Una vez más, un proyecto de ley del Congreso genera críticas y rechazo. Esta vez, la Comisión de Relaciones Exteriores aprobó un dictamen que debilita a las ONG del país. Los principales impulsores de esta norma son los legisladores Ernesto Bustamante, Patricia Juárez, Auristela Obando y Alejandro Muñante.
“En muchos de estos casos, se ha detectado que su actividad promueve fines ilícitos como es el aborto indiscriminado y la cultura de la muerte; justifican ideologías violentistas que tanto daño le hacen al país, entre otros casos que atentan contra el orden público”, comentó Muñante, de Renovación Popular, quien, hace poco, fue expulsado de la Universidad San Marcos.
Al respecto, diversas entidades han emitido comunicados rechazando tajantemente el dictamen que busca modificar la legislación sobre la supervisión y fiscalización a las organizaciones no gubernamentales (ONG) en el país.
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Conocida las intensiones de la norma, 16 embajadas y delegaciones internacionales siguieron esta línea y también se pronunciaron con mucha preocupación.
“Como socios de la cooperación del Perú, nos preocupa las enmiendas propuestas a la ley de creación de la APCI, que restringirían la capacidad de la sociedad civil para operar en un entorno propicio. Las democracias son más inclusivas, equitativas, estables y prósperas cuando la sociedad civil está plenamente empoderada para proteger y responder a las necesidades de los ciudadanos”, se lee.
Este comunicado fue firmado por las embajadas en el Perú de los gobiernos de Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Finlandia, Suiza y la Unión Europea.
Para varias ONG e instancias civiles sin fines de lucro, el verdadero interés de este dictamen sería limitar el derecho de asociación y participación ciudadana a través de estas organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos, la democracia, la libertad de expresión y las libertades individuales, así como en la promoción de cambios hacia la igualdad, el acceso a salud, educación de calidad, la protección del medio ambiente, entre otros temas.
Transparencia también se mostró en contra de la iniciativa y consideró que es un grave atentado contra la libertad de organizaciones civiles, empresariales y religiosas.
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