La compra de los 2.108 patrulleros coreanos Ssangyong, por las que el Estado pagó US$82 millones, y que la semana pasada causó un enfrentamiento entre el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, y el contralor general, Edgar Alarcón, habría sido direccionada desde el principio.
Un informe emitido esta noche por Cuarto Poder, dio cuenta de que la adquisición, bajo la modalidad de gobierno a gobierno, se remonta a agosto del 2014 cuando la División de Emergencia PNP elaboró un informe detallando los problemas de mantenimiento que registraban las camionetas Hyundai Santa Fe. El jefe de Logística sugirió “que los vehículos a ser comprados debían fabricados para patrullaje urbano y rural, lo cual ahorraría en desgaste de máquina y horas hombre”.
Un mes después, ya dentro del proceso de compra, el entonces ministro del Interior, Daniel Urresti, le envió un oficio a quien era el ministro de Relaciones Exteriores, Gonzalo Gutiérrez, en que le pide se envíe con preferencia a la embajada del Perú en Corea, “el documento que contiene las especificaciones técnicas de los patrulleros inteligentes y el equipamiento que deben estar provistos”. Es decir, al país del cual procedían las camionetas Hyundai Santa Fe cuyas deficiencias habían sido consignadas en el informe policial.
Dos semanas después, Urresti fue informado que la referida misión diplomática recibió la comunicación, y que esta cursó el requerimiento al presidente y CEO de Korea Trade Investment Promotion Agency (Kotra).
Consultado en torno a un presunto favoritismo para con la empresa Kotra, Urresti declaró a Cuarto Poder que solo formó un comité para que se determine qué características debían tener los vehículos y lo dejo instalado antes de irse. “Yo no he recibido ninguna orden superior. El presidente no ha tratado si quiera de insinuar que se compré esto o el otro No me prestaría para una ‘cutra’ de ese tipo”, declaró.
Luis Albújar, asesor del despacho viceministerial de Gestión Institucional del Ministerio del Interior señaló que así como Corea, Estados Unidos y Japón también fueron invitados a la licitación por lo cual “no hubo ventaja, ni direccionalidad en la compra”.
Según informó Cuarto Poder, cada camioneta Ssangyong costó US$17.950, la conversión de cada vehículo costó US$6.952 dólares y por el resto de accesorios se pagó US$13.981 dólares. Entonces, cada patrullero equipado terminó costando US$38.883. El gasto en equipamiento fue mayor al vehículo en sí.
POLÉMICA
Las principales observaciones de la Contraloría que esta semana prendieron la polémica se centraron en el tiempo de vida de cada camioneta, en la falta de talleres mecánicos, en la pérdida de la garantía por la conversión del vehículo, en la seguridad que estas ofrecen a los policías y si estas camionetas ssangyong eran las más apropiadas para nuestra accidentada geografía.