Benedicto Jiménez fue a clínica por una cirugía ambulatoria y terminó en UCI: familia denuncia mala praxis

Su abogada, Nikitina Rosario Hidalgo Robles, presentó una demanda contra la clínica por un presunto atentado contra la integridad física del paciente y exigió el cese de la vulneración de su derecho a la vida, ya que Jiménez se encuentra actualmente en estado delicado. “Todo indica que se le practicó un procedimiento médico sin seguir los protocolos requeridos y, además, los médicos no tendrían la especialidad necesaria para realizar dicha intervención”, se señala en el expediente del caso.

El caso

Benedicto Jiménez, exmiembro del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), acudió a la clínica el 12 de julio, para someterse a una cirugía de cambio de desfibrilador cardioversor implantable (el dispositivo metálico ubicado en su corazón). “El procedimiento no habría cumplido con el protocolo necesario y no habría sido realizado por médicos especializados en cardiología, lo que habría puesto en grave riesgo la vida del paciente, quien ahora permanece en la unidad de cuidados intensivos con un pronóstico presuntamente reservado”, sostuvo la defensa.

En entrevista con El Comercio, la abogada Nikitina Hidalgo afirmó que Jiménez ingresó a la clínica en buen estado de salud, únicamente para el cambio de batería del dispositivo. “Benedicto tenía implantado, a la altura del corazón y debajo de la piel, este aparato que previene infartos, ya que padece una condición cardíaca. La batería tiene una duración aproximada de ocho años, dependiendo del organismo, y luego debe ser reemplazada. Ingresó para ese cambio, pero después los médicos nos informaron que ocurrió una eventualidad y tuvieron que intubarlo”, advirtió.

“El señor está en UCI. Nos indigna porque solo fue a realizarse el cambio de batería, y ahora nos informan que su pronóstico es reservado. Nadie nos explica claramente lo que pasó. Él ingresó a las siete de la mañana del 12 de julio para una cirugía ambulatoria que debía concluir por la tarde. Sus familiares lo esperaban, pero un médico les informó que terminó en la unidad de cuidados intensivos”, añadió la abogada.

La especialista advierte que los médicos no brindaron información certera sobre el estado de Jiménez. “Deberían resolver el error que han cometido, pero hasta ahora no dan mayores explicaciones. Por eso estamos exigiendo el cese de la transgresión de sus derechos fundamentales a la vida. No es posible que lo hayan intubado sin más. Solo lo tienen intubado, pero no le brindan ningún tipo de tratamiento. La historia clínica parece un informe fabricado, no nos han entregado ningún documento firmado por un médico especialista”, enfatizó.

“Ahora hemos presentado una denuncia penal ante la PNP por el delito contra el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones”, afirmó la abogada.

El 21 de julio, diez días después de que todo comenzó, El Comercio volvió a conversar con la abogada, quien informó que Jiménez ya no está intubado. Sin embargo, su estado sigue siendo delicado y aún no recibe un tratamiento idóneo.

Análisis

En una entrevista con El Comercio, la especialista en derecho al consumidor y asesoría legal estratégica en derechos de salud con enfoque en salud, Claudia Espinoza, sostuvo que es importante conocer si hubo consentimiento informado de por medio. “Ese sería un documento clave para determinar o eximir de responsabilidad a la clínica. Si no se ha informado adecuadamente, estaríamos hablando de una infracción. También se pudo haber vulnerado el derecho a recibir información sobre las precauciones o advertencias relacionadas con la intervención quirúrgica”, señaló.

“Del mismo modo, se pudo haber vulnerado el derecho a ser atendido por un médico debidamente especializado. Pueden existir varias vías para encontrar una sanción. Desde el ámbito administrativo, se puede interponer un reclamo o denuncia ante Susalud, en este caso presentando un reclamo ante el área de plataforma de atención al ciudadano. Además, el paciente podría presentar una demanda de indemnización o una denuncia ante el Colegio Médico del Perú”, agregó.

La especialista concluyó que los establecimientos de salud deben contar con la categoría correspondiente para realizar intervenciones quirúrgicas. “Algunos centros solo tienen la categoría para brindar atención general, pero no para cirugías porque no están acreditados”, enfatizó.

Sobre las sanciones administrativas que podrían aplicarse, el especialista en derecho del consumidor, Juan Ñahue, explicó que cuando se comprueba que una clínica incumplió sus obligaciones y ello afectó la vida o la salud del paciente, Susalud puede imponer diversas sanciones. Estas incluyen amonestaciones, multas de hasta 500 UIT, suspensión o revocación de la autorización de funcionamiento, restricción de uno o más servicios de salud hasta por seis meses, o incluso el cierre temporal o definitivo del establecimiento.

Ante la sospecha de que la historia clínica ha sido “fabricada” y no existen documentos firmados por especialistas, el experto señaló que el primer paso es solicitar una copia completa de la historia clínica. “Si se detectan irregularidades, como omisión de información, falta de firmas, tachaduras o alteraciones, la familia debe presentar una denuncia ante Susalud”, indicó.

“La familia tiene a su disposición varios mecanismos para resolver conflictos relacionados con la atención en salud, incluyendo la conciliación y el arbitraje, los cuales pueden gestionarse a través de Susalud. Además, pueden optar por presentar una demanda civil por responsabilidad extracontractual, solicitando una indemnización. Los informes y resoluciones emitidos por Susalud pueden ser utilizados como prueba en procesos judiciales”, concluyó.

Descargos

La clínica Stella Maris informó que Jiménez ha pasado de la Unidad de Cuidados Intensivos a la Unidad de Cuidados Intermedios. El Comercio se comunicó con el centro médico para obtener más información y su versión de los hechos, pero no se obtuvo respuesta.

Luego de la publicación del informe, la clínica compartió un comunicado a este diario señalando lo siguiente: “No se ajusta a los hechos. El paciente se encuentra en proceso de recuperación favorable y no ingresó a nuestra institución para una atención ambulatoria. Se han cumplido todos los protocolos médicos establecidos y existe consentimiento informado sobre los actos y procedimientos médicos realizados, los mismos que han sido ejecutados por profesionales experimentados y con la especialidad correspondiente”.

Documento de la abogada

Benedicto Jiménez es un agente de la Policía en situación de retiro, conocido por haber sido miembro del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) y uno de los artífices de la captura del cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. Recientemente, fue ascendido al grado de coronel de la Policía Nacional del Perú (PNP) por la presidenta Dina Boluarte, en reconocimiento a las “acciones meritorias que van más allá del cumplimiento del deber durante los años 1990, 1991, 1992 y 1993”.

Es necesario señalar que Benedicto Jiménez fue acusado de tener vínculos con la organización liderada por el abogado Rodolfo Orellana. Por este motivo, la fiscalía solicitó una pena de 26 años y 8 meses de prisión en su contra.

Dicha presunta organización criminal se dedicaba al saneamiento y apoderamiento ilícito de bienes inmuebles. Jiménez cumplió 18 meses de prisión preventiva en el penal Ancón I en 2014, pero posteriormente se le dictó arresto domiciliario debido a su estado de salud.