21 regidores de Lima enfrentan pedido de vacancia por aprobar traslado millonario de trenes donados por Caltrain

Se trata de una vacancia formulada en contra de Renzo Andrés Reggiardo Barreto, Fabiola María Morales Castillo, José Manuel Tisoc Lindley, María del Rosario Payet Bedoya, Guillermo Humberto Valdivieso Méndez, María José Marcet Yarrow, Efraín Aguilar Pardavé, Deborah Carmen Inga Zapata, doña Ahura Hires Rocha Salazar de Trujillo, Giuliana Calambrogio Correa de Balmaceda, Miguel Miguel Ciccia Ciccia, Mirta Aide Mondragon Guevara, Leo Miguel de Paz Lancho, Jeanette Evangelina Alonzo Contreras, Luis Sigfredo Milla Soto, doña Celmira Zaldaña Sevallos, Juver Elías Valentín Zúñiga, Lida Esperanza Valdivieso Solís, Luzi Margarita Toro de Jiménez, Carlos Gustavo Eduardo Ballón Lavagna, y Juan Raúl Cavero Aybar, regidores del Concejo Provincial de Lima, departamento de Lima

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El sustento legal de la solicitud se basa en los artículos 22 inciso 9, 63 y 11 de la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N.° 27972), que prohíben expresamente a los regidores intervenir en contrataciones administrativas o ejercer funciones ejecutivas. El caso se vincula con el Acuerdo de Concejo N.° 419 del 13 de noviembre de 2024, mediante el cual se autorizó la adquisición de material ferroviario valorizado en más de 24 millones de dólares, bajo una figura de donación que, según el denunciante, constituye una compra irregular encubierta.

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“Los regidores metropolitanos mediante Acuerdo de Concejo N° 419 de fecha 13 de noviembre de 2024, aprobaron una contratación directa con la empresa Operadora Península Corridor Joint Power Board–Caltrain para la adquisición 20 locomotoras EMD F40PH-2, 93 vagones galería y repuestos, por US$6 millones 502.915, los cuales fueron fabricados entre los años 1985 y 1987”, explicó el denunciante en un documento.

Hinostroza sostiene que los regidores actuaron fuera del marco de sus competencias, dado que la normativa vigente establece que las contrataciones directas solo pueden ser autorizadas mediante resolución del alcalde, previa presentación de informes técnicos, no a través de un acuerdo de concejo.

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“Los señores regidores no cuentan con facultades para aprobar contrataciones directas. Ello le corresponde exclusivamente al alcalde, previo informe de las áreas administrativas que lo justifiquen, quien deberá rendir cuentas ante el concejo municipal y cuyos miembros deberán ejercer su función fiscalizadora. Esto conforme lo prescribe la Ley N° 31433, publicada el 6 de marzo de 2022, que modificó la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado (en adelante, LCE), la cual establece que las contrataciones directas se aprueban por medio de resolución del titular de la entidad, quedando sujetas a rendición de cuentas ante el concejo municipal”, fundamenta el denunciante en su pedido de vacancia.

El 31 de marzo, pocos días después del ingreso de la solicitud, el JNE emitió el Auto N.° 1 mediante el cual acogió el pedido y ordenó su traslado al Concejo Metropolitano de Lima, para que convoque una sesión extraordinaria y resuelva la solicitud conforme al procedimiento establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades.

Dicho auto también estableció que el concejo debe respetar rigurosamente los plazos legales: convocar a sesión en un máximo de cinco días hábiles y resolver la vacancia en un plazo de treinta días hábiles, garantizando además el derecho de defensa de los regidores señalados.

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El 22 de mayo, Hinostroza comunicó a través de sus redes sociales que el traslado ya había sido efectuado, por lo que solo queda esperar el cumplimiento de los plazos establecidos por el JNE para conocer el desenlace del procedimiento.

“Antes, para poder hacer una compra directa la sesión del concejo tenía que votar. En este caso, es el titular de la entidad —el alcalde— es quien debe hacer la compra y luego rendir cuentas. Parece que los regidores se han olvidado de la norma y ellos han hecho la votación implicando los gastos millonarios que han realizado. Prácticamente se ha desnaturalizado la donación con una compra directa”, explicó a El Comercio Hinostroza, quien también es abogado.

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El 13 de abril, a través del diario oficial El Peruano, se publicó el Acuerdo de Concejo N.° 107-2025-MML, donde se detalla la aceptación formal por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima de la donación del material ferroviario proveniente de la operadora estadounidense Caltrain.

Según el documento, se aprueba la donación de 93 vagones galería o coches de cabina y su remolque, además de 20 locomotoras EMD F40PH-2 y todos los repuestos disponibles que serán otorgados por la operadora Peninsula Corridor Joint Powers Board – Caltrain. Se trata de unidades fabricadas entre 1985 y 1987, actualmente fuera de uso en Estados Unidos, pero consideradas reutilizables bajo ciertos parámetros técnicos para el sistema de transporte urbano limeño.

El acuerdo también autoriza la ejecución de gestiones administrativas complementarias, como la remoción, el transporte e internamiento del material, lo que supone un gasto significativo para la Municipalidad de Lima. Aunque la donación en sí no tiene costo, los gastos logísticos e implementación suman aproximadamente 24.5 millones de dólares: 7.5 millones por la aceptación de la donación del material ferroviario y otros 17 millones por concepto de remoción de piezas y traslado, según información del municipio.

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La aprobación fue otorgada por mayoría del Concejo Metropolitano de Lima, lo que ha generado críticas respecto a la legalidad del procedimiento. La normativa exige que la aceptación de donaciones con consecuencias presupuestales o contractuales siga un proceso técnico y jurídico que inicia desde el alcalde como titular de la entidad. Además, la magnitud del gasto público y el estado técnico de los trenes han motivado cuestionamientos sobre la transparencia y pertinencia de la operación.

Cabe destacar que la resolución detalla que en noviembre del año pasado se autorizó que el alcalde suscribiera la documentación necesaria para gestionar la donación. Por tanto, aunque el 13 de abril se oficializó la aceptación de los bienes, el primer paso ocurrió meses antes, con el Acuerdo N.° 419.

“AUTORIZAR al Alcalde Metropolitano de Lima, para suscribir la documentación necesaria para la gestión de: donación de hasta 93 vagones galería / coches con cabina y remolque, hasta 20 locomotoras EMD F40PH-2 y todos los repuestos disponibles, manuales e inventario relacionado para los vagones y locomotoras de galería, por parte de la Operadora Peninsula Corridor Joint Power Board - CALTRAIN a favor de la Municipalidad Metropolitana de Lima, conforme a los términos descritos en el anexo, que forma parte integrante del presente acuerdo”, se lee en el documento publicado en noviembre.

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La regidora Deborah Inga declaró a El Comercio que no se ha autorizado ninguna contratación directa para el traslado de la donación de los trenes. “No entiendo cuáles podrían ser los intereses oscuros que tiene el señor Hinostroza al presentar esta solicitud. Lo concreto es que nosotros no hemos autorizado ninguna contratación directa para el traslado de la donación de los trenes a la MML. El Concejo Municipal ha autorizado a la municipalidad hacer las gestiones necesarias para concretar este objetivo. En ese sentido, nosotros continuamos trabajando para mejorar las condiciones de vida y la transitabilidad de los vecinos de Lima”, dijo.

En noviembre de 2024, el alcalde Rafael López Aliaga anunció públicamente la donación de los trenes por parte de Caltrain. Señaló que estos serían incorporados a la futura ruta Lima-Chosica y circularán por las vías del Ferrocarril Central. Sin embargo, fue duramente criticado por tratarse de unidades con cerca de 40 años de antigüedad, además del millonario desembolso de 24 millones de dólares requerido para hacer efectiva su llegada y adecuación.

De acuerdo con una investigación del medio independiente La Encerrona, el senador estadounidense Dave Cortese declaró que Caltrain solicitó al Estado elevar el impuesto a las ventas para financiar el reemplazo de su flota de trenes por unidades eléctricas, en un esfuerzo por reducir la contaminación en California.

“Caltrain anunció que los antiguos trenes no iban a ser retirados, sino que iban a ser enviados a Perú para seguir operando, lo que significa que las partículas contaminantes irán al mismo aire que todos respiramos, solo que desde otro lugar”, declaró para el medio.

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En cuanto a la evaluación técnica, la Municipalidad de Lima contrató a la empresa Rail Electrical Services LLC, que el 14 de marzo de 2025 emitió un informe de revisión de las locomotoras y vagones. Según el reporte, el valor comercial del conjunto donado asciende a US $224 ’829,615.15.

Sin embargo, La Encerrona también alertó sobre inconsistencias: la empresa consultora responsable del informe no estaría ubicada en las direcciones registradas en los documentos, y su fundador sería un electricista vinculado a Caltrain, lo que ha generado dudas sobre la fiabilidad del análisis técnico que respalda la operación.

Mónica Yaya Luyo, expresidenta del Tribunal de Contrataciones del Estado – OSCE (OECE), indicó a El Comercio que sospecha que el alcalde de Lima habría simulado la existencia de una donación, encubriendo lo que en realidad es una compra que, como tal, debió ser sometida a una Licitación Pública y no convertirse en una millonaria compra “a dedo”.

“En mi opinión, estamos ante un típico caso de una compra simulada: en el Anexo 01 del acuerdo adoptado por los regidores se hace referencia al compromiso que asumiría el Estado Peruano de pagar como contraprestación económica 7.5 millones de dólares como costo de 20 locomotoras y 93 vagones, adicionales a los 17 millones de dólares por el traslado y los repuestos. Además, la simulación se da también en los mismos bienes objeto de la transacción, pues, conforme se desprende del acuerdo, la Municipalidad Metropolitana de Lima ni siquiera sabe si los vagones a ser entregados son idóneos o no para su remodelación”, dijo.

Explicó que si la Municipalidad de Lima desconoce el real estado de los vagones, se debe conocer cuáles serían los criterios técnicos que han estimado el costo de dichos bienes por 7.5 millones de dólares.

“Concuerdo con lo que manifiesta el denunciante en el sentido de que los regidores no tienen competencia para decidir una compra directa, pero tengamos en cuenta que los regidores no han aprobado literalmente la contratación directa, sino que han autorizado al alcalde a realizar las gestiones necesarias para que se concrete ‘una donación’”, declaró a este Diario.

“Será necesario investigar si fueron sorprendidos por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, en cuyo caso deberán declarar su vacancia; o si participaron también del encubrimiento de la compra, o peor aún, de una compra directa, a dedo, interviniendo ilegalmente, por ejemplo, en la elaboración de los informes sustentatorios y ampliatorios, tales como el Informe N° D001272-2024-MML-OGAJ del 11 de noviembre del 2024, en el que se intenta hacer pasar la compra como una ‘donación con cargo’. Si este fuera el caso, efectivamente, habrían incurrido en causal de vacancia”, concluyó la experta.