Empresas con 550 accidentes graves adeudan más de S/.16 mlls.

PAMELA SANDOVAL / @padmejones

Redactora de Sociedad

En el laberinto del transporte público, donde peatones y pasajeros son tratados como la última rueda del coche, obtener cifras coincidentes de las autoridades a cargo es casi tan difícil como hacer que alguna de ellas asuma responsabilidad por los 550 accidentes que, de enero a marzo pasados, han dejado varios muertos y heridos graves, según la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito.

Un ránking elaborado por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) señala que las cinco empresas más temerarias suman más de 10 mil multas y más de S/.16 millones en deudas por infracciones. El consorcio Orión es de lejos el más irresponsable de la lista y, para Carlos Villegas, presidente de la asociación de víctimas, también el que menos suma a la seguridad vial al protagonizar buena parte de los accidentes del primer trimestre del 2014.

Hasta el momento ni la Municipalidad del Callao –que dio licencia de circulación a Orión– ni el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) precisan qué sanciones se impondrán a la compañía, cuyas más de 5.000 unidades de transporte arrastran 4.383 papeletas.

Fuentes de la División de Investigación y Prevención de Accidentes de Tránsito de la PNP precisaron que no llevan un registro de cuántos accidentes de transporte público involucran a una empresa como Orión. Dijeron que en lo que va del año hubo 45 muertes en pistas de Lima generadas por buses, coaster, taxis o mototaxis. De enero a octubre del 2013, dicha racha mortal sumó 143 víctimas.

ESFUERZOS AISLADOS

“Un total de 11.175 licencias de conducir fueron suspendidas en el 2013 porque sus dueños infringieron normas de tránsito como haber consumido alcohol y causado accidentes”, había dicho a inicios de este año Enrique Medri, director del Consejo de Seguridad Vial del MTC. 

El Comercio buscó a Medri para conocer cuántos de esos brevetes suspendidos eran de conductores de transporte público. No hubo respuesta. 

María Jara, de la Gerencia de Transporte Urbano (GTU) de Lima, y Elvira Moscoso, de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutrán), también afirmaron haber pedido la retención de vehículos y la suspensión de brevetes por faltas de tránsito, pero tampoco dijeron en cuántos casos.

“La normativa actual señala  que se suspende la licencia y/o se interna el vehículo de quien cumpla 100 puntos [por multas en el brevete], pero para ello se debe emitir una resolución de sanción. No se le puede quitar a nadie el brevete así porque sí”, afirmó Moscoso.

Según el Reglamento Nacional de Administración de Transporte (2009), las municipalidades deben fiscalizar a los infractores. Para ello, se apoyan en la PNP. Cuando un infractor alcanza el puntaje máximo para la suspensión de su licencia, el concejo donde alcanzó esa valla (Lima, Callao o provincias) notifica a la PNP y al MTC para la inhabilitación. El SAT se encarga de la recaudación. 

Para el especialista en transporte Lino de la Barrera, ahí está el entrampamiento del sistema. “Ubicar a un infractor y notificar al MTC no debe tardar más de 60 días, pero las municipalidades, si lo hacen, tardan dos o tres meses. Eso permite un amplio rango de impunidad”, afirma.

Alfonso Flórez, gerente de Transitemos, agrega que otro problema en el ámbito del transporte es la falta de una autoridad única. “Que dos autoridades como Lima y el Callao coordinen por su cuenta con la policía complica la administración”, asevera.

Los transportistas públicos que más adeudan por infracciones de tránsito son los que más accidentes graves provocan en las pistas. Solo en Lima, se cuentan más de medio millar de choques con heridos o muertes en los tres primeros meses de este año.