Periodismo en Perú en riesgo: 150 ataques contra periodistas y medios en 2025

“Ya que no contestas voy a ser claro contigo... estás que maleteas a mi obra en Huaraz. Una más y mueres”. El mensaje que recibió la periodista Gudelia Gálvez Tafur, directora del medio Huaraznoticias.com, a su WhatsApp el viernes 4 de julio fue directo: si sigue investigando la presunta corrupción en obras públicas, la van a matar o atentar contra sus padres. Desde el miércoles de la semana pasada, había sido blanco de llamadas incesantes y amenazas por hacer su trabajo, pero cuando llegó a la Depincri no aceptaron su denuncia por no ser un “hecho consumado”.

Por esos días, el exministro del Interior Juan José Santiváñez denunció penalmente a los periodistas Mónica Delta, Juan Subauste, Carlos Hidalgo, al camarógrafo Jorge Ramírez y a la empresa Latina Televisión por un supuesto “reglaje” por el reportaje titulado “¿Con quiénes se reúne Santiváñez en Palacio”. Una semana antes, el 22 de junio, el periodista Roberto Cabezas Morales, director del medio Arriba Perú Noticias, fue intervenido por diez policías en una presunta represalia por su labor informativa. Lo interceptaron en Huaral y lo llevaron por la fuerza hasta Huacho para realizarle un dosaje etílico que salió negativo.

Estos tres casos ocurridos en los últimos días evidencian el creciente hostigamiento sobre el ejercicio periodístico en el Perú. Según la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), solo la primera mitad del año han registrado al menos 150 ataques a periodistas y medios de comunicación, incluyendo los asesinatos de los periodistas Gastón Medina, en Ica, y Raúl Celis, en Iquitos.

En los primeros meses del año, hasta la primera semana de Julio, se registraron 150 ataques, en promedio, al menos cinco episodios violentos, amenazas y arremetidas contra periodistas y medios de comunicación.

“Nos indigna que, a pesar de que en este país han asesinado a dos comunicadores sociales en este 2025, no podemos entender que la policía no quiera recibir una denuncia de esta naturaleza y prácticamente te digan que primero tienen que atentar contra tu vida. Hace ocho años no asesinaban a un periodista en el Perú y este año van dos”, dijo Zuliana Lainez, presidenta de la ANP a El Comercio.

Tras la denuncia pública de Gálvez Tafur, la Fiscalía de Derechos Humanos abrió una investigación por el caso.

Para Lainez, este caso reciente evidencia el asedio sobre la labor de prensa, que tiene como una de sus principales manifestaciones el acoso judicial. La ANP tiene un registro que indica que se llevan entre 30 y 35 periodistas a tribunales cada año. “El 80% sale absuelto, pero tiene que comerse un proceso de cuatro años”, añadió.

En este contexto, Lainez advierte que la denuncia penal de un funcionario público como Santivañez se suma a varios intentos, desde las autoridades, por criminalizar el periodismo. “El periodismo en este país está bajo asedio. El señor Santivañez es un alto funcionario del Palacio de Gobierno y confirma una tendencia de que a los periodistas se les intenta involucrar en otro tipo de delitos, que ya no son la difamación, y que no tienen sustento. Meses anteriores Alejandro Soto, cuando fue presidente del Congreso, también denunció por reglaje al director de la Unidad de Investigación de Cuarto Poder. Parece que se ha convertido en un nuevo patrón que utilizan los enemigos de la libertad de prensa para intentar hostigar a los periodistas”, agregó.

Con ella coincide el director ejecutivo de Consejo de la Prensa Peruana (CPP), Rodrigo Salazar, quien advierte que los ataques suelen ser más agresivos ante la pasividad de las autoridades. El 21 de junio, la vivienda del periodista Carlos Alarcón, en Yurimaguas (Loreto), fue baleada luego de recibir amenazas por una investigación de corrupción que apunta a regidores.

“El periodismo es más riesgoso con cada semana que pasa. En el Perú, quienes se encuentran a cargo de fiscalizar o perseguir el delito no están enterados de cuál es el trabajo de la prensa. La fiscalía acepta una denuncia descabellada como reglaje, la policía, ante una periodista amenazada, dice que no puede hacer nada. No entienden la relevancia de hostigar a un periodista, no están preparados”, dijo a este Diario

Para Salazar, el hecho de que funcionarios de la relevancia de la presidenta Dina Boluarte o el exministro Santivañez agredan a diario a la prensa “envalentona” a otros que buscan paralizar investigaciones.

A esto se suman constantes mensajes de altas autoridades que estigmatizan la labor informativa. “Esto viene desde la presidenta de la República, quien dice sus investigaciones son terrorismo de imagen. También de funcionarios de gobiernos regionales y locales, de autoridades hablan de chantaje pero usan un lenguaje que no individualiza responsabilidad y, por el contrario, generalizan buscando la estigmatización, que se acompaña de campañas de acoso judicial, en redes e incluso con portátiles”, indica Lainez.

Sobre los asesinatos a los periodistas Medina y Celis, ocurridos en enero y mayo de este año, respectivamente, la presidenta de la ANP indicó que el proceso más avanzado es el primero porque ya se encuentra en etapa preparatoria y hay un presunto sicario con nueve meses de prisión preventiva. Gastón Medina, propietario y director de Cadena Sur TV, fue asesinado a balazos frente a su vivienda en Ica. Tenía una posición crítica ante las recientes gestiones en el gobierno regional de Ica.

“El proceso por el asesinato de Raúl Celis en Iquitos avanza más lento porque inicialmente el caso había sido asumido por un fiscal penal. Nuestra demanda como organizaciones de prensa es de que exista una directiva para sean atendidos de inmediato por una Fiscalía de Derechos Humanos, que están más preparadas para atender en ese tipo de crímenes en los que se tiene que privilegiar la pista profesional”, añadió Lainez.

Raúl Celis López, de 70 años, conducía un noticiero matinal en radio Karibeña. Fue asesinado a balazos en una calle del centro de Iquitos cuando se encontraba a bordo de una mototaxi. Aunque algunos indicaron que podría haberse tratado de un asalto, los criminales no robaron las pertenencias de la víctima.