Fue operado y ahora no puede ingerir ningún alimento: el drama de Luis Herrera tras presunta negligencia médica

Luis Enrique Herrera, de 38 años, tenía numerosos sueños. Recién graduado de la carrera de Economía, anhelaba estudiar cocina con la meta de convertirse en chef. Sin embargo, todos sus proyectos se vieron interrumpidos tras someterse a un bypass gástrico. Actualmente, se enfrenta a una de las adversidades más desafiantes de su vida.

En el 2012, Luis fue asegurado ante el complejo hospitalario San Pablo. Dos años más tarde, en el 2014, se sometió a una operación en la Clínica San Gabriel (perteneciente al complejo San Pablo). No obstante, luego de la intervención quirúrgica, en el 2016, experimentó intensos dolores abdominales.

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La madrugada de ese día ingresó de urgencia al centro de salud utilizando su póliza. A pesar de ello, Roberto Valderrama, abogado de la víctima, informó a El Comercio que los médicos le indicaron que se trataba simplemente de gases y contracciones, limitándose a proporcionarle analgésicos. “El médico a cargo descartó la necesidad de un enfoque quirúrgico para el caso de Luis y lo dieron de alta a las 12:00 p. m.”, señaló.

Sin embargo, dos horas después, a las 2:00 p. m., regresó debido a que los dolores persistían y se intensificaban. “Los médicos le recetaron analgésicos más potentes utilizados en tratamientos oncológicos”, señaló.

Posteriormente, mencionó que el ciudadano comenzó a experimentar náuseas y vómitos con sangre. “A pesar de la gravedad de estos síntomas, no fue hasta las 3:00 a.m. que fue evaluado por un médico cirujano. El doctor afirmó que ‘no tenía nada’ y se retiró. A las 5:00 a. m., el dolor se volvió insoportable y Luis empezó a presentar vómitos con sangre de color negro. Sin embargo, recién a las 9:00 p. m. fue intervenido quirúrgicamente. El personal a cargo de la situación no proporcionó una atención adecuada, sometiéndolo a demoras injustificadas”, expresó.

Cuando finalmente fue intervenido, los médicos observaron que Luis tenía el intestino delgado necrosado, es decir, con una parte del tejido corporal muerto. Debido a esto, se vieron obligados a realizar cortes hasta dejarle un “microintestino delgado”. “Las posibilidades eran muy bajas. Afortunadamente, logró sobrevivir; sin embargo, quedó con secuelas. Su organismo no absorbe lo que ingiere, por lo que depende de una nutrición intravenosa. La causa de todo esto fue la negligencia médica”, afirmó el abogado de la víctima.

Sus venas se volvieron más delgadas y se han debilitado debido a la presión generada al inyectarse nutrientes. “Sus brazos ya no pueden soportar más; por lo tanto, ahora se alimenta a través del cuello, lo que también le causará perjuicios eventualmente”, señaló Valderrama.

“Inicialmente, le dieron cinco años de vida, pero está siendo extremadamente cuidadoso para seguir adelante. Sin embargo, ha experimentado un deterioro significativo en su salud, lo que ha truncado su proyecto de vida”, afirmó.

El abogado añadió que los familiares iniciaron un procedimiento legal en contra de la Clínica San Pablo y la Clínica San Gabriel a través de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud). Como resultado, el ente regulador emitió un informe final en el que recomendaba la imposición de una multa.

Según dicho informe emitido el 7 de noviembre de 2019, tras realizar un análisis exhaustivo, se determinó que se incurrió en la conducta de “postergar injustificadamente el acceso de los usuarios a las prestaciones de salud”.

La defensa de Luis mencionó que Susalud no habría seguido el debido proceso. “Nos parece extraña la decisión del ente regulador ante la evidente negligencia por parte de la clínica. En principio, Susalud recomendó una multa de hasta 78 UIT para la Clínica San Gabriel en el 2019. Solo faltaba que el informe fuera elevado a sala, pero el caso no avanzó más”, afirmó el profesional.

Añadió que el caso se fue prolongando, y cuando un proceso administrativo supera los cuatro años, prescribe automáticamente; es decir, se archiva y se da por concluido. “Esto no ocurre porque se haya evaluado exhaustivamente, sino simplemente porque se han agotado los plazos establecidos por Susalud”, acotó.

“No existe una disposición para reparar los daños, ya sea para que el hombre pueda vivir estos años con calidad, o incluso para que sea trasladado a otro país y reciba algún tipo de tratamiento”, expresó Roberto Valderrama. Añadió que tanto la Clínica San Pablo como la Clínica San Gabriel forman parte de este procedimiento administrativo sancionador, ya que la primera es la entidad con la cual Luis contrató el seguro y la segunda es donde se llevaron a cabo los servicios de salud. Además, a través de cartas notariales, la víctima ha solicitado formalmente a ambas entidades llegar a un acuerdo; sin embargo, la defensa aseguró que hasta la fecha no han recibido ninguna respuesta.

En una entrevista con El Comercio, Luis compartió sus sentimientos sobre esta situación. “Fue mi madre quien contrató los servicios para toda la familia. En ese momento, tenía algunos kilos de más y, a raíz de ello, los médicos me sugirieron que era un buen candidato para la operación del bypass gástrico”, comentó. Relató que apenas salió de la operación, comenzó a experimentar sangrado y fuertes dolores en su abdomen. “Después de la intervención, he sentido numerosos malestares en la parte izquierda de mi estómago. Casi un mes después, los síntomas se intensificaron, pero siempre me decían que solo eran gases y me recetaban medicamentos”, indicó.

“Me extrajeron gran parte de mi intestino delgado; ahora, apenas puedo absorber nutrientes. Me duelen los huesos, no puedo caminar. Estoy exhausto de vivir en estas condiciones, intento seguir adelante, pero me indigna lo que me hicieron”, contó Luis entre lágrimas.

Ronny Santillán, abogado penalista, informó a este Diario que, en este caso, percibe que se habría cometido el delito de lesiones culposas por inobservancia de las reglas de la profesión, tipificado en el artículo 124 del Código Penal, el cual tiene una sanción de hasta tres años. No obstante, debido al paso del tiempo, prescribiría totalmente.

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Por ello, recomienda que cuando una persona ha sido víctima de una negligencia, denuncie lo más pronto posible, pero siempre presentando un informe técnico que determine cuáles fueron las acciones de la profesión que se incumplieron y llevaron al resultado perjudicial.

Carla Montes, abogada civil del Estudio Linares, explicó a El Comercio que, según los documentos expuestos, habría ocurrido una negligencia médica. Sin embargo, señaló la necesidad de llevar a cabo una auditoría médica en la que se recopile todo el historial médico del afectado y se establezcan las deficiencias en cuanto al tratamiento proporcionado. “Se puede identificar que hubo una atención tardía, a pesar de que el señor experimentó un considerable dolor. No se diagnosticó a tiempo su condición, estas deficiencias deben estar documentadas en un informe técnico revisado por un especialista en salud”, indicó.

La especialista sostuvo que, si se determina la responsabilidad de las clínicas por lo sucedido, se tendría que pagar una multa y cumplir una serie de medidas correctivas que debería administrar Susalud. “También se podría ordenar el cierre temporal o definitivo del establecimiento (...). Por otro lado, sería necesario evaluar el comportamiento de los médicos al tratar al paciente, ya que podríamos estar hablando de un proceso administrativo ante el Colegio Médico del Perú si no se siguieron las prácticas profesionales adecuadas”, dijo.

Montes enfatiza que también es posible un proceso indemnizatorio por el daño que se habría causado al paciente debido a la negligencia. “Es lamentable que no haya podido avanzar el proceso, pero también entiendo que luego vino la pandemia, que fue una época bastante complicada para Susalud”, expresó.

El Comercio entrevistó a Carlos Calle, subgerente general del Complejo Hospitalario San Pablo y médico de la Clínica San Gabriel, quien lamentó la situación de Luis y afirmó que se siguieron todas las prácticas médicas, aunque el caso resultó ser extremadamente complicado. Sostuvo que el paciente fue sometido a una cirugía bariátrica debido a su obesidad, por lo que era propenso a enfermedades vasculares, como el infarto intestinal.

Calle explicó que el paciente regresó a la clínica dos años y dos meses después de la cirugía inicial con dolores abdominales. A pesar de realizar análisis y ecografías, aseguró que todos los resultados fueron normales. “El paciente fue dado de alta, pero regresó a la clínica el mismo día a las 5:00 p.m. por persistencia de los dolores. Se realizaron nuevos exámenes y parecía que sus episodios anteriores de cálculos renales podrían ser la causa de su malestar”, dijo.

El médico afirmó que el paciente fue ingresado al hospital a las 7 p.m., con un abdomen en condiciones no críticas. “Permaneció en observación y fue reevaluado a las 11:30 p.m. No es cierto que nunca fue examinado por cirujanos. A las 3:00 a.m., el dolor aumentó y se llamó a un cirujano de guardia, quien no encontró evidencia de un abdomen ‘agudo’, por lo que se optó por mantenerlo en observación”, dijo.

Señaló que los vómitos se presentaron entre las 8 a.m. y 9 a.m. “Se determinó que se necesitaba cirugía, pero primero era crucial estabilizar al paciente. La estabilización continuó hasta las 4 p.m., momento en el que varios especialistas lo evaluaron. A las 7:30 p.m., estaba mejor estabilizado. A las 9 p.m. ingresó a la sala de operaciones” mencionó.

Según Calle, durante la cirugía se identificó una trombosis severa del sistema vascular y un infarto intestinal masivo que afectó aproximadamente el 80% del intestino delgado de Luis, requiriendo 11 horas de intervención. “Fue dado de alta después de un periodo prolongado”, dijo.

Explicó que se realizó una evaluación minuciosa, sugiriendo que la obesidad mórbida y la acumulación de colesterol a lo largo de los años podrían haber sido las causas del infarto intestinal y la trombosis severa detectada en la cirugía. Afirmó que “la clínica no es responsable de lo sucedido. El personal hizo todo lo posible por salvarle la vida. Estamos dispuestos a dialogar con el paciente para explicarle, pero hay que dejar en claro que se siguieron los debidos procesos. Descarto la existencia de una imprudencia o negligencia”, culminó.

Por otra parte, Gerson Villar, intendente de fiscalización y sanción de Susalud, declaró a Punto Final que la demora en el proceso sancionador contra la clínica se debió a la carga de trabajo de la entidad en ese momento. “Después del proceso de Covid, ingresaron casi 5.500 expedientes, cuando lo ordinario era de 1.000 a 1.500 por año (...). De hecho, por eso tuvimos que priorizar determinados casos”, dijo.