Essalud y Minsa aumentarán la tercerización de sus servicios

PAMELA SANDOVAL DEL ÁGUILA

En el 2012, cuando los paros de los médicos de Essalud (agosto) y del Ministerio de Salud (setiembre) causaron un embalse de al menos un millón de citas sin atender, ambas entidades hallaron en los hospitales de la Solidaridad un remedio –y un aliado– para sus crecientes males. 

 
“El paciente ingresa y recibe atención. Paga la entidad estatal que suscribió convenio. Lo único que pedimos para iniciar el proceso es el DNI [del beneficiario]”, explica Óscar Ugarte, presidente del Sistema Metropolitano de la Solidaridad (Sisol) sobre los acuerdos que hoy son los primeros casos exitosos de asociaciones público-privadas o prestación de servicios por terceros orientados a la salud.
 
Se trata de modelos que, gracias a 23 decretos legislativos aprobados el año pasado, abrirán camino en este 2014 a la esperada reforma del sector.
 
En el hospital Sisol de Camaná (Cercado de Lima), Mariano Pacheco, de 68 años, dice que es uno de los 556.995 afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS) que atendió Sisol en el 2013. “Tenía dudas, esto es de la municipalidad, pensé que me pedirían algo. Pero hasta Seguro Integral de Salud (SIS)ahora me ha ido bien”, comenta. 
 
La buena aceptación de los pacientes, que ya no deben esperar semanas por una cita en algún hospital, llevó a Essalud a renovar su convenio con Sisol en julio pasado, y a contratar los servicios de la clínica Suiza Lab para hacer lo propio, pero con 50 mil asegurados de Miraflores.
 
Un asegurado de 84 años y vecino de ese distrito confirma lo atinado de la iniciativa: “Vengo [a Suiza Lab] caminando con mi hijo. Él recibe el ticket, deja mis muestras y yo espero en la sala. Es muy tranquilo”, precisa.
 
“La expansión de la oferta  [para atenciones] no tiene por objetivo incrementar la demanda, sino que la demanda actual sea atendida en mejores condiciones de calidad y oportunidad”, asegura Virginia Baffigo, presidenta de Essalud. 
 
Para la funcionaria, la prestación de servicios por terceros ya había probado su eficacia en setiembre, cuando 80 mil asegurados de la Red Almenara (que atiende a 1’500.000 personas) aceptaron ser tratados en la clínica San Juan de Dios. 
 
“Los hospitales Almenara y Grau, los más importantes de esa red, ya no se daban abasto. Cuando informamos a los asegurados que tenían la opción de la clínica, poco a poco aceptaron ir y hoy están más que satisfechos”, cuenta Baffigo, quien espera contar con los servicios afiliados de 10 clínicas para fines de este año. 
 
Este 15 de enero, por lo pronto, suscribirá su tercer acuerdo afín. Será con la clínica Medical Images de San Martín de Porres y beneficiará a pacientes del Centro de Atención Primaria CAP Fiori. 
 
NO ES UNA PRIVATIZACIÓN
Pese a las facilidades que ofrecen para los pacientes, las asociaciones público-privadas (APP) descritas han sido criticadas por Jesús Bonilla, presidente de la Federación Médica del Perú (FMP), que las considera amenazas de privatización.
 
“No nos consultaron en ningún momento sobre esto”, fustigó el representante en la emisora RPP, cuando confirmó que el gremio acatará una nueva paralización en febrero.
 
Cecilia Ma Cárdenas, responsable del desarrollo de asociaciones público-privadas del Minsa, aclara que los pacientes no sufrirán perjuicios en la cobertura. “Si bien hay casos de descongestión de la atención prehospitalaria, apoyándonos en Sisol, la mayoría de APP del sector terceriza los servicios no clínicos. Es decir, el mantenimiento de equipos, locales, desechos biológicos y otros que inciden en la calidad de la atención, pero que no comprometen la atención médica”, detalla Ma.
 
Según informó, hay 70 empresas privadas interesadas en los siete convenios que el Minsa realizará este año junto con Pro Inversión. De ellas, 30 son compañías de Reino Unido, México, España, Ecuador y Panamá.
 
Un aspecto crítico que contemplan los proyectos y que también ha despertado inquietud en algunas asociaciones de pacientes es la creación de ‘farmacias solidarias’. Previsto para marzo, el sistema comprende la designación de farmacias privadas para entregar medicinas contra la diabetes mellitus y la hipertensión arterial.