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Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
A tres días de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, hay figuras que tienen una pesada mochila, siendo condenados por delitos penales de homicidio, secuestro y corrupción, y por cuyos casos tuvieron que pagar años en prisión, reparaciones civiles y servicios comunitarios.
Ever Rojas Caja, quien encabeza la lista del Partido Demócrata Verde como candidato a la alcaldía distrital de Santa Rosa, tiene una sentencia por homicidio.
Candidato Ever Rojas Caja por el Partido Verde a San Rosa registra una sentencia por homicidio.
El expediente judicial recae en el N.° 00012-2009-0-1504-JM-PE-01. Y la condena quedó firme el 24 de mayo de 2016, siendo dictada por el Juzgado Penal de Concepción en Junín.
A pesar de que la organización política liderada por Alex Gonzales no presentó la resolución judicial de rehabilitación correspondiente, el postulante logró superar la observación del Jurado Electoral Especial tras declarar que la pena suspendida impuesta por el delito ya fue cumplida y que no mantiene deudas pendientes por reparación civil.
Rojas Caja fue militante de Perú Libre hasta el 2024 y no registra información sobre experiencia laboral ni declara ingresos. Pero no es el único condenado en su lista, también lleva a un sentenciado por tráfico ilícito de drogas, Jorge Luis Escobedo Zamudio, quien purgó 13 años en prisión.
Otro candidato sentenciado es Ramón Córdova Arge, quien postula a la alcaldía de Lurín por el partido Progresemos. Córdova registra una sentencia por secuestro emitida por la Segunda Sala Penal de Junín el 22 de diciembre de 1999, dentro del expediente judicial 98-254. La pena consignada fue privativa de libertad efectiva y el registro señala que fue cumplida. En el 2020, Ramón Córdova fue gerente de servicios comunales de la Municipalidad distrital de Lurín.
El JNE exige declarar la relación de sentencias condenatorias firmes por delitos dolosos, incluidas las sentencias con reserva de fallo condenatorio. De hecho, omitir esa información puede generar la exclusión de la candidatura. Este Diario revisó que 34 candidatos a alcaldías distritales de Lima tienen sentencias penales declaradas. En algunos expedientes aparece una sola condena; en otros, dos o más. También hay candidatos que acumulan sentencias penales y civiles.
Candidatos a distritos de Lima norte y el Centro
En el distrito de San Martín de Porres (SMP), Luis Cárdenas Sánchez, candidato de Somos Perú –y quien en redes sociales se ha mostrado como un crítico de aquellos candidatos que registran denuncias– cuenta con dos sentencias en el fuero civil y de familia.
La primera sentencia se le dictó por un caso de alimentos (Expediente N.° 867-2002-0-0904-JP-FC-01), declarada fundada a favor de la señora Zoila Álvarez León por el 2° Juzgado de Paz Letrado de Condevilla. La segunda sentencia que pesa en su contra es por tenencia familiar (Expediente N.° 164-2003-0-0904-JM-FC-01), resuelta por el 2° Juzgado Civil del Módulo Básico de Justicia de Condevilla.
En El Rímac, Jerico Mosquera Torres, del Frente de la Esperanza, registra cuatro sentencias penales y diez civiles. Las condenas se dieron por delitos de obligaciones alimentarias, obligaciones contractuales, lesiones, delitos contra el patrimonio y violencia familiar.
Luis Cárdenas, candidato por Somos Perú a SMP registra dos sentencias (Foto: Facebook Lucho Cárdenas)
El segundo candidato del Rímac es Enrique Armando Peramás Díaz, de Avanza País. Su registro consigna una sentencia penal por el delito de complicidad dictada en el 2004 bajo la modalidad de prisión suspendida.
En Carabayllo, Juan Ladislao Espinoza Ortiz, de Alianza para el Progreso, registra dos sentencias penales y nueve civiles. Entre las materias que figuran en su información judicial están: obligaciones alimentarias, omisión de asistencia familiar, obligaciones contractuales y violencia familiar.
En Comas, Javier Sósimo Carrasco Condori, del Partido de los Trabajadores y Emprendedores-PTE Perú, tiene una sentencia penal y dos civiles. Su registro comprende obligaciones alimentarias y un delito contra el patrimonio. En el mismo distrito aparece Nicolás Octavio Kusunoki Fuero, con una sentencia penal consignada por el delito de responsabilidad funcional por otorgamiento ilegal de derechos. Fue sentenciado a tres años de cárcel.
Juan Ladislao Espinoza Ortiz tiene una condenas civiles y penales. Las últimas son por violencia, omisión de asistencia familiar y otros delitos.
Otro candidato a la alcaldía de ese distrito –y quien ya fue alcalde entre 2019 y 2022–, Raúl Díaz Pérez (Avanza País), registra una sentencia en materia de alimentos. Según la información declarada en la Plataforma Electoral del JNE, el expediente N.° 18-2021-0-3301-JP-FC-04 corresponde al Juzgado de Paz Letrado de Ancón-Santa Rosa y la demanda le estableció una obligación económica de S/2.500.
El candidato Raúl Pérez Díaz de Avanza País registra una sentencia en materia de familia/alimentaria.
En Los Olivos, Fernando Lurjo Sudario Céspedes, de Fe en el Perú, tiene una sentencia firme por un delito contra la salud pública y purgó dos años de pena privativa de la libertad. El expediente es el 147-1997-0-0901-JR-P-11 y la sentencia quedó firme el 1 de enero de 2003. La pena fue privativa de libertad suspendida y el registro señala que fue cumplida. Además, consta una resolución de rehabilitación del 30 de abril de 2009.
En Ancón hay varios casos. Lauro Cristóbal Muñoz Soldevilla, de Fuerza Popular, registra dos sentencias penales: una por conducción en estado de ebriedad y otra por un delito contra el patrimonio.
Mientras que Pablo César Ramos Ocaña, de Renovación Popular, registra una sentencia penal y una civil relacionadas con obligaciones alimentarias y omisión de asistencia familiar.
También en Ancón aparece Víctor Hernán Medina Zúñiga, de Progresemos. Su candidatura figura en tachas y su hoja registra una sentencia por violencia contra la autoridad o funcionario público. El expediente consignado es el 4751-03, del 35 Juzgado Penal de Lima; la sentencia corresponde al 7 de julio de 2005, con pena privativa de libertad efectiva ya cumplida.
En Santa Rosa, además del caso de Rojas Caja, aparece Óscar Alex Dolorier Mori, de Renovación Popular, con tres sentencias civiles. Dos por temas contractuales y una de índole laboral. También fue sentenciado en materia penal por el delito de usurpación en el 2018 y por el delito contra el patrimonio en el 2005.
Lima este: sentencidos por falsedad, abuso a la autoridad y proxenetismo
En Ate, la revisión identifica tres candidatos con antecedentes penales. Manuel Vidal Camargo –padre del actual alcalde Franco Vidal–, de Avanza País, registra una sentencia por proxenetismo en el 2007, delito por el que pagó tres años de pena privativa de la libertad.
Mientras que otro candidato a Ate, Jaime Bruno Valeriano Codina, del Partido Aprista Peruano, registra una sentencia por lesiones por la que purgó cuatro años en prisión.
Carlos Daniel Cuya Ponce, de País para Todos, tiene una sentencia penal y una civil: la primera por apropiación ilícita por la que purgó tres años. Mientras que la segunda sentencia se dio por violencia familiar y dictó medidas de protección familiar en su contra.
En Santa Anita, Eduardo Rimachi Martínez, de Avanza País, registra dos sentencias penales: lesiones y delito contra el patrimonio.
En la lista al distrito de El Agustino, el candidato Agustín Rojas Guzmán, de Juntos por el Perú, aparece con una sentencia penal y otra civil. Fue condenado por obligaciones alimentarias y falsificación y fe pública.
Mientras que en La Molina, María-Pía Paz de la Barra Freigeiro –hermana del exalcalde Álvaro Paz de la Barra– quien es candidata por el partido Fe en el Perú, registra una sentencia penal por abuso de autoridad y desobediencia.
Candidata por el partido Fe en el Perú, María Pía Paz de la Barra registra una sentencia por abuso de autoridad. (Foto: Facebook)
En San Juan de Lurigancho, Miguel Oswaldo Huacre Méndez, del Partido País para Todos, registra una sentencia penal relacionada con corrupción y administración pública. Walter Jacobo Gutiérrez Vaisman, de Fe en el Perú, tiene una sentencia penal y siete civiles. Entre las materias que aparecen en su registro están obligaciones alimentarias, obligaciones contractuales, delitos contra el honor, obligaciones laborales y violencia familiar.
También figura Juan Valentín Navarro Jiménez, de Alianza para el Progreso, aunque en su caso la sentencia consignada es civil y está relacionada con obligaciones laborales. Americo Zegarra Acuña, de Renovación Popular, registra dos sentencias civiles por obligaciones alimentarias.
Lima sur: condenados y aspirantes
En San Juan de Miraflores, Anatoly Renán Bedriñana Córdova, de Fuerza Popular, registra una sentencia penal por un delito contra el patrimonio.
En ese mismo distrito, Andy Alan Vilca Huamán, candidato de Visión Perú, tiene una sentencia por falsificación y fe pública.
A ellos se suma Christian Marco Gutiérrez Guzmán, del Partido Político Popular. Su expediente 7022-2021 registra una sentencia firme del 8 de julio de 2021, emitida por el Juzgado Trébol de San Juan de Miraflores, por agresión. La pena fue una multa, bajo la modalidad de reserva de fallo, y figura como cumplida.
En Villa María del Triunfo, Juan José Castillo Ángeles, de Obras, registra una sentencia penal por corrupción y administración pública.
En Villa El Salvador, Marcelino Huamán Cano, de Alianza para el Progreso, registra dos sentencias penales y una civil. Las materias penales corresponden a obligaciones contractuales y falsificación y fe pública.
En Punta Negra, Guillermo Eduardo Saco Vértiz Schwarz, de Progresemos, registra una sentencia penal por abuso de autoridad y desobediencia. En Punta Hermosa, Richard Manuel Pereira Núñez, de Un Camino Diferente, aparece con cinco sentencias civiles por obligaciones contractuales. En Pucusana, Pedro Pablo Florián Huari registra una sentencia penal por abuso de autoridad y desobediencia.
En el distrito de Barranco, Felipe Antonio Mezarina Tong, de Somos Perú, registra una sentencia penal por lesiones y una sentencia civil por obligaciones contractuales.
Mientras que en Surquillo, José Luis Huamani Gonzales, de Avanza País, registra una sentencia penal por delito contra el patrimonio. Mientras que Sandra Liz Gutiérrez Cuba, de Somos Perú, aparece con tres sentencias civiles por obligaciones laborales.
En Chorrillos, Roberto Carlos Pizarro López, de Renovación Popular, registra una sentencia penal por obligaciones alimentarias y una civil por violencia familiar.
San Miguel, Magdalena y La Victoria
En La Victoria, María Teresa Rosas García, del Frente de la Esperanza 2021, registra una sentencia penal relacionada con corrupción y administración pública. En el mismo distrito aparece Mesías Máximo Gonzales Sánchez, de Podemos Perú, con una sentencia penal por abuso de autoridad y desobediencia y sentencias civiles por obligaciones contractuales.
También en La Victoria figura Alberto Fernando Moreno Mejía, de Somos Perú, pero en su caso la sentencia consignada es de naturaleza civil y está vinculada a obligaciones contractuales.
En Magdalena del Mar, José Rafael Haro Zolezzi, de Podemos Perú, registra una sentencia por conducción en estado de ebriedad. Mientras que Carla Robbiano Montes de Allison, candidata de Avanza País y esposa del actual alcalde y candidato a la Municipalidad de Lima, Francis Allison, registra una sentencia penal bajo la categoría de “otros delitos”. El caso se dio por omitir declarar un monto de dinero en Estados Unidos. Como sanción se dio un fallo de cuatro días de detención y el pago de una multa, dispuesta por el United States District Southern District of Florida bajo el expediente 1:09-20965-CR-MORENO-1. La pena se encuentra en condición de cumplida.
En ese mismo distrito aparece Raúl Madueño Ortiz, del Partido Popular Cristiano, aunque su registro corresponde a tres sentencias civiles por obligaciones contractuales.
En San Miguel, Michael Alberto Paredes Torres, del Partido del Buen Gobierno, registra una sentencia firme del 30 de abril de 2019 por lesiones dolosas y culposas. El caso corresponde al expediente 393-2017, del 25 Juzgado Penal de Reos Libres. La pena fue una jornada de servicio comunitario y figura como cumplida.
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