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La Defensoría del Pueblo solicitó al Ministerio del Interior aumentar las penas por la tenencia ilegal de explosivos y armas de fuego. El defensor Eduardo Vega hizo este pedido debido a los atentados ocurridos esta semana en Jicamarca, Huarochirí y Villa El Salvador.
Vega señaló que el incremento del uso de estos explosivos para extorsionar amerita que el Ministerio del Interior haga uso de sus facultades legislativas y modifique la sanción por este delito que hoy no es mayor a 15 años de prisión.
La Defensoría solicitó, además, que el Ministerio de Defensa explique las medidas de control que el sector está adoptando para el uso de armas de guerra y así determinar la procedencia de las mismas.