El futuro de los parques de Miraflores queda en manos del Poder Judicial, en medio del enfrentamiento entre vecinos y la gestión del alcalde Carlos Canales

Se trata de una acción legal para detener la construcción de módulos de seguridad ciudadana en los parques Clorinda Matto de Turner, Francisco de Zela, Leoncio Prado, Tejada, entre otros espacios públicos y áreas verdes, obras que la gestión de Canales justifica por la necesidad de mejorar la prevención y atención delitos en el distrito.

La petición, que se encuentra a cargo del estudio de abogados que encabeza el constitucionalista Luciano López Flores, busca también la demolición de las estructuras de concreto que hayan sido levantadas hasta la fecha en los parques al considerar que el municipio atenta contra la libertad de tránsito.

“Se ordene la demolición total de toda infraestructura o loza de concreto construida para dichos módulos y la restitución de las áreas verdes afectada a su estado original, implementando obligatoriamente la reposición de nuevo espacio publico equivalente en términos de valores ambientales, culturales y/o recreacionales […] Se ordene a la Municipalidad Distrital de Miraflores que se abstenga de emitir, ejecutar o mantener vigente actos administrativos que afecten directa o indirectamente las áreas verdes y espacio públicos del distrito”, se lee en la petición.

A través de la Resolución N.º 1, del 25 de septiembre de 2025, la jueza Ana del Rosario Osorio Sosa pide a la Procuraduría de la Municipalidad de Miraflores que presente sus descargos en un plazo de tres días.

La demanda fue presentada por los vecinos María Isabel Remy Simatovic, Karin Herma Fetzer Senge, Margarita Del Águila Vidurrizaga de Ríos y Pavel Germán Valencia Valencia. El abogado que los representa, Luciano López Flores, sostiene que el pedido se fundamenta en la falta de razonabilidad para justificar la reducción de áreas verdes. En declaraciones a El Comercio, dijo que la construcción de módulos dentro de los parques viola el derecho a la libertad de tránsito (al restringir el acceso vía reducción territorial a espacios públicos) y otros derechos conexos de carácter difuso, como el derecho a gozar de un ambiente equilibrado, a la recreación en espacios públicos y a la participación ciudadana.

“Cuestionamos, desde una perspectiva constitucional, que la medida no es razonable. La municipalidad no ha justificado por qué es tan indispensable reducir el espacio de parques, que son espacios públicos y áreas verdes protegidas por ley, para lograr el fin que es resguardar la seguridad ciudadana. Así tomes un metro de parque tiene que estar debidamente justificado. Los alcaldes no son dueños del territorio, hablamos de un área intangible que incluso si tocas un centímetro debe tener justificación. La municipalidad debe explicar por qué desecharon otras medidas menos graves para lograr la seguridad ciudadana en detrimento de otros derechos como la protección medioambiental y la reacreación pública”, explicó López a El Comercio.

En comunicación escrita con este Diario, la Municipalidad de Miraflores informó que aún no han sido notificados sobre la admisión a trámite de la acción constitucional. “La demanda presentada versa sobre similares derechos constitucionales presuntamente vulnerados, en razón a lo cual fueron incluidos en una acción de amparo que ya está en trámite; es decir están duplicando el pedido de tutela judicial. La acción de habeas corpus aún no ha sido notificada a la municipalidad y cuando ello ocurra, conforme corresponde, la contestaremos, haciendo valer los derechos de los vecinos de Miraflores frente a los demandantes. Siendo un tema judicial, lo correcto es manejarlo en ese nivel, no nos vamos a prestar a convertirlo en un tema mediático como pretenden los demandantes y el abogado que los asesora”, indicaron .

Sobre las obras, la gestión de Carlos Canales indicó que la elección de los parques responde a una “evaluación técnica de seguridad, que parte por tener cobertura a zonas expuestas a la acción delictiva”. Los módulos incluirán cámaras y sistema de inteligencia artificial y video para que el personal municipal reporte directamente “evitando tiempos improductivos”. “Miraflores tiene apenas 9 km cuadrados (el tamaño del nuevo aeropuesrto Jorge Chavez) y debe aprovechar las áreas disponibles para destinarlas a fines de seguridad, recreación, etc. Estos módulos ocupan en promedio menos del 0.4% del área de parque, por lo que no afectan en absoluto el derecho de nadie al disfrute del mismo”, añadieron.

Finalmente, reiteraron que “hubo acompañamiento y participación vecinal en todo el proceso. Si bien las estadísticas e incidencias delictivas fueron determinantes para definir la ubicación de los módulos, el clamor vecinal por mejorar la seguridad ciudadana y la tutela municipal estuvo siempre presente. Desde el año 2023, el proyecto de los módulos ha sido difundido en sesiones de Concejo transmitidas en tiempo real, audiencias públicas de rendición de cuentas, declaraciones públicas del alcalde, reuniones con juntas vecinales, redes sociales municipales, revistas impresas y comunicaciones puerta a puerta”.

Asimismo, indicaron que “se han sostenido reuniones constantes con los vecinos cercanos a los parques intervenidos durante el 2023, 2024 y lo que va del 2025. En total, se realizaron 16 reuniones vecinales para socializar el proyecto en todo el distrito. En casi todos los casos, luego de presentar la propuesta ante los vecinos, la ubicación inicial de los módulos fue modificada atendiendo a sus solicitudes e inquietudes, con el fin de minimizar el impacto en el entorno y preservar la tranquilidad de la comunidad.

Indicaron que cuentan con evidencia fotográfica y firmas de asistencia a dichas reuniones e incluso registros de chats vecinales donde los propios vecinos solicitaron la instalación de los módulos. “Lamentablemente, algunas personas que no participaron en su momento”, dijeron.

Reiteraron que “el objetivo de este proyecto, desde el inicio, ha sido fortalecer la seguridad de los vecinos sin afectar su vida cotidiana ni la armonía de los espacios públicos”.

La discrepancia por los módulos de serenazgo inició en agosto, cuando un grupo de vecinos de las calles aledañas al parque Leoncio Prado realizaron varios plantones para denunciar que la construcción afectaba un área verde intangible protegida por ley.

Uno de los momentos críticos ocurrió el 25 de agosto, cuando personal municipal ingresó con maquinaria al parque e intentó cercar la zona con rejas metálicas. Un grupo de vecinos que expresaba su desacuerdo terminó encerrado cuando trabajadores municipales soldaron el cerco con ellos adentro. “Buscaron reprimir un reclamo democrático y pacífico con violencia, intimidación y abuso de autoridad. Mujeres y adultos mayores fuimos agredidos”, declaró el vecino Carlos Remy, de 65 años, presente en dicha protesta.

“La municipalidad actuó prepotentemente, agrediéndonos y buscando intimidarnos con amenazas a pesar que muchos de los que protestábamos éramos adultos mayores”, añadió Ana María Villanueva, 84 años, a este Diario.

Los vecinos recordaron que la ordenanza 1852 de la Municipalidad Metropolitana de Lima dispone, en su artículo 6°, capítulo segundo, la intangibilidad de las áreas verdes de uso público gestionadas por las municipalidades. El documento enfatiza que “su conservación, protección y mantenimiento son acciones que, por razones de salud pública, calidad de vida, bienestar colectivo, equilibrio ecológico y sostenibilidad urbana, forman parte de la Política Metropolitana del Ambiente”.

Desde junio, vecinos de la cuadra 2 de jirón Francisco de paula Ugarrizaga y zonas aledañas de San Antonio enviaron cartas a la gerencia de Infraestructura Pública y Sostenibilidad Ambiental de Miraflores para expresar su disconformidad con la construcción dentro el parque. Algunas objeciones a la obra era que, por tener sus predios frente o muy cerca del parque, los propietarios pagan “desde hace varias décadas una tasa/cuota de arbitrios más alta”, pero que ahora les quitarían la vista a las áreas verdes. Asimismo, advertían que la intervención desconocía las propias normas urbanísticas de la municipalidad, que exigen un retiro mínimo de tres metros frente a propiedades colindantes, mientras que el proyecto se emplazaba con apenas un metro de distancia. Además, brindaban otras alternativas de ubicación para la creación de módulos de seguridad. Las cartas incluyeron más de 600 firmas de contribuyentes, vecinos y propietarios miraflorinos que denunciaban la afectación de las áreas verdes, la vulneración de la intangibilidad ambiental, la ausencia de consulta vecinal real y el incumplimiento de normas urbanísticas.

Asimismo, se denunció la irregularidad de la consulta vecinal, convocada con menos de una semana de anticipación mediante simples volantes, a pesar de que la Municipalidad posee los domicilios fiscales de los contribuyentes y pudo emplear mecanismos más efectivos y formales.

En setiembre, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Lima abrió una investigación preliminar contra el alcalde de Miraflores, Carlos Canales, por la construcción de una caseta de serenazgo en el parque Leoncio Prado, ubicada en una de las zonas más representativas del distrito. La pesquisa se realiza los presuntos delitos de alteración del ambiente o paisaje y responsabilidad de funcionario público por otorgamiento ilegal de derechos. En la investigación preliminar también se incluyó a John Ampuero, gerente municipal; José Zamora, subgerente de Obras Públicas y Mantenimiento; y Wilson Coronel, representante de la empresa Consorcio Miraflores.

En respuesta, la Municipalidad de Miraflores negó que dichos trabajos hayan causado daños en el parque Leoncio Prado. “Es importante precisar que no se ha afectado ningún árbol y que el módulo de seguridad ocupa apenas 48 m², lo que representa 0,6 % del total del área verde”, indicaron en un comunicado.

La gestión edil enfatizó que el objetivo de la caseta es fortalecer la seguridad ciudadana y reducir los índices delictivos en el distrito.

Este Diario supo que no se trata únicamente del parque Leoncio Prado, sino también del parque Francisco de Zela, el parque Clorinda Matto de Turner, el parque Tejada y la berma central de la cuadra 2 de la avenida Jorge Chávez.

En declaraciones previas, la gestión de Canales reiteró que los lugares destinados para la construcción de los módulos de seguridad ciudadana fueron definidos con el consentimiento de la mayoría de vecinos que residen en los alrededores.

“La Subgerencia de Serenazgo ha reportado diversas acciones implementadas en la comunidad para enfrentar la inseguridad. Se anunció la instalación de módulos de seguridad para ampliar la cobertura y mejorar la distribución del personal. En total, son cinco centrales de monitoreo, 204 cámaras fijas, 200 bodycams, tres drones, entre otros equipos. La Gerencia de Participación Vecinal destaca, además, la colaboración entre la municipalidad y los vecinos”, indicó el municipio a El Comercio.

En una entrevista realizada con este Diario en junio pasado, el burgomaestre atribuyó las quejas en su contra a un grupo de vecinos que busca su revocatoria. Sobre las áreas verdes, aseguró que su gestión logró incrementar de 9 metros cuadrados por vecino a 13. “Es al revés de la percepción negativa de un minúsculo grupo de personas que se oponen a absolutamente todo lo que haga el alcalde, no sé si por un tema político o ideológico o ser contrario a todo. Desde que hemos entrado hemos arreglado más de 400 mil metros cuadrados de áreas verdes. Cuando yo entré había una empresa que se encargaba de parques y jardines, y la mayor queja de los vecinos era el mal estado de esas áreas verdes. Ahora cada parque tiene tres jardineros que están involucrados con los vecinos: recogen la queja, el aporte, la crítica o los saludos. El 95% de los vecinos piensan distinto y más bien están agradecidos porque hoy los parques son de buena calidad", dijo.