Pierina Chicoma Castro

El pasado 1 de diciembre, un hombre denunció en la comisaría del Callao el secuestro de su esposa, Juana Pinedo Pacaya, de 24 años. Dijo que los supuestos delincuentes lo llamaban desde un celular y le pedían S/5 mil para no matarla. El número de ese teléfono fue clave para conocer la verdad.

El caso fue derivado al nuevo Departamento de Geolocalización de la policía, situado en la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la avenida España. Los agentes solicitaron la ubicación de este celular a la empresa operadora. En solo una hora ya se sabía que el ‘secuestrador’ se comunicaba desde Comas. De inmediato, la policía fue al lugar y encontró a Juana Pinedo paseando con otro sujeto por Lima norte. Fue un autosecuestro.

Aunque singular, ese fue el primer caso que se resolvió gracias a la Ley de Geolocalización, una de las herramientas para combatir la delincuencia y el crimen organizado que el Ejecutivo promulgó el 27 de julio del año pasado. El objetivo es localizar el teléfono (también laptops, iPad y otros aparatos de comunicación) desde donde provienen las llamadas extorsivas y, en el mejor de los casos, atrapar a los hampones.

Del 1 de diciembre al 1 de febrero, el departamento ha recibido 45 denuncias en Lima y Callao por diferentes delitos, 34 de ellas por extorsiones.

“Todas fueron geolocalizadas con éxito”, afirmó el general PNP José Luis Lavalle, jefe de la Dirincri. Aunque se desconoce la cifra exacta, el oficial precisó que en varios casos se logró detener a los delincuentes. Incluso, uno de ellos llamaba desde el penal de Lurigancho.

CÓMO PROCEDE UNA DENUNCIA

Para que la unidad policial pida la ubicación de los teléfonos a Movistar, Claro, Entel y Bitel, las acusaciones hechas por las víctimas en la comisaría deben cumplir tres requisitos: que se trate de un delito flagrante, que el delito se sancione con penas mayores a cuatro años de cárcel (como sicariato, homicidio, robo agravado, secuestro o extorsión) y que el acceso a los datos constituya un medio necesario para la investigación, explica el jefe de asesores del gabinete del Ministerio del Interior (Mininter), Jaime Reyes.

La comisaría remitirá el caso al Departamento de Geolocalización de la Dirincri (que pide los datos a la empresa operadora) y, al mismo tiempo, se comunicará con el Ministerio Público y el Poder Judicial para que, en máximo 24 horas, se emita la convalidación.

“En cuestión de una hora, la empresa de telefonía nos indica por correo electrónico cuál es la antena desde donde recibe señales del aparato que buscamos. Nos da la zona con un área de 500 metros de diámetro y nosotros tenemos un sistema que acorta ese espacio para localizar a los delincuentes”, indica el general Lavalle.

El Departamento de Geolocalización funciona todo el día y está formado por 50 oficiales y suboficiales divididos en dos turnos. Son los únicos que tienen acceso a solicitar información. De usarla de forma irregular, los agentes serán sancionados con su pase al retiro, advirtió el jefe de esa unidad, coronel PNP José Salvatierra.

Los oficiales y el representante del Mininter señalaron que este sistema se utiliza también en países como Ecuador, Brasil y Colombia. “Queremos recuperar la confianza de la población con nuestro trabajo”, agregó Reyes. 

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