Declaratoria de Emergencia del Sistema Vial Metropolitano en Lima: cuáles son los cambios concretos que habrá en las calles de la capital

Se trata de la Ordenanza 2817, la cual busca reducir los accidentes en las vías y ordenar el tránsito vehicular mediante el uso de tecnología. La medida apunta a atender la situación del tránsito y la circulación en la ciudad de Lima, a través de un adecuado funcionamiento, conservación y operación de las vías metropolitanas, así como garantizar los derechos de los usuarios que dependen de estas infraestructuras para su movilidad cotidiana.

Asimismo, se busca, durante este periodo, implementar un marco normativo que permita ejecutar acciones inmediatas y coordinadas, tales como la gestión operativa del tráfico, el mantenimiento preventivo y correctivo de las vías, la limpieza pública, la disposición de residuos sólidos y el riego de áreas verdes a lo largo de las vías.

Las entidades encargadas de ejecutar estas acciones, dentro de sus competencias, son la Gerencia de Movilidad Urbana (GMU) de la MML, el Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet) y el Gobierno Regional Metropolitano de Lima. Asimismo, la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) trabajarán de manera articulada para garantizar una implementación efectiva y coordinada.

¿Qué cambios ocurrirían en las vías metropolitanas?

La Municipalidad de Lima informó a El Comercio que “la declaratoria de emergencia es una herramienta excepcional, temporal y técnica para recuperar la operatividad del Sistema Vial Metropolitano durante 180 días, priorizando control, fiscalización, intervención vial, semaforización, educación vial y recuperación del orden en los principales ejes de Lima. Su objetivo final es proteger la vida, reducir siniestros, mejorar la fluidez y recuperar el principio de autoridad en la vía pública”.

“La prioridad estará en los ejes metropolitanos de alta demanda, intersecciones con alta recurrencia de incidentes, puntos negros de siniestralidad y corredores donde una intervención rápida pueda generar mayor impacto en seguridad y fluidez”, agregó.

El equipo de la comuna explicó que además se implementará fiscalización electrónica, la cual funcionará como complemento de la fiscalización en campo. “Permitirá ampliar cobertura, reducir discrecionalidad, mejorar trazabilidad y generar evidencia objetiva sobre conductas que inciden directamente en la seguridad vial y en la operación del tránsito”, sostuvieron.

Este sistema electrónico se implementará de manera progresiva, con “validaciones técnicas y normativas, señalización adecuada, difusión ciudadana, marcha blanca e inicio formal de obtención de evidencias”.

Las infracciones que principalmente el municipio fiscalizará serán la M17 (cruzar una intersección o girar con luz roja) y M20 (no respetar los límites máximos o mínimos de velocidad). “También puede evaluarse progresivamente la fiscalización de invasión de carriles restringidos u otras conductas que afecten la seguridad y fluidez”, agregó.

¿Cuáles son las intervenciones concretas que se realizarán?

Las intervenciones comprenderán mantenimiento correctivo y preventivo de pistas, señalización horizontal y vertical, pintado y reforzamiento de cruces peatonales, fiscalización de límites de velocidad, recuperación de puntos críticos con baches, realización de adecuaciones geométricas y un óptimo reordenamiento de carriles, así como mejoras en las vías cercanas a colegios, hospitales y zonas de alta afluencia peatonal.

“La emergencia permite ordenar prioridades y ejecutar intervenciones donde el impacto sea más visible e inmediato. Por ejemplo, zonas con intersecciones críticas y donde el desorden vial genera congestión y riesgos”, informó la MML.

En relación con las medidas específicas para reducir accidentes, se aplicará reordenamiento vehicular mediante segregación de carriles, control de accesos en puntos conflictivos, reorganización de flujos, adecuación de giros, señalización reforzada, fiscalización focalizada y priorización de movimientos en horas de mayor demanda.

“La experiencia de gestión puntual en ejes como Javier Prado/Arriola sirve como referencia para replicar medidas de segregación y reordenamiento de carriles. El objetivo no es solo que los vehículos avancen más rápido, sino que lo hagan con mayor seguridad, previsibilidad y respeto por las reglas”, enfatizó.

Sobre los cambios que habrá en la semaforización, se priorizará el mantenimiento correctivo de la red semafórica existente, por medio del reemplazo de ópticos LED, controladores de tráfico, revisión de programación y atención de fallas en intersecciones críticas. “La red actual cuenta con aproximadamente 1.503 intersecciones semaforizadas. La adquisición e instalación de nuevas intersecciones semaforizadas se encuentra vinculada al proyecto del Banco Mundial, que contempla 420 nuevas intersecciones”, dijeron.

Todas estas medidas antes mencionadas se llevarían a cabo con mayor intensidad en las avenidas Brasil, Túpac Amaru y Prolongación Huaylas. “La articulación del trabajo de las autoridades se realizará mediante coordinación operativa y operativos conjuntos. La Municipalidad, a través de GMU, trabajará con la PNP y la ATU para evitar duplicidad de funciones. En este caso, la PNP mantiene sus competencias de control policial y seguridad; la ATU interviene en materia de transporte urbano y la Municipalidad lidera la gestión del tránsito metropolitano y la recuperación de la operatividad vial. La declaratoria permite que estas acciones se ordenen bajo una estrategia común”, comunicó la MML.

La Ordenanza Municipal 2817 entró en vigencia el miércoles 29 de abril de 2026, al día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano, realizada el martes 28 de abril. Con ella se espera que paulatinamente, en los puntos intervenidos, se reduzcan las velocidades y haya menor recurrencia de infracciones, así como mayor cumplimiento de reglas.

Ordenanza 2817

Los avances

Emape y la Gerencia de Movilidad Urbana (GMU) de la Municipalidad de Lima informaron a este Diario cómo viene impactando esta medida durante sus primeros días de aplicación. Según indicaron, se ha reforzado la fiscalización del transporte de carga para garantizar el cumplimiento de los horarios y rutas autorizados, lo que permitió sancionar a 1.324 vehículos durante mayo. “Estas intervenciones buscan reducir los factores que generan congestión y mejorar las condiciones de circulación en las principales vías de Lima Metropolitana”, señalaron.

Asimismo, destacaron avances en la atención de incidencias y el mantenimiento de la infraestructura vial. Entre el 30 de abril y mayo de 2026, se realizaron 1.880 atenciones por emergencias e incidentes viales en las principales vías administradas por la entidad. En paralelo, se implementaron mejoras en la gestión semafórica de corredores importantes, como las avenidas Defensores del Morro (antes Huaylas), Lampa, Emancipación y Petit Thouars. Según explicaron, estas acciones permitieron optimizar la sincronización de los semáforos y favorecer una circulación vehicular más ordenada y eficiente.

Bajo análisis

En diálogo con El Comercio, el abogado experto en Derecho Administrativo Municipal Andrés Devoto Ykeho explicó que la declaratoria de emergencia de las vías metropolitanas es una medida administrativa orientada a regular las contrataciones públicas. “Solo se da en situaciones de emergencia, como en contextos donde la seguridad de las personas está en riesgo. Según el artículo 40 de la Ley General de Contrataciones Públicas, se aplica para prevenir, reducir o prepararse ante riesgos o desastres”, señaló.

“La Municipalidad Metropolitana de Lima puede contratar bienes o servicios considerando la emergencia. Ahora bien, estamos en un país donde es muy común declarar en emergencia casi todo. Lo que debería hacerse es mejorar las estrategias para el transporte público. Específicamente, adecuar la regulación del suelo para mejorar el flujo de personas en transporte público”, agregó.

Por otro lado, Laura Erika Velásquez Romero, especialista en Derecho Administrativo y jefa del Área de Derecho Administrativo, Regulatorio y Ambiental del Estudio Saco-Vertiz & Landerer, dijo a El Comercio que la declaratoria de emergencia busca la ejecución acelerada de obras de intervención y mantenimiento en las principales vías del sistema metropolitano. “Lo que se busca es una intensificación en el control y fiscalización del tránsito”, añadió.

“Tengamos en cuenta que las municipalidades, así como toda entidad administrativa, tienen un plan de contrataciones anuales. Entonces, cuando se establece una declaratoria de emergencia en ciertas vías, se prioriza la inversión pública y todas las acciones se dirigen hacia esos puntos. En tanto se realicen correctamente las acciones de priorización de la inversión pública, podríamos cumplir el objetivo”, concluyó.