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Cristina Fernández

La Municipalidad de suspendió hasta nuevo aviso y sin dar explicaciones la subasta de 105,08 m2 de terreno que fueron invadidos en el acantilado de la Costa Verde durante la construcción del edificio Aquamarina, en el 2007.

La cuestionada venta, que tenía el precio base de US$262.700, estaba programada para las 5 p.m. de ayer, tal como denunció El Comercio el último jueves.

Según la convocatoria de la subasta pública N° 1, las bases estuvieron en venta del 6 al 17 de junio a S/60. La modalidad consistía en la presentación de ofertas en sobre cerrado con mejoramiento a viva voz.

Cuatro moradores, entre ellos el dirigente vecinal Javier Alvarado, acudieron al palacio municipal antes de la hora programada para ser testigos de la subasta. Lograron entrar, pero personal edilicio no les permitió ingresar al ambiente donde se haría la subasta.

En los exteriores, varios vecinos a quienes el personal de seguridad de la comuna no les permitió el ingreso protestaron por el hermetismo del acto. Cerca de las 6 p.m. los dirigentes salieron del municipio con la idea de que la subasta se había concretado.

“Queremos que por la seguridad de todos esa parte del edificio sea derrumbada. Pero si finalmente el área es vendida a la empresa que la construyó, que esta pague un precio justo, el cual superaría los US$4 millones”, precisó el morador Enrique Delucchi.

Casi dos horas después, en un comunicado, la municipalidad informó que el acto fue suspendido y que el comité de subasta pública comunicará en los próximos días la nueva programación de venta de bases.

“Si el municipio subasta el terreno invadido, impugnaremos el proceso. Desde su aprobación en concejo, es un acto inconstitucional porque pretende ir por encima de la ordenanza que declara intangibles los acantilados de la Costa Verde”, dijo el dirigente Javier Alvarado.

Según fuentes del municipio, el único postor que se presentó a la subasta pública de ayer fue la empresa El Ancla Group, constructora del edificio Aquamarina.

El abogado Lino de la Barrera dijo a El Comercio: “La municipalidad no debería continuar con la subasta. Primero tendría que realizar una correcta tasación del área”. Añadió que una subasta es pública porque cualquier persona puede comprar las bases y presentarse. Sin embargo, al acto en sí solo pueden ingresar los postores. ¿Pero a quién le puede interesar un terreno que ya está construido?”, preguntó.

Los vecinos de Barranco interpusieron dos denuncias y una acción popular contra la municipalidad.

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