¿Por qué empresas con millones de soles en multas como La Nueva Estrella siguen en las pistas? así funciona el mecanismo legal que permite la impunidad

El último martes, una coaster de esta empresa salió de su carril, invadió la vía exclusiva del Metropolitano, impactó contra uno de los buses articulados, causó la muerte de tres personas e hirió a otras 27. El vehículo de placa A9H-785 tenía ocho papeletas por S/ 8.889. La última infracción fue registrada ante el Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT) en el 2024 por conducir sin licencia.

La Nueva Estrella no es un caso aislado. Solo durante el 2023, la empresa la empresa Holding Real Express (Callao - Villa María del Triunfo) cometió 1.414 infracciones de tránsito, según la autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). Le seguía la empresa CTI Corporación S. A. C. (Pachacámac - La Punta) con 438 infracciones cometidas por sus conductores, la empresa Comunicación Integral Turismo e Inversiones Urano Tours S. A. (Ate – Chosica) con 296 infracciones, la Empresa de Transportes Señor del Mar S. A. (La Molina - La Punta) con 290 faltas, y la Empresa de Transportes Miraflores S. A. (Miraflores – Ate) con 218 infracciones. Todas siguen operando.

Detrás de esta situación de impunidad existe un sistema que incentiva la impugnación de cualquier papeleta hasta la prescripción. Alfonso Flórez, gerente general de Transitemos, explica que ley permite a los infractores de tránsito presentar descargos, reconsideraciones, apelaciones y otros recursos que extienden por años el proceso en la vía judicial. “Hay mecanismos legales que les permiten la impugnación, apelación, falta de ejecución inmediata, medidas cautelares y otros cualquier proceso civil. Puedes impugnar la papeleta presentando recursos administrativos y judiciales y pasar 4 años hasta que prescriben”, dijo a El Comercio.

El problema es que, incluso si la sanción fuera cobrada inmediatamente, las multas por infracción de tránsito son impuestas al conductor o al vehículo, pero no a las empresas de transporte. “Con el modelo comisionista afiliador, en el que está el 70% del transporte regular, hablamos de empresas cascarón que no son propietarias de la flota. El modelo que se necesita es uno donde la empresa sea propietaria de la flota y los choferes están en planilla. Si sancionas al conductor, también se puede sancionar a la empresa. Con este modelo solo están los corredores complementarios porque no se completó la reforma del transporte”, añadió Flórez.

José Aguilar, expresidente de la ATU, explica que los mecanismos de judicialización y trabas burocráticas también impedían que buses o coaster que llegan a los depósitos sean eliminadas. “Cuando estaba en la ATU hacíamos varios operativos en los que las unidades sin autorización eran llevadas al depósito, pero nos ponían medidas cautelares y se quedaban mucho tiempo. Recién en el 2023 se dictó un decreto legislativo para acelerar el chatarreo”, explicó.

A esto se suma que en enero de este año la ATU lanzó el Beneficio Extraordinario de Regularización de Sanciones, que en la práctica perdona miles de soles a empresas de transporte urbano que tienen sanciones administrativas en materia de transporte terrestre impuestas por el SAT entre 2001 y 2019. Aunque el objetivo de este beneficio, que tiene vigencia al menos hasta el 20 de octubre, es incentivar la regularización de sanciones y ofrecer facilidades para que los operadores del transporte formal en Lima y Callao “cumplan con sus obligaciones, beneficiándose además con la condonación del 100% de costas y gastos administrativos”, expertos en el tema consideran que premia a infractores.

“Están dando la señal de que la multa no sirve para nada porque eventualmente te van a dar una amnistía. No aplica a todas, es cierto, pero quieren darle una lavada de cara a las empresas infractoras”, opinó una fuente del sector a este Diario.

¿Se puede cambiar la situación?

Alfonso Flórez considera que falta voluntad política para eliminar los mecanismos legales que perpetúan esta impunidad. “Tenemos muchos congresistas que ven intereses privados de empresas de transporte informales o ilegales. El siniestro fue provocado por una unidad autorizada que opera de manera informal”, dijo.

De hecho, en el 2021, con el anterior Congreso se presentaron hasta cuatro proyectos de ley para ampliar automáticamente los permisos para todas las combis y coasters incluso si estas tenían miles de soles en multas.

En abril pasado, la ATU informó que se vencía el plazo para que empresarios transportistas puedan presentar sus expedientes y solicitar la renovación las autorizaciones de ruta (títulos habilitantes) por cinco años. La idea es brindar estabilidad jurídica para que dichas empresas puedan acceder a financiamientos para renovar su flota.

“Desde el 2003 hasta diciembre del año pasado, las empresas venían con autorizaciones de 6 meses y un año. ¿Qué operador de transporte iba poder reponer una flota con un respaldo de ese modelo? Estabilidad jurídica era lo que se necesitaba… Hemos dado un régimen excepcional de regularización y se les ha bajado las multas. Con cuentas embargadas las empresas no pueden renovar flota”, explicó el entonces jefe de la ATU David Hernández en una entrevista realizada en abril pasado a RPP.

El Comercio solicitó información a la ATU sobre la lista de empresas de transporte que han accedido a este beneficio, pero al cierre de esta nota no respondieron.

De acuerdo con Aguilar, un cambio en las nuevas autorizaciones que entro en vigencia este año puede ayudar a que las empresas asuman responsabilidades ante siniestros viales: el reglamento que regula el Régimen Excepcional de otorgamiento o renovación de autorizaciones para la Prestación del Servicio Público de Transporte Regular estipula que se puede sancionar al conductor, al dueño del vehículo e incluso al operador. Este fue aprobado en el 2023, pero faltaba entrar en vigencia.

“En diciembre del año pasado se aprobó Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) para empresas de transporte en Perú y eso permitió que recién entre en vigencia. A partir de este año se están dando nuevas autorizaciones bajo este reglamento porque si alguien entrega un vehículo a una persona sin brevete ambos deberían enfrentar las consecuencias”, dijo.

Investigan causas

Ayer, la ATU informó que la Procuraduría de dicha institución, en el marco de sus competencias, ejecutará “las acciones correspondientes a efectos de hacer prevalecer el principio de autoridad y tutelar los intereses de la entidad”. El caso ha sido derivado a la División de Investigación de Tránsito con consecuencias fatales de la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de Lima.

Además de tres muertos, el siniestro vial dejó en total 27 personas resultaron heridas, quienes fueron atendidas de manera inmediata por personal de la ATU y del Cuerpo General de Bomberos. Los heridos fueron llevados a la Clínica Internacional y el Hospital Arzobispo Loayza, debido a que el SOAT de ambas unidades se encuentran vigentes.

El fiscal Francisco Avellaneda Esaine, del Quinto Despacho de la Octava Fiscalía Penal Corporativa de Lima Centro, se encuentra a cargo de la investigación. Según testigos, el conductor Andrés Yopan (39) habría ingresado a la vía restringida con el objetivo de evadir el tráfico y captar pasajeros, en una maniobra conocida como “correteo”.

Además de Yopan, fallecieron los pasajeros Segundo Rodríguez (49) y Jamil Castillejo (24). Este último recién había terminado su carrera de Ingeniería Ambiental y se dirigía a una entrevista de trabajo cuando la coaster en la que viajaba se estrelló.

Entre los heridos se encuentra Percy Centeno, conductor del Metropolitano, de 59 años, quien aún continúa internado en el Hospital Loayza. Su hermana contó que justo tenía previsto jubilarse el 31 de julio, un día después del accidente, luego de 10 años de servicio en el Metropolitano.