Edificios históricos en alto riesgo por una polémica resolución

FERNANDO ALAYO / MARTÍN ACOSTA

Seis días antes del incendio que dañó estructuralmente una de las casonas circundantes a la plaza Dos de Mayo, en pleno Centro Histórico de Lima, el Ministerio de Cultura firmó la resolución 364, que elimina la exigencia de una autorización previa de este sector ministerial para validar la licencia municipal de una obra ejecutada en un bien inmueble declarado Patrimonio Cultural de la Nación.

La reglamentación vigente estipula que para calificar los proyectos de habilitación urbana en inmuebles considerados patrimonio monumental, el Ministerio de Cultura deberá acreditar a un delegado ad hoc que supervise el otorgamiento de la licencia requerida a través de una comisión técnica formada, además de representantes de la municipalidad correspondiente, por arquitectos e ingenieros colegiados.

“El error que comete el ministerio es aceptar buenamente lo que dice la polémica Ley 30230, de simplificación de procedimientos para promover la inversión del país, en que ampara su resolución. Ahora serán las municipalidades las que tengan la competencia de habilitar obras que signifiquen un potencial peligro para el patrimonio inmueble, ya que los delegados ministeriales no tienen ni voz ni voto en esas comisiones”, explicó a El Comercio Alberto Martorell, presidente del Comité Peruano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos).

Según Martorell, si bien la medida busca acelerar el trámite requerido para la aprobación de estas licencias municipales, el cual demoraba meses e incluso años, y que no necesariamente resultaba favorable para los propietarios de estos inmuebles, ahora “estas personas podrían demoler las casonas de su propiedad o modificarlas a su antojo”.

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