Contraloría detectó presuntas irregularidades en empresa de UNI

La Fiscalía Supra Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima investiga a una empresa de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) luego de que la Contraloría General detectara convenios irregulares con entidades del Estado por más de S/ 245 millones.

Según informó la Contraloría, entre el 2012 y el 2015, la empresa Serviuni SAC, a través del Consorcio UNI Serviuni SAC, “habría suscrito 31 convenios específicos irregulares con gobiernos regionales y municipalidades del país, entre otras instituciones del Estado, para ejecutar proyectos de inversión pública por S/ 245 millones 400 mil  366”.

Una comisión auditora comprobó que dicho consorcio se presentaba como una institución estatal, órgano desconcentrado de la UNI, y por tanto exonerada de la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado. Sin embargo, vulneró la Ley de Contrataciones del Estado al no convocar a un proceso de selección, como estaba obligada, al ser una empresa del Estado de economía mixta, con accionariado mayoritario de la UNI.

Además, del total de los convenios suscritos por el consorcio, en 21 de ellos por S/ 83 millones 209 mil 538, Serviuni SAC contrató de manera directa a 16 empresas por S/ 79 millones 103 mil 383, para la elaboración de estudios de preinversión e inversión a nivel de expedientes técnicos y ejecución de obras civiles de arquitectura e ingeniería, supervisión, asesoría especializada e implementación.

“Los convenios señalaban que los servicios por prestarse requerían capacidad técnica y operativa, de las cuales carecía el consorcio. Por eso, este, a través de Serviuni SAC, contrataba a empresas privadas para la ejecución de los proyectos. La citada incapacidad técnica y operativa era motivo suficiente para resolver los convenios, lo cual no ocurrió”, precisó la Contraloría.

De las 16 empresas contratadas por Serviuni SAC, 7 no cumplían con los requisitos establecidos por la Ley de Contrataciones del Estado. Cuatro de ellas no tenían suficiente capacidad de contratación, una no estaba inscrita en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) y dos no cumplían con RNP en el rubro contratado.

Cabe indicar que Serviuni SAC estaba clasificada por el MEF como no operativa desde el 2010 y que por decisión propia se había declarado inoperativa en el 2013, condición que mantiene en la actualidad.

Ante estas y otras irregularidades, la comisión concluyó que habría indicios razonables de comisión de delito contra la administración pública en la modalidad de aprovechamiento indebido del cargo y negociación incompatible, previsto en el artículo 399 del Código Penal.

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