Miraflores: Denuncias vecinales destapan una ruta informal y riesgosa a las playas de la Costa Verde

Ante los reportes de vecinos que alertaron en redes sociales sobre la presencia de estos triciclos, y que advertían que se estaba lucrando a costa de la seguridad de las personas, el alcalde de Miraflores, Carlos Canales Anchorena, informó durante una sesión extraordinaria del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana que estos vehículos no cuentan con autorización y ponen en riesgo la vida de los pasajeros.

“Desde el 2 de febrero hemos recibido denuncias vecinales. En estos triciclos se traslada, en promedio, hasta a nueve personas sentadas en una plataforma, como si se tratara de carga, con el objetivo de evitar la caminata hacia el circuito de playas. Debido al riesgo que esto representa para la vida, hemos alertado a nuestros serenos y ya se han iniciado las intervenciones. Además, nuestro procurador ha presentado una denuncia penal ante la Fiscalía”, señaló.

En relación con las intervenciones realizadas, el subgerente de Tránsito y Movilidad Urbana de la Municipalidad de Miraflores, Renzo Vallejo, explicó a El Comercio que, tras detectarse una alta exposición al riesgo para los usuarios, se procedió a identificar a los responsables con el fin de imponer las sanciones correspondientes.

“Con el apoyo de la Policía de Tránsito, los conductores intervenidos fueron trasladados a la comisaría para su identificación. Hasta el momento se ha intervenido a dos conductores. La primera acción se realizó el 17 de enero y la segunda, unos cinco días después, ambas en una zona utilizada como paradero informal en la avenida Reducto”, señaló.

Vallejo indicó que la vigilancia continúa, ya que a través de las cámaras de videovigilancia se ha detectado la presencia de estos vehículos no solo en la avenida Reducto, sino también en vías como Paseo de la República y Armendáriz. “Aparentemente existe comunicación entre ellos, por lo que ya están advertidos”, agregó.

El funcionario precisó que los días con mayor incidencia de estos servicios informales son los sábados y domingos. “Durante las intervenciones, ubicamos el punto donde se encuentra el vehículo, procedemos a su retención y solicitamos la presencia de un efectivo policial para identificar al conductor y trasladarlo a la comisaría”, detalló.

Según la municipalidad, la tarifa cobrada por estos traslados era de S/ 2 y en cada unidad se transportaba entre ocho y nueve personas. “Los pasajeros no dimensionan el peligro real. En caso de un choque, existe un alto riesgo de sufrir fracturas u otras lesiones graves, riesgo que se incrementa porque estas unidades trasladan casi el doble del peso para el que fueron diseñadas”, advirtió.

A ello se suma un riesgo económico, ya que la mayoría de estos vehículos no cuenta con SOAT. “Si ocurre un accidente y el otro vehículo se da a la fuga, todos los gastos recaerían en los pasajeros y el conductor, porque no se trata de un servicio formal”, explicó.

Vallejo señaló que, tras las intervenciones, y en coordinación con la Policía de Tránsito, se permitió que los conductores se retiraran con la condición de no reincidir, bajo advertencia del retiro definitivo de las unidades. No obstante, se les impuso una multa por el código de exposición al peligro, que equivale al 18 % de una UIT, es decir, S/ 990.

Finalmente, indicó que también se ha actuado por la vía penal y que los conductores intervenidos e identificados han sido denunciados ante la Fiscalía por exposición al peligro. “Serán citados para presentar sus descargos y el seguimiento del caso está a cargo de la Procuraduría. No buscamos perjudicar a ningún emprendedor, pero hay que entender que la vida está de por medio. Por favor, utilicen medios de transporte formales”, concluyó.

Sobre los riesgos que implica el uso de triciclos motorizados para transportar personas hacia las playas de la Costa Verde, el exjefe de la División de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional del Perú Franklin Barreto señaló a El Comercio que los pasajeros son ubicados como si fueran “parachoques humanos”. De ocurrir una frenada brusca, advirtió, estos saldrían proyectados hacia adelante sin ningún tipo de protección.

“Ante un impacto frontal, los pasajeros serían los más perjudicados, ya que se encuentran próximos a la zona del choque. Por ello, en cualquier colisión están altamente expuestos al peligro”, explicó.

El especialista remarcó la necesidad de reforzar la educación vial, pues muchos ciudadanos no son conscientes del riesgo que asumen al utilizar este tipo de transporte informal. “Incluso si estos vehículos contaran con placa, lo que es poco probable, estarían clasificados como motocicletas lineales y no como transporte público, por lo que no cubrirían ningún gasto en caso de un accidente”, precisó.

Añadió que estos vehículos no han sido diseñados para el traslado de personas y carecen de garantías mínimas de seguridad. “Por esa razón, tienen prohibido circular libremente y, con mayor razón, transportar pasajeros”, sostuvo.

En cuanto a las facultades para tomar acciones, indicó que, de acuerdo con la Ley N.º 31917, “Ley de Transporte Público de Personas en Vehículos Automotores Menores, categoría vehicular L5″, las municipalidades distritales cuentan con competencias para erradicar este tipo de servicios informales.

“Si un vehículo transporta personas, se trata de una actividad que el municipio puede supervisar y sancionar mediante su escala de multas. Por su parte, la Policía puede intervenir la unidad si no cumple con las condiciones técnicas ni cuenta con las autorizaciones correspondientes para circular”, concluyó.