalaron que uno de estos abogados sería Alan García Nores, hijo del fallecido expresidente Alan García.
Fuentes del Comando de Campaña de Fuerza Popular rechazaron que García Nores haya tenido algún contacto con ellos. “No tiene ninguna responsabilidad en este tema, imaginamos que como muchos peruanos que está legítimamente preocupado, está haciendo cálculos y evaluación [de las actas], no tiene nada que ver con la organización”, remarcaron.
Este Diario intentó comunicarse con García Nores, a través de un mensaje a su correo laboral y personal, pero no respondió.
El escrutinio es “irreversible”
El secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Iván Lanegra, explicó a El Comercio que el artículo 363 de la Ley Orgánica de Elecciones establece cuatro causas para la nulidad de la votación realizada en las mesas de sufragio. De estas, solo una se realiza con posterioridad a la jornada electoral. Se trata del inciso B, que refiere que “cuando haya mediado fraude, cohecho, soborno, intimidación o violencia para inclinar la votación en favor de una lista de candidatos o de determinado candidato”.
Detalló que este artículo tiene más relación con hechos externos a la mesa. Por ejemplo, que en un pueblo donde se realiza la elección “fue tomado por terroristas y fue coaccionada a votar”. “Esa no es una situación ocurrida en mesa, sino fuera”, subrayó.
Lanegra consideró que la palabra “fraude” alude a un proceso sistemático y organizado para alterar la voluntad popular. “Habría que ver qué tienen [desde Fuerza Popular] y que es lo que plantean. La Ley Orgánica de Elecciones es clara, y señala que el escrutinio es irrevisable. Hay que evaluar qué hechos externos a la mesa presentan y cuál sería su argumentación”, complementó.
El abogado Alejandro Rospigliosi, ex secretario técnico del Voto Informado del JNE, señaló que la ley permite interponer solicitudes de nulidad, pero remarcó que es una “práctica inadecuada” desde lo moral.
“Sí, se puede hacer, me parece una práctica inadecuada, pero siempre se ha dado, buscas un detalle para tirarte abajo una mesa. ¿Qué pasa si en una mesa solo debían votar 100 personas, pero en la suma del acta hay 102? Esa acta puede ser nula. Este ya es un juego en los tribunales electorales, que no me parece correcto, pero la ley así lo permite”, expresó a este Diario.
El plazo para presentar recursos de nulidad, en base al artículo 363 de la Ley Orgánica de Elecciones, vence este miércoles.
Revisión no puede ser dentro de estudios
Lanegra recordó que el artículo 31 de la nueva Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos prohíbe a las agrupaciones recibir aportes monetarios o en bienes o servicios de “personas jurídicas con fines de lucro, nacionales o extranjeras”. Es decir, los estudios de abogado como tal no pueden asesorar a Fuerza Popular en sus solicitudes de nulidad.
“Si usan el local del estudio de abogado, ahí sí es un aporte en especies, sospecho que no lo están haciendo en un estudio, quizás en algún local del partido o en sus casas. Y si hay algún indicio de que una persona jurídica está usando sus bienes o locales como aporte para un partido, ahí sí la ONPE podría pedir información”, manifestó.
El abogado Rafael Chanjan, coordinador del Proyecto Anticorrupción del IDEHPUCP, señaló que los aportes individuales en dinero y servicios sí están permitidos, pero, subrayó que estos deben ser transparentados. “Tienen que ser debidamente registrados por parte de la organización política”, complementó.
Chanjan indicó que la ONPE, de tener indicios, debe investigar si hubo o no una orden superior en los estudios de abogados para revisar las actas y preparar los pedidos de nulidad, si se usaron o no las instalaciones, los equipos y los correos electrónicos institucionales para coordinar servicios legales a favor de determinada organización política.
“Evidentemente, yo creo que como ha hecho anteriormente la ONPE podría pedir información a las personas concretas que han prestados servicios jurídicos, consultar si fue voluntario y autónomo. Y estas personas tendrán la obligación de responder con veracidad, porque, de lo contrario, podrían incurrir el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo o falsedad genérica”, dijo.
La norma establece que solo Takayama, personera legal de Fuerza Popular, y los personeros acreditados ante cada JEE pueden presentar las solicitudes de nulidad. Para ingresar cada documento se debe pagar S/1.100.
Desde Fuerza Popular, evitaron adelantar el número total de solicitudes de nulidad que interpondrán en las próximas horas con la asesoría de los “abogados democráticos”, pero sí señalaron que serán en “gran cantidad”.
Fuentes del partido naranja precisaron que declararán los nombres y el valor del servicio voluntario que cada letrado brindó en estos últimos días.
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Chanjan detalló que el Código Penal sanciona con hasta 8 años de prisión a los responsables de la organización política que reciban un aporte anónimo de empresas privadas por un valor superior a dos UIT, ya sea en dinero o en servicios.
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