Selva peruana: ¿cuál es el plan para preservar su territorio? Selva peruana: ¿cuál es el plan para preservar su territorio?

Selva peruana: ¿cuál es el plan para preservar su territorio?

Redacción ContentLab
Viernes 25 de septiembre del 2020

El 60.3% del territorio peruano es Amazonía, un espacio donde predomina la cultura y los saberes milenarios, pero, al mismo tiempo, una zona constantemente amenazada. La expansión de la agricultura intensiva, la deforestación, las concesiones mineras y el aumento de hidroeléctricas, entre otras amenazas, ponen en riesgo al bosque tropical más grande del mundo, según el Informe “Amazonía Viva”, del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).

¿Cómo ayudar a preservar y conservar estos territorios? Esta pregunta se hizo en 2013 la directora del programa Biodiversidad y Pueblos indígenas, Silvana Valdovinos, y su equipo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). Tras un proyecto piloto en Madre de Dios, la capital de la biodiversidad en el Perú, llegaron a una conclusión: no se puede hablar de preservación o conservación de territorios sin incluir a los pueblos indígenas.

“Para ellos, el territorio es inseparable. No existen sin sus territorios. Allí están sus costumbres, su conocimiento y su forma de vida. No se puede desligar”, explica Valdovinos. De los 55 pueblos indígenas que existen en el país, 51 están en la Amazonía. Sin embargo, a enero de 2020, de las 2268 comunidades nativas que existen en el Perú, el 61% no tienen título de propiedad o no pueden inscribirse en registros públicos, según la Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural.

El proyecto “Titulación de los Territorios Indígenas del Perú”, de la SPDA, tiene como objetivo revertir esta situación. Desde su implementación en 2017 ha contribuido a fortalecer la seguridad jurídica de casi tres millones de hectáreas de territorios. Gracias al trabajo coordinado entre las instituciones del gobierno, los gobiernos regionales y las organizaciones indígenas, se han beneficiado 72 comunidades nativas de Loreto, y tres de Madre de Dios.

Parte del trabajo es empoderar a los principales representantes de los pueblos indígenas para que apalanquen iniciativas que fortalezcan sus comunidades, logren seguridad jurídica sobre sus territorios, resuelvan conflictos intercomunales (de haberlos) y ayuden a preservar y conservar sus territorios, donde se encuentra el 80% de la biodiversidad terrestre existente en el planeta.

UN PASO HACIA LA PROTECCIÓN TERRITORIAL
Después de siglos de abandono, el actual gobierno de Martín Vizcarra reconoció que existe una deuda histórica en la titulación de territorios indígenas y se comprometió a cerrar la brecha de titulación de las comunidades nativas al año 2021, año del bicentenario de la independencia del país.

Ante un reto tan grande como ese, Silvana Valdovinos prefiere no poner fechas límites. Sin embargo, señala que, más valioso que llegar a una meta, es el proceso. “Un título por sí solo no va a resolver nada. No asegurará, por ejemplo, que no invadan sus territorios, pero por lo menos es un paso más hacia una consolidación y mayores niveles de protección”, explica.

Son 680 las comunidades nacionales que no tienen definidos sus territorios. Falta de personal y recursos limitados para continuar titulando, autoridades inconformes con los planes de titulación, escasa información oficial de los procesos, informalidad, desorden, postergación y desentendimiento son algunos de los problemas que han obstaculizado los avances.

Ahora, con los procesos de titulación, se buscan resultados beneficiosos para las comunidades. Como parte de estos esfuerzos, realizar estrategias de comunicación entre los distintos niveles de gobierno, las ONG y los pueblos indígenas facilita la generación de relaciones de confianza.

Además —debido a que sin normas y leyes no se puede salvaguardar los derechos colectivos de los pueblos indígenas— el equipo legal de la SPDA ha contribuido a diseñar, impulsar y poner en marcha normas e instrumentos que han permitido determinar competencias y reconocer la existencia de territorios indígenas y la superposición con otros derechos —forestales, mineros, agropecuarios— otorgados en el territorio.

“Si supiéramos con claridad la ubicación y el catastro de las áreas de las comunidades nativas, podría ser más fácil identificar políticas de relacionamiento antes de imponer”, explica Silvana. La especialista de la SPDA está convencida de que, al generar alianzas, los procesos pueden avanzar pese a las complicaciones y limitaciones, y el Estado puede cumplir con las funciones que le corresponden. Las comunidades indígenas, por su parte, seguirán siendo los mejores aliados en el cuidado de los bosques y la protección de los saberes ancestrales.

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