Inteligencia policial para frenar extorsiones en el transporte: un desafío pendiente de la ATU y PNP

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Carlos Bonilla, vocero de la ATU, indicó a El Comercio que ayer la presidenta de la entidad, Marybel Vidal se reunió con el director de Investigación Criminal, el general PNP Marco Conde, y sus equipos técnicos, para coordinar estrategias de seguridad en las principales rutas de transporte público con el fin de combatir las extorsiones. En la mesa de trabajo también estuvieron presentes diversos representantes del gremio de transportes y el jefe de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones (Divise) de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), el coronel PNP Jorge Luis Carpio.

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“El 100% de estos agresores son básicamente conductores que realizan transporte informal. A estos normalmente se los conoce como colectiveros. Cuando nosotros los intervenimos y verificamos que no tienen la autorización respectiva, la ordenanza establece que le tiene que infraccionar con el pago de 4 UIT y como medida accesoria, el vehículo se va al depósito. Como es una acción fuerte, agreden al personal”, indicó el vocero de la ATU Carlos Bonilla.

Relató que la actitud de los colectiveros frente a los fiscalizadores de la ATU usualmente es a la defensiva por lo mismo que en su mayoría no cuentan con documentos, revisión técnica, seguro contra accidentes, brevete y más requisitos que sin ellos ponen en riesgo a los pasajeros.

“Cuando nosotros realizamos operativos de alto impacto en Lima y Callao, a nosotros nos siguen las mafias [de transporte informal]. En la Av. Arequipa hemos denunciado la presencia de mafias [de cobro de cupos] porque los autos se desplazan con stickers”, dijo Bonilla.

El personal de la ATU cuenta con implementos de seguridad como cascos, botas de seguridad, coderas, uniformes con cintas auto reflectivas, varas luminosas, entre otros con el fin de prevenir algún atentado de gravedad. No obstante, a pesar de ello en ocasiones también son víctimas de atropellos por parte de malos conductores.

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Actualmente la ATU cuenta con un convenio con la Policía Nacional del Perú (PNP) para recibir apoyo durante sus operativos; sin embargo, este nuevo vínculo establecido directamente con los jefes de investigación criminal ayudará a determinar con exactitud qué tipo de bandas de delincuentes o cuáles están atentando en contra de diversas empresas de transporte público urbano. Cabe resaltar que Carlos Bonilla declaró que hasta el momento ningún fiscalizador ha sido extorsionado ni amenazado de muerte por alguna agrupación delictiva.

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El coronel PNP Jorge Luis Carpio, jefe de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones (Divise), declaró a El Comercio que una de las principales acciones dirigidas hacia la población en general será una campaña de sensibilización sobre las extorsiones. Con ella podrán conocer las diversas modalidades y medidas de seguridad con la finalidad que eviten caer a las redes criminales. Esta se ejecutaría en los paraderos y lugares de concentración de diversas empresas de transporte.

“Hubo una conversación específica con algunos dirigentes de las empresas con la finalidad de que presenten sus denuncias. Para nosotros es valioso eso porque vamos a obtener bastante información que conllevará a la ubicación, identificación y captura de estos delincuentes”, aseveró el oficial policial.

El jefe de la Divise resaltó que a inicios de este año una ciudadana denunció que venía siendo víctima de una banda de extorsionadores. Su acción dio pie a una extensa investigación policial que resultó con la desarticulación de la organización criminal conocida como ‘Los malditos de San Genaro’, dedicada al cobro de cupos a la Empresa de Transporte y Servicios San Genaro.

Al momento del allanamiento de varios inmuebles en la capital y uno en Piura, se incautó 10 celulares, 1 laptop, 23 comprobantes de banco, 1 reporte de estado de cuenta, seis memorias USB, 15 tarjetas de diversas entidades bancarias y S/15.050 en efectivo. Un total de seis personas fueron detenidas.

‘Los Trujillanos del Cono Sur’ se han dedicado a sembrar terror a más de una docena de empresas de transporte público en la capital desde el año 2020. Su especialidad: el cobro de cupos. Algunas de las agraviadas fueron identificadas por la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones de la Dirincri como: “Los Ángeles del Perú SAC”, de Villa El Salvador; “San Genaro”, “Corazón Valiente” y “Esfuerzos Unidos”, de Villa María del Triunfo y “LA 20″,”LA W”, “RUTA 41″ y “San Pedro”, de San Juan de Miraflores; entre doce empresas más a las que se les cobraba S/7 diario por vehículo.

Según la información policial, producto del temor los afectados no denunciaban. Es así que desde el año 2020, la banda criminal logró amasar capital de S/500,000.00 producto del cobro de cupos a las unidades. La banda llegó a atentar contra las empresas realizando disparos, colocando granadas de guerra y cartuchos de dinamita en las cocheras.

Cuando lograron controlar a las grandes flotas de transporte, expandieron sus tentáculos hasta los comerciantes. Una ferretería, por temor a las represalias, llegó a pagar hasta S/21,000.00 intentando detener las extorsiones que recibían. Luego de un trabajo de inteligencia, oficiales de la Divise desarticularon la banda. José Carlos Rodríguez Fernández, Feddy Eduardo Mayaute Canales, Joe Eugenio Pineda Ordóñez y Julio Luis Mendoza Arias, fueron capturados el 11 de julio pasado cerca de una cafetería.

“Con una sola denuncia, diariamente acumulamos una serie de indicios, evidencias. Realizamos un trabajo de campo que es propio de nuestra especialidad. Con ello hemos desarticulado a dos bandas importantes que operaban en el cono sur y ha bajado la incidencia en ese sector. Ahora están en el cono norte, pero con la coordinación que se ha hecho [con la ATU y los gremios] vamos a esperar que denuncien para recabar la mayor cantidad de elementos de convicción que serán una fuente muy importante para identificar a estos delincuentes”, enfatizó el coronel PNP Jorge Luis Carpio.

Las extorsiones bajo la modalidad de cobro de cupos a transportistas urbanos fue identificada a inicios de la década del 2000 en el norte del país, exactamente en Trujillo. Con el pasar del tiempo el mal se extendió a Chiclayo, Tumbes y Piura. Una vez que los delincuentes lograron controlar a los vehículos, dieron el salto hacia los pequeños y medianos negocios con acciones violentas como el sicariato como último recurso, según un estudio realizado por la organización CHS Alternativo.

El fenómeno ha penetrado todo el país y las modalidades extorsivas han evolucionado a nivel estratégico y de violencia. El estudio “Las economías criminales y su impacto en el Perú”, precisó que en el año 2013 se aprobó la Ley 30077, Ley Contra el Crimen Organizado, que hasta hace un tiempo fue de gran utilidad para combatir la modalidad delictiva. No obstante, según el exministro del Interior Rubén Vargas, una reciente ley aprobada por el Congreso de la República pone en riesgo la lucha contra ese delito.

En comunicación con este Diario, precisó que la Ley N°32108, aprobada por el Congreso de la República, ha excluido a las extorsiones, secuestros, entre otros delitos que no generan cadena de valor, poniendo en riesgo la lucha contra el crimen organizado. Es decir, se investigaría como un delito común. “El tipo penal ha sido distorsionado el tipo penal de crimen organizado y ahora se ha excluido a todos esos delitos que no generan cadena de valor”, dijo.

Nota: Una cadena de valor criminal es una red de acciones criminales interconectadas que una organización emplea para dominar un mercado ilegal en específico o una economía para obtener un beneficio económico.