El 30% de las licencias para armas son para defensa personal

En noviembre del 2014, una encuesta de El Comercio reveló que el 85% de limeños rechaza que quienes maten a un delincuente en defensa propia sean condenados. Sin embargo, el mismo sondeo demostró que solo el 58% aprueba que los civiles porten armas de fuego para defenderse. La discusión se mantiene.

AMANTES DE LAS ARMAS
“El Estado no es capaz de protegernos de la inseguridad, así que tenemos dos opciones cuando los delincuentes nos atacan: nos dejamos o nos defendemos”, afirma Rodrigo López Landauro, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Responsables de Armas, y quien desde hace 20 años carga  una pistola para sentirse más seguro.

Así como López Landauro, los representantes de los usuarios de armas de fuego –unos 250 mil personas tienen licencia según la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec)– dicen que portando un arma hacen valer el derecho a la legítima defensa reconocido en el numeral 23 del  artículo 2 de la Constitución, que es un supuesto de exención de responsabilidad penal. Según el Código Penal, una defensa califica de legítima cuando se da: (i) ante una agresión ilegítima; (ii) la agresión no ha sido provocada por quien se defiende y (iii) a través de un medio razonable ante la intensidad y peligrocidad de la agresión . 

Los usuarios de armas reconocen estas restricciones y aseguran que hacen un uso responsable de las mismas. “Nosotros estamos capacitados para portar un arma. ”, afirma Thomas Saldías, de la Asociación de Propietarios Legales de Armas de Fuego.

EN CONTRA DE LA VIOLENCIA
Para la directora del Instituto de Seguridad y Derechos Humanos (ISDH), Ana María Watson, las únicas armas que deben usar los civiles son la educación y la prevención. 
En lo que sí coincide Watson con los usuarios de armas de fuego es que el Estado no está cumpliendo su rol de protección a los ciudadanos. “Pero tampoco podemos andar todos armados y que la ciudad sea tierra de nadie. Urgen medidas preventivas y no punitivas”, continúa.

Ratificar el Tratado de Comercio de Armas es uno de los pasos que están pendientes para fiscalizar el aumento de armas legales que luego terminan en el mercado negro, asegura Watson. Las cifras respaldan esta teoría: solo en el 2013 la policía registró que el 31% de las armas de fuego incautadas tenían licencia. El 74% de ellas fueron obtenidas, en teoría, para defensa personal.

“La gente tiene derecho a usar un arma para defenderse, pero esto solo genera más violencia”, opina César Bazán, especialista en seguridad del IDL. 

El uso de las armas de fuego, afirma, debería estar limitado a personas que corren un riesgo justificado, como cambistas o empresarios de construcción civil que son extorsionados.