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Crimen y castigo, por Sandra Belaunde

Es fundamental saber en qué medida una sanción más severa disuade a la delincuencia

Crimen y castigo, por Sandra Belaunde

Crimen y castigo, por Sandra Belaunde

Las principales funciones que la pena privativa de libertad cumple en nuestro sistema penal son de naturaleza preventiva, protectora y resocializadora. De atrás para adelante, por función resocializadora se entiende que el criminal sea rehabilitado y se convierta en una persona que no ponga en peligro a la sociedad; por protectora, que al estar preso sea incapacitado de cometer el delito que realizaría estando libre y así la sociedad se vea protegida con él (o ella) dentro de la cárcel; y por preventiva, que la pena tenga un efecto disuasivo en potenciales criminales al momento que decidan si cometen o no el delito.

En las funciones de rehabilitación e incapacitación, Houston, tenemos problemas: los delincuentes siguen delinquiendo desde las cárceles. Incluso el Código Penal hace referencia a los efectos perniciosos de la prisión y a la potencia criminógena de esta. Las cárceles son prácticamente sedes de la criminalidad y/o escuelas de ella. Cerca del 90% de las extorsiones se realizan desde las prisiones, según data de la propia policía. A pesar de estar prohibido, se han encontrado celulares, chips y USB en los principales penales de Lima, incluso en los de máxima seguridad, o quizás de máxima corrupción. Es por ello que el ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, ha anunciado que para julio del 2016 se instalarán bloqueadores de celulares en 40 penales a nivel nacional, incluyendo en todos los centros penitenciarios de Lima. Sin embargo, estos no son garantía de nada mientras que la corrupción reine en ciertas cárceles.

Se entiende que la tipificación del delito de sicariato y el endurecimiento de la pena de 15 a 25 años –norma promulgada por el Ejecutivo a la luz de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso– busca tener un efecto disuasivo en los potenciales sicarios. A la hora de implementar políticas públicas criminales como esta, es fundamental saber en qué medida una sanción más severa disuade a la delincuencia. De hecho, el título “Crimen y castigo”, en este caso, no hace referencia a la famosa novela de Fiódor Dostoyevski, sino al (también famoso, pero en otros círculos) estudio de Gary Becker sobre el modelo económico del crimen y el efecto disuasivo de las sentencias.

En la medida en que los criminales sean indiferentes al endurecimiento de las penas, el efecto se centra solo en la incapacitación; es decir, los delincuentes ya encarcelados estarán alejados de la sociedad e imposibilitados de delinquir durante más tiempo. Sin embargo, así como se habla de población en edad de trabajar, también podría hablarse de la población en edad de delinquir –que cada vez empieza más joven–; por ello, la mayor incapacitación debería ser durante este periodo para luego no tener una extensa población geriátrica en las cárceles, la cual el Estado (con nuestros impuestos) tenga que mantener.

Por consiguiente, hay que probar el efecto disuasivo de esta legislación. Es necesario contar con cifras de criminalidad confiables y unificadas para evaluar si estas políticas logran reducirlas. Ya se ha avanzado con la unificación de las cifras de homicidios, pero todavía no con las de extorsiones y sicariato, delito que la medida pretende disminuir.

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