Ocho personas murieron en promedio cada día en accidentes de tránsito en Perú: las regiones con más siniestros este 2026

Hoy, 10 de junio, se conmemora el Día Mundial de la Seguridad Vial, una fecha que busca promover conductas responsables entre conductores, pasajeros y peatones. Sin embargo, en el Perú las cifras de accidentes de tránsito continúan siendo preocupantes y reflejan la necesidad de reforzar la seguridad vial en el país.

En exclusiva para El Comercio, Pedro Olivares, director de Seguridad Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), informó que entre el 1 de enero y el 3 de junio de este año —las cifras más recientes disponibles— se registraron 1.189 siniestros de tránsito que dejaron 1.300 fallecidos a nivel nacional. Precisó que en la sierra sur se han reportado accidentes en los que murieron hasta 10 personas en un solo hecho, una situación que, según indicó, suele involucrar a combis, cústeres o buses. “Esta cifra nos muestra la persistencia de este problema, pero también una ligera reducción respecto al 2025”, señaló.

En cuanto a los siniestros de tránsito, Lima concentra el 50% de los casos registrados en el país, seguida de Arequipa (6%) y La Libertad (5%). Respecto a las víctimas mortales, el 19% de los fallecidos corresponde a Lima; el 10%, a Piura; el 8%, a Cusco y Puno; y el 7%, a Junín y Arequipa, entre otras regiones.

Sobre las principales causas de los siniestros de tránsito, Olivares indicó que la imprudencia del conductor ocupa el primer lugar, seguida por el exceso de velocidad. “En comparación con el 2025, el exceso de velocidad se redujo de 26% a 22%. Esto ha dejado a la imprudencia del conductor como la principal causa, la cual está relacionada con maniobras peligrosas, como adelantamientos indebidos en carreteras o en tramos donde está prohibido hacerlo”, explicó.

Agregó que la conducción en estado de ebriedad representa el 7% de los casos. “Sin embargo, en regiones como Puno y Cajamarca, la ebriedad del conductor tiene una mayor incidencia”, precisó.

Asimismo, señaló que los automóviles —ya sean particulares o taxis— son los vehículos con mayor participación en los siniestros de tránsito. Les siguen las motocicletas, las combis y las mototaxis.

“El MTC viene implementando una política multisectorial junto con los sectores Salud y Educación para fortalecer la educación vial. Uno de los principales ejes ha sido reforzar la capacitación de conductores infractores mediante un curso especializado. Este año esperamos superar los 30.000 conductores capacitados”, sostuvo.

Respecto a las acciones complementarias, afirmó que otro aspecto clave es la mejora de la infraestructura vial. “Tenemos un programa nacional de mejoramiento de entornos viales en zonas escolares e intersecciones críticas. Este año estamos trabajando con 156 municipalidades provinciales y distritales a nivel nacional para que puedan implementar estas mejoras con asistencia técnica del MTC. Además, pronto promoveremos la aprobación de un plan para incorporar tecnología en la red vial nacional mediante sistemas inteligentes que ayuden a gestionar y controlar el tránsito”, agregó.

“Invocamos a las autoridades del Gobierno Nacional, a la Policía, a la Sutran y a las demás entidades involucradas a trabajar de manera articulada para proteger la vida de los ciudadanos. Asimismo, pedimos a la población que respete las normas de tránsito, los límites de velocidad, utilice elementos de seguridad —como los cascos en el caso de los motociclistas— y opte por servicios de transporte formal. Tenemos una política clara al 2030 para reducir los siniestros de tránsito”, señaló.

Bajo análisis

Especialistas consultados por El Comercio también compartieron sus impresiones sobre esta problemática. Franklin Barreto, exjefe de la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional, advirtió que “en el país no existe una estrategia integral de seguridad vial. El mayor intento realizado hasta la fecha ha sido la aprobación de una política multisectorial de seguridad vial mediante decreto supremo, pero en tres años no ha generado acciones concretas por parte del Estado”.

“Uno de los factores que debemos considerar es la falta de educación vial, tanto de conductores como de peatones. En el caso de la conducción, observamos malos hábitos producto de un sistema deficiente de licenciamiento, además de constantes distracciones asociadas al estrés o al cansancio”, añadió.

Barreto también consideró que existe una elevada permisividad frente a conductas imprudentes, especialmente las relacionadas con el consumo de alcohol. “Este problema tiene una connotación cultural. Tenemos una legislación que permite conducir bajo los efectos del alcohol hasta cierto límite. Nos han hecho creer que una persona con niveles de alcohol inferiores al máximo permitido puede reaccionar adecuadamente, pero eso no es cierto. No podemos darnos el lujo de tolerar ningún nivel de alcohol al volante. La meta debería ser tolerancia cero”, opinó.

Asimismo, señaló que existe un problema relacionado con la infraestructura vial. “La infraestructura ha estado desatendida durante mucho tiempo. Un ejemplo claro es Pasamayito, donde se registran constantes siniestros de tránsito debido a la falta de sistemas de contención y señalización adecuados”, afirmó.

Ante ello, el especialista exhortó a que los problemas que afectan al tránsito sean abordados de manera integral y no mediante medidas aisladas.

Por su parte, Alfonso Flórez, gerente general de Transitemos, sostuvo que “en el Perú no ocurren accidentes, sino siniestros, salvo que una investigación determine que el hecho fue realmente accidental. Si una persona viola las normas de tránsito y como consecuencia provoca una muerte o lesión, estamos ante un siniestro”.

“Es importante crear una Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial que permita integrar de manera interdisciplinaria a todas las autoridades vinculadas al tránsito. Esta entidad también debería tener facultades para supervisar y sancionar a las autoridades locales y regionales que incumplan la normativa vigente”, planteó.

Flórez consideró además que la educación vial debería ser obligatoria en todos los niveles educativos. “La educación en seguridad vial y conciencia cívica debería impartirse de manera obligatoria en primaria, secundaria, academias, institutos y universidades. No tendría que ser un curso electivo, sino un requisito fundamental para graduarse. De esta manera se cerrarían brechas, ya que todos recibirían formación en esta materia”, señaló.

“También debemos considerar que existe una enorme falta de fiscalización por parte de la Policía. Lamentablemente, los efectivos no son suficientes y muchos de ellos terminan siendo utilizados como semáforos humanos en lugar de dedicarse a fiscalizar y sancionar infracciones”, concluyó.

Algo que podría empeorar

Estas alarmantes cifras se conocen en un contexto marcado por medidas que han generado cuestionamientos entre especialistas en transporte.

En primer lugar, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones permitirá ampliar hasta el 2031 la vida útil de determinadas unidades de transporte público en Lima y Callao. La decisión ha generado posiciones encontradas. Mientras algunos conductores respaldan la medida y aseguran que no cuentan con recursos suficientes para renovar sus vehículos, especialistas advierten que prolongar la circulación de unidades antiguas podría agravar problemas como la contaminación, la congestión vehicular y la baja calidad del servicio.

La prórroga no será automática para todas las unidades. Solo podrán continuar operando aquellas que cuenten con habilitación vigente y cumplan con los requisitos técnicos establecidos por la autoridad.

En segundo lugar, la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso aprobó el pasado 30 de marzo un dictamen que amplía la vigencia de la Ley N.º 31096, que regula el servicio de transporte en taxis colectivos. De ser ratificada por el Pleno, la norma se extenderá hasta el 24 de diciembre de 2031.

El dictamen contempla una prórroga adicional de cuatro años una vez concluido el plazo vigente en diciembre de 2027. Con ello, el Parlamento abre la puerta a prolongar un régimen de transporte que ha sido objeto de constantes cuestionamientos.

La Ley N.º 31096 fue promulgada en 2020 con el objetivo de formalizar el transporte terrestre de pasajeros en automóviles colectivos. La norma no solo comprendió vehículos de clasificación M1 (automóviles), sino que también incorporó unidades de mayor capacidad (M2), diseñadas para transportar a más de ocho pasajeros.

Durante la sustentación del dictamen, el presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, Juan Carlos Mori Celis, afirmó que “esta medida tiene como finalidad asegurar la continuidad del proceso de formalización del transporte en automóviles colectivos, actividad que cumple un rol importante en la conectividad de miles de ciudadanos, especialmente en zonas donde el transporte público convencional resulta insuficiente”.