En la  foto, Jorge Noziglia Chávarri, ex director de Recursos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). A pedido del Ministerio Público, el Poder Judicial ordenó el jueves su detención preliminar. (Foto: Reniec)
En la foto, Jorge Noziglia Chávarri, ex director de Recursos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). A pedido del Ministerio Público, el Poder Judicial ordenó el jueves su detención preliminar. (Foto: Reniec)
Redacción EC

A pedido del Ministerio Público, el Poder Judicial ordenó el jueves la detención preliminar de Jorge Noziglia Chávarri, ex director de Recursos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), cargo que ocupó desde el 2010 hasta octubre de 2016.

La fiscalía lo acusa de ser parte de una organización que obtuvo beneficios económicos a través de la manipulación de expedientes judiciales vinculados a pensionistas. El mandato de detención es por el plazo de 10 días. Noziglia es acusado del delito de corrupción de funcionarios y lavado de activos y permanece detenido en la carceleta del Ministerio Público.

De acuerdo a la fiscalía, en el 2016 la Asociación de Cesantes y Jubilados de la Empresa Nacional de Puertos (Acjenapu) ganó un proceso judicial a la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Según se estableció, la entidad previsional debía pagar a los pensionistas la suma de S/206 millones por concepto de pensiones de jubilados y bonificaciones adicionales establecidas en una serie de dispositivos legales.

-El caso según el Ministerio Público-
Según la hipótesis fiscal, el líder de la organización sería el abogado de Acjenapu, Hernán Costa Alva. Él habría ‘captado’ al detenido Jorge Noziglia para que, en su condición de Director General de Recursos Públicos del MEF, emita una opinión favorable a la asignación de partidas presupuestales destinadas al pago de la sentencia judicial a Acjenapu. Posteriormente, con cargo a dichos recursos, se desembolsarían honorarios profesionales por S/ 19 millones en favor del mencionado abogado. Noziglia, a cambio de realizar estas gestiones, recibiría de Costa Alva una elevada suma de dinero.

En agosto del 2016, Costa Alva solicitó que se convoque a una audiencia judicial para que se cumpla con la sentencia favorable a los pensionistas. A dicha citación debía asistir un representante del MEF. Según la fiscalía, en abril de ese año el ministerio ya había indicado, a través de un oficio dirigido a la ONP, que no contaba con mayores recursos del presupuesto público del 2016 para atender el pago de la sentencia favorable a los jubilados.

El 6 de setiembre del 2016 se llevó a cabo la Audiencia de Esclarecimiento de Hechos Controvertidos en Ejecución de Sentencia, a la que asistieron funcionarios de la ONP, Acjenapu y el MEF (incluido Noziglia). Según da cuenta la fiscalía, en la diligencia se le consultó a Noziglia cómo podía efectuarse el pago y él señaló que podían habilitarse ciertas partidas de la ONP, previa evaluación del MEF.

La ONP se opuso a dicha afirmación indicando que con ello se vulneraría la ley que regula los criterios de priorización para el pago de sentencias judiciales por parte de entidades estatales.

El 23 de marzo del 2017, en una audiencia extraordinaria de ejecución de sentencia, se dio a conocer un oficio de la Dirección General de Presupuesto Público del MEF que respondía favorablemente a la modificación de partidas para realizar los pagos que correspondían a Acjenapu por la suma de S/ 204 millones. Noziglia ya no trabajaba en el MEF en este momento.

Ante ello, mediante dos resoluciones, la jueza a cargo del 13 Juzgado Contencioso Administrativo de Lima, Martha Cecilia Hinostroza Bruno, ordenó que se ejecuten las transferencias.

En ese contexto, se dispuso que la ONP realice el pago de los honorarios profesionales del abogado de Acjenapu (Hernán Costa Alva) equivalentes al 20% del monto a pagar a los pensionistas. El 26 de mayo del 2017 se transfirieron S/ 21,5 millones en favor de la asociación y el 6 de junio la asociación transfirió S/ 19,3 millones a Hernán Costa Alva.

-Distribución de fondos-
El 12 de junio del 2017, Hernán Costa Alva transfirió S/ 750 mil, nada menos que a Jorge Noziglia. Según el reporte bancario de la operación, Costa Alva habría consignado que el depósito se hizo como una “donación del estudio de abogados Hernán Costa Alva”.

Según la fiscalía, unas semanas después de recibir el pago, Noziglia canceló en forma anticipada un crédito hipotecario que mantenía con un banco local por la compra de un inmueble. Cuatro meses después, luego de que la fiscalía inició las investigaciones, Noziglia y su esposa habrían iniciado un proceso de cambio de régimen de sociedad de gananciales por el de separación de patrimonios quedando el bien registrado a nombre de su esposa.

Unos días antes, el 9 de junio del 2017, Costa Alva depositó S/ 520 mil en la cuenta del también abogado Ricardo León Dueñas. Según el Ministerio Público, León se desempeñó como gerente legal de la ONP entre el 2003 y 2008. En ese periodo, sostienen, estuvo vinculado a Noziglia pues este ocupaba el cargo de Gerente General de la entidad previsional.

Según la fiscalía, León Dueñas habría actuado como un intermediario entre el funcionario del MEF y Costa Alva. También señala que entre el 2015 y 2017 se habrían registrado más de 160 llamadas entre números telefónicos registrados a nombre de León y Noziglia. El presunto delito que se le imputa es el de lavado de activos.

Según la declaración testimonial brindada por León Dueñas a la fiscalía, la citada transferencia se realizó debido a una asesoría legal que prestó a Costa Alva basada en un contrato del 30 de setiembre del 2015 [en la parte final de esta nota pueden encontrar los descargos enviados a este Diario por el señor Ricardo León Dueñas].

-Otros implicados-
Otro de los implicados en la investigación es Néstor Costa López, hijo de Hernán Costa Alva. Él habría recibido una transferencia desde la cuenta de su padre (el 8 de junio de 2017) por la suma de S/ 300 mil. Se le imputa el presunto delito de lavado de activos. Néstor Costa López también ha sido detenido preliminarmente por el plazo de 10 días.

También ha sido incluida en las investigaciones la ex jueza supernumerario [suplente] laboral Rosemery Matilde Velásquez Cano. Ella es acusada de haber recibido una transferencia de S/ 200 mil y también se le imputa el presunto delito de lavado de activos.

Por el momento, no se han reportado otros detenidos en el marco de esta investigación.

[Nota del editor]
En una versión previa de esta nota publicada el jueves 26 de julio, se consignó por error que los señores Ricardo León Dueñas y Hernán Costa Alva habían sido detenidos en el contexto del caso antes descrito. Pedimos disculpas por el error y cumplimos con publicar la posición que nos remitió el día de hoy Ricardo León Dueñas en relación a esta investigación.

[Carta de Ricardo León Dueñas]
Señores de El Comercio:
Ante alguna información periodística que me vincula con un supuesto caso de lavado de activos y corrupción de funcionarios por un juicio entre ONP y los jubilados de ENAPU, debo señalar lo siguiente:

Ocupé el cargo de Gerente Legal de la ONP de mayo de 2003 a octubre de 2006 y fui asesor de la Alta Dirección de la misma entidad de noviembre de 2006 a octubre de 2007. Desde octubre de 2007 no mantengo vínculo alguno con la ONP ni menos aún con sus juicios.

El juicio de la Asociación de Cesantes y Jubilados de ENAPU contra la ONP por nivelación de pensiones se inició en el año 2009 en el 13° Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Lima (Causa N° 31-2009-25-1801-JR-CA-13). Dicho juicio culminó en el 2016 con una sentencia consentida y ejecutoriada (favorables en todas las instancias a los jubilados y luego de incontables maniobras dilatorias de la ONP) a favor de 1076 ancianos jubilados (muchos de ellos fallecidos) y sus familias. Esa causa fue patrocinada en defensa de los jubilados por el Dr. Hernan Costa, quien cobró un honorario de éxito por la exitosa defensa judicial.

En el mes de setiembre de 2015 suscribí un contrato de asesoría profesional con el Dr. Hernan Costa para emitir informes sobre diversos temas previsionales (mi especialidad), ninguno vinculado al juicio ONP-ENAPU. Este contrato culminó en marzo de 2017. En junio de 2017 me cancelaron los correspondientes honorarios profesionales, para lo cual emití un recibo pagando el respectivo impuesto a la renta en su totalidad.

Toda esta información obra en poder de la fiscalía, con quien he colaborado en todo momento actuando siempre con buena fe. En tal sentido, es importante aclarar que no hay relación alguna entre mi permanencia en ONP (hasta el 2007) y el juicio entre ONP-ENAPU (iniciado el 2009). El suscrito  no participó de manera alguna en dicho juicio, siendo contratado por el Dr. Costa recién en el año 2015 para temas de mi especialidad profesional.

En la actualidad no tengo ningún mandato de detención. Agradeceré tomar en cuenta las aclaraciones correspondientes.

Atentamente,

Ricardo León Dueñas
DNI 09816158

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