Las principales propuestas de seguridad de Fuerza Popular y Juntos por el Perú: ¿qué tan factibles son?

Además, para evaluar la factibilidad de estas propuestas, este Diario conversó con los especialistas en seguridad ciudadana Sebastián Flores Martin, criminólogo, y Miguel Ángel Barriga, coronel PNP en retiro y maestro en seguridad, desarrollo y defensa nacional.

Plan de gobierno de Fuerza Popular

En el caso de Fuerza Popular, se recogieron ocho propuestas principales. La primera plantea la “implementación rápida de Centros de Comando y Videovigilancia interconectados a nivel nacional, con mapas del delito en tiempo real e inteligencia artificial para el análisis predictivo”. Ante ello, el criminólogo Sebastián Flores Martin señaló a El Comercio que “ya existen centros de control y videovigilancia en municipalidades”. Además, consideró que “la IA todavía no está al nivel que la gente idealiza”, por lo que “no sería prudente realizar una inversión masiva en una herramienta que aún requiere avances”.

La segunda propuesta consiste en la “construcción de cuatro mega penales de máxima seguridad, cuatro penales estándar modulares y un penal especializado para jóvenes infractores, bajo administración de las Fuerzas Armadas”. Al respecto, Flores Martin consideró que, además de la infraestructura, “hay que enfocarse en fortalecer el régimen penitenciario”. “¿De qué sirve tener más cárceles si actualmente no cuentan con un adecuado control?”, cuestionó.

Por su parte, el coronel PNP en retiro Miguel Ángel Barriga señaló a este Diario que “la solución a la inseguridad ciudadana y la criminalidad no pasa por crear un gran número de establecimientos penales”. En ese sentido, sostuvo que lo más importante es fortalecer la labor de prevención y promover una adecuada resocialización.

Otra de las propuestas de Fuerza Popular es la “creación de Unidades de Inteligencia contra la Extorsión de las Micro y Pequeñas Empresas (MYPE)”. Tanto Flores Martin como Barriga señalaron que ya existe una dirección especializada en investigación criminal, por lo que consideraron que, en lugar de crear una nueva entidad, se debería fortalecer la ya existente.

La siguiente propuesta plantea ampliar el sistema de flagrancia para delitos complejos, como extorsión, sicariato y cobro de cupos. “Me parece positivo que se considere ampliar el sistema de flagrancia, siempre y cuando se identifiquen los puntos débiles que deben potenciarse”, mencionó Sebastián Flores Martin. Por su parte, Barriga también se mostró a favor de la iniciativa, “siempre y cuando la flagrancia se aplique de manera oportuna para capturar a los delincuentes”.

La quinta propuesta aborda la “creación de Centros de Oportunidades y Orientación Local para Jóvenes (COOL), encargados de brindar acompañamiento emocional, orientación psicológica y oportunidades de desarrollo dirigidas a adolescentes y jóvenes en situación de riesgo, a fin de reducir la delincuencia juvenil”. “La prevención primaria del delito es esencial en toda sociedad. Lo veo bien. Tiene que ser un centro de alto impacto”, enfatizó Flores Martin. Asimismo, Miguel Ángel Barriga consideró que la medida es factible y positiva para brindar oportunidades a los jóvenes e involucrarlos de manera constructiva en la sociedad.

Otra de las medidas propone la “modernización y fortalecimiento de la Sucamec (Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil) para la fiscalización del desvío de explosivos y armas”. Ante ello, Barriga calificó la iniciativa como necesaria y señaló que “hay que realizar evaluaciones psicológicas a quienes solicitan portar armas de fuego”. En la misma línea, Flores Martin agregó que “controlar el uso de armas es esencial”.

La penúltima propuesta del partido plantea “establecer comandos mixtos integrados por la PNP, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía y la Sunat en zonas críticas para enfrentar la minería ilegal y el crimen organizado”. Ambos especialistas coincidieron en que se trata de una medida necesaria debido a la urgencia de fortalecer la coordinación entre autoridades y ampliar la presencia del Estado en distintas zonas del país.

Finalmente, el partido propone fortalecer las Fiscalías Especializadas contra el Crimen Organizado (Fecor), además de crear nuevas sedes. Los especialistas consideraron positivo reforzar los órganos institucionales ya existentes; sin embargo, señalaron que, más que seguir creando infraestructura, la prioridad debe ser potenciar el recurso humano.

Plan de gobierno de Juntos por el Perú

Del mismo modo, se recogieron las ocho principales propuestas de Juntos por el Perú. La primera plantea la “implementación de planes locales de seguridad con participación directa de juntas vecinales, gobiernos locales y organizaciones sociales”. Al respecto, Miguel Ángel Barriga señaló que esta propuesta ya existe dentro del marco legal vigente. “Están repitiendo algo que ya está contemplado en la Ley 27933, cuyo objetivo es promover la participación ciudadana para garantizar la paz social”, explicó.

La segunda propuesta consiste en “implementar una política nacional de seguridad ciudadana con enfoque territorial que erradique la corrupción policial y recupere el control del Estado sobre el crimen organizado con protagonismo de la comunidad”. Sobre ello, Barriga consideró que la medida “da la impresión de querer otorgar mayor autoridad a los ciudadanos, como a las rondas campesinas”. “Darles más protagonismo no es factible porque ya cuentan con representación”, precisó. Por su parte, Sebastián Flores Martin señaló que “ya existen políticas nacionales de seguridad”, por lo que calificó la propuesta como “muy general y sensacionalista”.

El partido también propone la “creación de un Sistema Nacional Integrado de Información Criminal y rastreo de extorsiones y otros delitos”. Los especialistas coincidieron en que, si bien es importante fortalecer el rastreo del crimen, en lugar de seguir creando nuevos sistemas debería potenciarse el ya existente Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.

Además, Juntos por el Perú se compromete a “fortalecer las fiscalías especializadas del Ministerio Público, con equipos especiales contra la extorsión, el sicariato, la trata de personas, el lavado de activos y el tráfico ilegal; además de crear más juzgados especializados”. “Esto es plausible, pero debe trabajarse en una adecuada capacitación para fiscales y jueces”, opinó Miguel Ángel Barriga. En tanto, Sebastián Flores Martin remarcó que “es más importante potenciar el recurso humano”.

Una de las propuestas más debatidas de su plan de gobierno ha sido la de “reformar estructuralmente a la Policía Nacional del Perú para combatir el crimen organizado”. Sobre ello, Barriga sostuvo que “es una buena propuesta, pero todos hablan de lo mismo”. En ese sentido, consideró que se debe precisar cómo fortalecer a la PNP para que cumpla con su misión constitucional, además de mejorar la coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial para evitar la impunidad.

Otra de las propuestas más comentadas es la de “derogar las leyes pro crimen e impunidad”. En el plan se destaca, especialmente, la derogación de la Ley 32181, la cual “prohíbe a fiscales y jueces solicitar y dictar mandato de detención preliminar judicial y prisión preventiva contra personal policial que, en ejercicio de sus funciones, haga uso de su arma de fuego causando lesiones o muertes”.

Al respecto, Sebastián Flores Martin consideró que, “más que derogar esa ley en específico, se debe establecer un marco de procedimiento policial que reglamente cómo y en qué circunstancias la PNP puede hacer uso de armas de fuego”. Miguel Ángel Barriga coincidió con esta postura y señaló que “las leyes deben ser evaluadas por operadores de justicia con participación de especialistas”. Sobre la norma mencionada, sostuvo que “la intención parece ser limitar la capacidad de respuesta de la PNP cuando un delincuente amenaza la vida de los agentes o de otras personas”.

La penúltima propuesta plantea “crear una Unidad Especial de Inteligencia Financiera y Ciberdelito, enfocada en rastrear extorsiones, fraudes digitales y estafas a través de medios electrónicos y cuentas bancarias, en coordinación con la SBS, Sunat y la UIF”. Ambos expertos coincidieron en que la Policía Nacional ya cuenta con la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Divindat), encargada justamente de esas funciones. “Crear más unidades genera mayor burocracia. Lo mejor es trabajar de manera más eficaz con las ya existentes”, sostuvo Sebastián Flores Martin.

Finalmente, el partido propone que “las acciones de los ciudadanos se articulen al Plan Nacional de Recuperación de Espacios Inseguros, priorizando territorios bajo amenaza de mafias y extorsiones”. Mientras Flores Martin resaltó la importancia de modernizar y fortalecer los sistemas de seguridad —especialmente en el transporte público, uno de los sectores más afectados por el crimen—, Barriga concluyó que “un ciudadano de a pie no está preparado para luchar contra el delito”. “Empoderar a ciudadanos en ese aspecto podría representar más un riesgo que una oportunidad”, advirtió.

Bajo análisis

Al realizar un análisis comparativo más amplio de ambos planes de gobierno, Víctor Quinteros, exdirector de Asuntos Criminológicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señaló que el plan de Fuerza Popular “incluye tres componentes esenciales de toda política de seguridad ciudadana: prevención, persecución penal y sistema penitenciario”.

No obstante, consideró que una de sus principales debilidades es la falta de un mayor enfoque territorial. “El defecto podría estar en la omisión de propuestas orientadas al fortalecimiento del trabajo a nivel territorial, donde los gobiernos locales y las comunidades cumplen un rol fundamental. Si bien mencionan temas de prevención, el valor agregado sería abordarlos desde un enfoque más territorial y menos centralizado”, explicó.

En relación con el plan de Juntos por el Perú, el especialista señaló que este “toma en cuenta el trabajo de los gobiernos locales y hace bastante hincapié en la lucha contra la corrupción, principalmente dentro de la Policía”.

“Donde sí existe una omisión, o al menos no hay tanta claridad en comparación con las propuestas fujimoristas, es en el tema penitenciario, ya que no lo desarrolla demasiado. Además, más allá del plan de gobierno, también habrá que observar si el candidato Roberto Sánchez se distancia progresivamente de las acusaciones o cercanías que se le atribuyen (con sectores vinculados a la minería informal)”, concluyó.