El noticiero 24 horas presentó testimonios de vecinos que aseguran que la dupla aparece en las noches a bordo de una motocicleta. “Un sol diario y a la semana siete. Entonces, todo es extorsión“, declaró una señora sobre el monto que reciben. "Como tenemos junta vecinal, hemos puesto una denuncia”, agregó.

El Comercio visitó las urbanizaciones Virgen del Rosario y Las Brisas. Al menos 14 casas presentan los mencionados stickers.

Los vecinos, quienes prefirieron no identificarse, describieron que visten chalecos de seguridad, usan silbatos y cachiporras.

Además, mencionaron que los sujetos circulan por la zona solo en dos momentos de la noche, por lo que consideran que no brindan un servicio de seguridad habitual ni eficiente. “Vienen a las 10 aproximadamente y luego regresan a la 1 [de la madrugada]. En verdad, no dan seguridad. Yo no les acepté y por eso prefería colocar cámaras”, declaró una vecina.

Sin embargo, los residentes aseguraron a este Diario que los dos sujetos no han amenazado ni tomado represalias contras las familias que han rechazado su servicio.

“Tierra de nadie”

Los vecinos entrevistados aseguran que los robos al paso son el pan de cada día en las urbanizaciones Virgen del Rosario, Las Brisas y La Floresta.

La violencia ha escalado a niveles que no han dejado a salvo ni a los policías. El martes 8 de abril, dos delincuentes robaron una camioneta Hilux a un policía, según narraron los moradores a El Comercio. “Le metieron un cachazo al policía y le abrieron la cabeza. Todavía se ve la sangre en el piso”, declaró un vecino señalando huellas de sangre en una vereda.

“Recién con la noticia de los stickers hemos visto serenos por estas calles. Antes no se aparecerían”, manifestó una joven.

Frank Casas, experto en seguridad y crimen organizado, explicó a El Comercio que la colocación de stickers en casas de San Martín de Porres responde a indicios de una modalidad de extorsión. Casas resaltó que el servicio ofrecido es una oferta no solicitada por los vecinos para garantizar una supuesta paz. Además, está asociada a la exigencia de un pago paulatino.

“Quieren aprovechar un entorno de ausencia de vigilancia de las autoridades para poder lucrar. La evidencia que se conoce indica que no buscan protagonismo ni establecer un entorno criminal en la zona, sino obtener ganancias con poco esfuerzo. Un negocio delictivo sofisticado no sería rentable con los montos que han mencionado los vecinos”, expresó.

Al respecto, Casas considera que no existe una organización criminal detrás de este caso, sino un grupo de personas o una banda criminal precaria. “Esto hace al delito más desorganizado y, por lo tanto, más complicado de investigar por la Policía Nacional”, resaltó.

En consecuencia, el experto no descarta que se trate de un negocio informal de seguridad en esta zona de San Martín de Porres. No obstante, advirtió que, de ocurrir hechos violentos u hostigamiento a los vecinos, podría confirmarse que este hecho es obra de extorsionadores.

“Podría tratarse de un plan piloto de extorsión en Lima norte que puede replicarse en otras zonas de la capital”, refirió.

En setiembre del año pasado, El Comercio advirtió que vecinos de los condominios Villa Las Flores, en la zona de Huanchaco, denunciaron haber sufrido un atentado contra sus vidas, luego de que un grupo de delincuentes a bordo de una moto hiciera explosionar un artefacto en el pórtico que sirve de ingreso a dicha área urbana.

¿La razón? Represalias e intimidación para que cada familia que allí vive pague el dinero que se les exige: 50 soles diarios. Hablamos de un cobro de cupos descarado y delante de las autoridades. Uno de los afectados señaló que la inseguridad ha llegado a tal extremo que ahora se les cobra a las personas por vivir dentro de sus casas.

“Debemos pagar para vivir. No tenemos negocios ni empresas, no hay un rubro económico. No tenemos plata ¿Qué nos pueden sacar? Nada, absolutamente nada”, expresó. Cabe decir que como parte del accionar de estos grupos delictivos, cada cierto tiempo aparecen mensajes en papel en los alrededores de los condominios, en donde los delincuentes describen sus condiciones. Se detectó además que a las casas que efectúan el pago se les coloca en la puerta una calcomanía propia de la agrupación criminal.

Nicolás Zevallos, director del Instituto de Criminología, indicó a El Comercio que esta modalidad extorsiva tiene como fachada el supuesto ofrecimiento de “garantizar tu seguridad”, así como una cierta “exclusividad”, es decir, que ninguna otra banda te podrá exigir que le pagues algo. En ese sentido, precisó que esta problemática tiene que ver con la lógica de control y expansión territorial. Lo que se observa, explicó, son organizaciones que van a tener proyección local, inmediata y cercana, tratando de extraer la mayor cantidad de dinero de los lugares que controlan.

“Si tienes una comunidad, un barrio, un distrito o una localidad que tiene muy poca protección y vigilancia, es una buena oportunidad para que un delincuente te toque la puerta de tu casa y te diga que le pagues a cambio de darte seguridad. Es parte de esa expansión y justamente se da lo que se temía, que ya no le ocurre solo a los negocios, sino también a las familias por el simple hecho de vivir en un barrio que está controlado por alguna banda. Se ven obligados a pagar de forma regular”, sostuvo.

Algo que grafica esta situación y que se viene reportando es que cuando a un vecino se le ocurre ampliar su casa, construyendo un segundo piso por ejemplo, las organizaciones se acercan y le informan que tiene que pagar un derecho por realizar dicho trabajo, de lo contrario, le harán la vida imposible e impedirán que continúe con la obra.

Respecto a la conformación de estas bandas organizadas, Zevallos dijo que hay varias posibilidades. Si bien se ha reportado la presencia de extranjeros llevando a cabo dichas actividades ilícitas, pues algunos grupos están articulados a estructuras tipo el Tren de Aragua y otros, algunas bandas simplemente utilizan el cartel simbólico de estas organizaciones trasnacionales para causar mayor temor en sus víctimas. “Al final, nadie va a corroborar si de verdad son parte o no del Tren de Aragua. Estas organizaciones tienen un peso simbólico fuerte para amedrentar a los vecinos”, comentó.

¿Por qué Trujillo? Para el experto, la respuesta es evidente: donde haya plata y posibilidades de extraer recursos este fenómeno va a estar presente. Esta premisa se debe tener en cuenta, pues las bandas van a seguir innovando, creciendo y avanzando en su afán de extorsionar y amenazar a cuanta persona sea posible para poder recibir algún tipo de beneficio económico. Por ello, algo clave para las autoridades es hacer un mapeo claro de cuáles son las organizaciones, quiénes las integran y así crear una acción concreta sobre ellos.

“¿Cómo se puede actuar sin las herramientas necesarias? Lamentablemente, la evidencia sugiere que los estados de emergencia no han tenido efecto. No es indispensable para poner en marcha medidas que impliquen inteligencia policial, investigación criminal, una labor estrecha entre la policía y la fiscalía. ¿Qué tan útil puede ser un estado de emergencia si finalmente los sujetos que están siendo investigados no pueden ser detenidos si hay flagrancia?”, agregó Zevallos.

Por otro lado, ante la consulta de si este escenario en Trujillo puede repetirse en otras ciudades del Perú, el criminólogo acotó que sí, y recordó que los stickers pegados en taxis y unidades de transporte público que se ha visto hace poco en Lima, en realidad nació en Trujillo hace 20 años. Por lo tanto, esta ciudad termina siendo un espacio donde los delincuentes “ensayan” distintas modalidades de extorsión y luego estas se van replicando en el resto del país, en ciudades de estructuras parecidas.