Augurios de una Lima militarizada, por Sandra Belaunde

San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores y Comas, junto a la región Callao, piden que las Fuerzas Armadas se encarguen de combatir la delincuencia en sus jurisprudencias.

Es comprensible la frustración de los alcaldes y vecinos, y la elevadísima sensibilidad ciudadana frente al terror y la impotencia que nos producen cada bujiazo, asalto, extorsión y asesinato. Sin embargo, hay que tener cuidado con las consecuencias de la solución que están pidiendo.

Declarar estos distritos en estado de emergencia por seguridad y que sean las Fuerzas Armadas las que se hagan cargo del orden interno es inviable, pero, por un ejercicio periodístico, veamos qué pasaría en Lima y el país si el presidente Humala, en acuerdo con su Consejo de Ministros, declara en emergencia estas zonas de Lima donde viven cerca de tres millones de personas.

Lo primero en suceder sería decirle adiós a la policía. Con ello mandamos un claro mensaje que dice: “La delincuencia le ganó la guerra”. Nos olvidamos de que, como explica la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es fundamental una separación entre la policía, a cargo de la seguridad interna, y las Fuerzas Armadas, a cargo de la defensa nacional. Olvidamos, además, que es justamente la inteligencia policial el ente idóneo para combatir el crimen organizado, como sucedió cuando el GEIN capturó a Abimael Guzmán. Ni pensar en trabajar con recolección de data, identificación de zonas rojas y patrones del crimen.

Segundo, si le decimos adiós a la policía, nos olvidamos por completo del serenazgo. Las autoridades municipales pierden total control sobre la seguridad en sus distritos. Si bien la función de los serenos es ser un elemento disuasivo porque no tienen la autoridad para detener a un sospechoso, en los distritos con mayor tasa de victimización hay menos agentes. Y viceversa.

Tercero, dejamos de lado que, como ha explicado el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, las Fuerzas Armadas no están entrenadas ni preparadas para combatir la delincuencia. Lo están para acabar con el enemigo disparándole. Según la CIDH, la intervención de militares en el orden interno viene acompañada por violaciones de derechos humanos en contextos violentos.

Cuarto, los derechos relativos a la libertad y seguridad personales de los vecinos y visitantes de esos distritos y del Callao quedan restringidos. Los derechos de los mismos vecinos que hoy, desesperados por la inseguridad en sus distritos, piden el estado de emergencia. Su frustración y preocupación es perfectamente entendible. Su alternativa, quizás, parte de la desinformación.

Quinto, la imagen del Perú que habría en el exterior sería la de un país que dejó la democracia por el militarismo. Un país cuya capital es tomada por las Fuerzas Armadas y donde las instituciones como el Ministerio del Interior, Ministerio Público y Poder Judicial no cumplieron su cometido.