Estudios prueban que hay altas concentraciones de plomo en aire y suelo en el Callao: (Foto: Dante Piaggio)
Estudios prueban que hay altas concentraciones de plomo en aire y suelo en el Callao: (Foto: Dante Piaggio)
Oscar Paz Campuzano

Ventanilla, distrito del , amaneció el 6 de setiembre con una larga fila de hombres, mujeres y niños agarrados de la mano, algunos cubriéndose el rostro con mascarillas de tela y levantando carteles que decían: “El plomo afecta a nuestros hijos”.

Entre los manifestantes reclamaba Marleny Martínez, una piurana que se mudó hace más de diez años a Casuarinas, un asentamiento humano del distrito de Mi Perú. A este se llega luego de atravesar un empinado camino de tierra con hileras de casas prefabricadas, unas más precarias que otras. El aire de este asentamiento, de Virgen de Guadalupe, de Sagrado Corazón de Jesús y de la zona E está contaminado por plomo, según los estudios ambientales hechos del 2011 a la fecha.

El hijo menor de Marleny, de 8 años, fue uno de los 497 niños examinados en el 2016 para saber qué cantidad de este metal pesado había en su sangre. El diagnóstico la preocupó: él era parte del 22% de menores con entre 10 y 20 microgramos de plomo en cada decilitro de sangre (μg/dl). Según la Organización Mundial de la Salud, esa concentración de metal tóxico en el cuerpo de un niño puede alterar el desarrollo del cerebro. En intoxicaciones extremas (superiores a 45 μg/dl), el plomo puede causar coma, convulsiones e incluso la muerte.

—Emergencia ambiental—
La protesta del 6 de setiembre se hizo frente al parque industrial de este distrito del Callao, donde funcionan 71 empresas, 19 dedicadas a la fabricación de sustancias químicas y a la fundición del plomo obtenido de baterías usadas de autos.

Además de vecinos protestando, el día de la marcha hubo autoridades de Ventanilla. Esta municipalidad pidió al Ministerio del Ambiente que declare en emergencia ambiental el parque industrial y los cuatro asentamientos adyacentes. La solicitud se hizo primero el 31 de agosto, en un documento remitido a la ministra Elsa Galarza. Según el reglamento de la Ley 28804, la declaración implicaría elaborar un plan de acción de corto plazo y una propuesta para remediar definitivamente el problema.

La norma señala que los costos de remediación los asumirían “principalmente los agentes causantes de la contaminación”. Sin embargo, ninguna empresa ha sido responsabilizada directamente del problema.

“Esta declaratoria es viable, pues desde el 2006 hay un marco legal que lo permite cuando el daño es significativo y necesita medidas urgentes”, dice la asesora legal de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Carol Mora. Como ejemplo, pone la declaración de emergencia ambiental en el 2016 de cuatro ríos de la provincia de Hualgayoc (Cajamarca), afectados por pasivos mineros. “En febrero, el Ministerio de Energía y Minas asumió compromisos financieros para la remediación”, comenta Mora.

Según informó el ministerio a El Comercio, el sector tiene plazo hasta el 27 de setiembre para pronunciarse. En el mismo comunicado señaló que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) lidera un grupo técnico especial para el tema.

—Cambio de zonificación—
Esta no es la única solicitud que Ventanilla ha hecho para detener los daños. En marzo del 2016, pidió a la Municipalidad Provincial del Callao que cambie los usos del suelo del parque industrial en cuestión. De este modo, Ventanilla buscaba prohibir que se desarrollen actividades ligadas a la fabricación de sustancias químicas y a la fundición de metales no ferrosos, hierro y acero. El Callao no ha respondido esta solicitud.

“Debería buscarse un acuerdo con las empresas, porque para evitar que sigan operando no es tan sencillo como cambiar el uso del suelo.

Las fábricas podrían plantear una acción de amparo al vulnerarse sus derechos adquiridos”, opina el presidente del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo, Henry Carhuatocto. Para este especialista, es clave declarar la emergencia e impedir la operación de las empresas que incumplen la norma. Sulfatos de Cobre es una planta de productos químicos que opera hace más de cincuenta años en Ventanilla. Segundo Fernández, gerente de la empresa, está en contra de la eventual prohibición.

“La sobrepoblación informal ha hecho que la zona industrial quede en medio de la ciudad. Nuestras emisiones gaseosas están controladas. Somos fiscalizados y no tenemos ninguna infracción”, dice. Este año, el OEFA cerró los hornos de tres fundiciones: Metalexacto S.R.L., Rabanal Service y Matrix Technology. No abrirán hasta que implementen mecanismos para monitorear sus emisiones y saber así si exceden los límites establecidos en la legislación y en la guía internacional del Banco Mundial.

Keyla Quispe, del OEFA, señala que es muy difícil probar qué empresas son responsables del pasivo ambiental. “Durante años, unas 10 fundiciones operaron sin control y es difícil establecer responsabilidades hacia atrás. De estas, cinco plantas ya no funcionan, tres fueron cerradas y el horno de la empresa Sol del Perú Alloys está paralizado. La única que opera es la Fábrica Nacional de Acumuladores ETNA. Esta fue evaluada y sus emisiones no han superado los límites referenciales”, detalla.

Estudios de la Dirección Regional de Salud del Callao determinaron que entre el 2011 y el 2016 las concentraciones de plomo en el aire superaron el estándar de calidad ambiental: 0,5 microgramos de plomo por cada metro cúbico de aire (μg/m3). En setiembre del 2016 se detectaron 0,78 μg/m3. Además, del 3 al 21 de marzo del 2017, el OEFA estudió el suelo y detectó excesos de plomo en algunos puntos de la zona industrial (238% más de lo permitido) y de los asentamientos (219%).

Según las evaluaciones de este año, la cifra de niños con plomo bajó. El jefe del Centro de Salud de Mi Perú, Jhony Puerta, explica que “los tratamientos con calcio y la difusión de prácticas saludables dieron resultado”.

El hijo de Marleny Martínez es uno de los niños que mejoraron con el tratamiento. Hay, sin embargo, un grupo de 22 menores diagnosticados con plomo en el 2016 que aún tienen concentraciones peligrosas de este tóxico metal circulando por sus venas.

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