El Ejecutivo recientemente observó el proyecto de ley 842, el cual propone regular a las empresas administradoras de intermediación del servicio de transporte que se dedican principalmente al servicio de taxi, como Uber, Didi, Indrive, Cabify, entre otras. Una de las tantas medidas que sugiere el texto es la creación de un registro nacional con información importante de los conductores a fin de garantizar los derechos y seguridad de los usuarios.
El Ejecutivo recientemente observó el proyecto de ley 842, el cual propone regular a las empresas administradoras de intermediación del servicio de transporte que se dedican principalmente al servicio de taxi, como Uber, Didi, Indrive, Cabify, entre otras. Una de las tantas medidas que sugiere el texto es la creación de un registro nacional con información importante de los conductores a fin de garantizar los derechos y seguridad de los usuarios.
Si bien esta disposición representa un alivio para los ciudadanos, ya que contribuye a la identificación de los choferes, hay puntos que llaman la atención, como que las empresas no serán responsables de los delitos que puedan cometer las personas frente al volante.
Otro detalle que se consigna casi al final del proyecto de ley y que resulta preocupante es que se deroga las competencias de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) para regular el servicio de taxi en la capital.
Al respecto, las empresas administradoras de intermediación del servicio de transporte privado emitieron un comunicado en el que apoyan el texto, el cual, según detallan, es “resultado de cerca de tres años de debate en el que han participado entidades del sector público, privado, sociedad civil, expertos”.
Para ellos, el proyecto de ley aprobado en mayo en el Pleno del Congreso “establece las condiciones generales para la operación de las plataformas digitales que intermedian el servicio privado de transporte de personas y se ajusta adecuadamente a las características específicas del servicio de transporte privado de personas a través de plataformas de movilidad, que son distintas del servicio público de taxi”.
Comunicado emitido por empresas administradoras de intermediación del servicio de transporte privado
En esa línea, le pidieron al Ejecutivo y Congreso que den luz verde al texto que, de ser aprobado, podría ser aprovechado por los colectiveros para evadir la fiscalización de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).
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