Lima vuelve al estado de emergencia para frenar el crimen: ¿qué podría cambiar respecto a las anteriores?

El gobierno de José Jerí implementará una medida ya realizada por sus antecesores inmediatos a la problemática de la criminalidad en Lima Metropolitana: declarar a la capital en Estado de Emergencia. La medida fue anunciada por el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, en la noche del jueves 16 de octubre.

El premier resaltó que la medida será acompañada por un paquete de acciones para garantizar su eficacia. “Vamos a anunciar la decisión del gobierno de declarar en emergencia a Lima Metropolitana, pero esto, a diferencia de otras ocasiones, no puede ser simplemente una declaratoria etérea, subjetiva, que no sirva al ciudadano común. Tiene que venir acompañada de un paquete de medidas concretas y eficaces”, señaló durante una conferencia de prensa.

El jefe del gabinete no descartó que entre las disposiciones se considere la instauración de un toque de queda en los 43 distritos de la capital. “Se están analizando todas las posibilidades. El toque de queda, así como la limitación de la libertad individual de los motociclistas, ya son medidas recurrentes que se han establecido antes, pero que, por la especificidad de la criminalidad violenta, no siempre han logrado un resultado efectivo, real”, añadió.

Álvarez precisó que el presidente de la República ha encargado al Gabinete preparar dicho conjunto de medidas y hacer un análisis técnico de las mismas con urgencia. Por ello, indicó que los ministros estarán en sesión permanente hasta que la medida sea oficial.

Álvarez remarcó que toda medida restrictiva deberá ser proporcional y basada en evidencias.

“Toda medida que limita la libertad debe tener proporcionalidad y racionalidad. No es cuestión de limitar las libertades y derechos fundamentales sin una razón real probada. Por eso vamos a tomarnos algunas horas en revisar y medir la posible efectividad de la declaratoria de emergencia, que debe estar bien hecha y constituir una medida efectiva en beneficio de los ciudadanos”, enfatizó.

Al mediodía del jueves, el presidente Jerí Oré acudió a la sede del Congreso para solicitar al Parlamento Nacional facultades legislativas a fin de emitir normas en temas de seguridad ciudadana.

Hasta el cierre de esta edición, el Ejecutivo todavía no había promulgado la medida en el diario El Peruano. Tres especialistas sostienen cuáles son las principales medidas que deberían establecerse como parte del estado de emergencia.

Cabe recordar que, solo en Lima Metropolitana, el gobierno de la vacada Dina Boluarte decretó cuatro estados de emergencia por el incremento de casos de extorsión y delincuencia. En todo el país, en los últimos seis años, las diferentes gestiones del Ejecutivo declararon el mismo estado de excepción 10 veces (sin contar sus respectivas prórrogas) por la delincuencia en diferentes regiones y provincias.

Frank Casas, experto en seguridad ciudadana, indicó que el gobierno debe priorizar una regulación administrativa de los sistemas de telecomunicaciones, armas y explosivos. “Debe reforzarse la regulación administrativa de las armas, explosivos y municiones, a cargo de Sucamec. Lo mismo con el control de sistemas de telecomunicaciones, a cargo de Osiptel y el MTC, como los dispositivos de telefonía y la venta informal de chips. Estas son las principales herramientas utilizadas por los extorsionadores para fines ilícitos.

Por su parte, Nicolás Zevallos, director del Instituto de Criminología, indicó que el Ejecutivo debe conformar equipos especiales de intelegencia contra el crimen a través de un trabajo coordinado entre la Policía Nacional (PNP) y la Fiscalía. “Su función debe ser mejorar la investigación y monitoreo de los criminales, sobre todo en el caso de los gatilleros, es decir, quienes se dedican a la labor del sicariato. Ese debe ser el punto de partida: enfrentar el sicariato para que dejen de matar a la población. Para ello es necesario darles los recursos para que puedan operar y realizar un trabajo efectivo”, detalló.

Jorge Angulo, excomandante general de la PNP, mencionó que el estado de emergencia puede ser una oportunidad extraordinaria para adquirir la infraestructura y equipos de inteligencia que la Policía requiere con urgencia para combatir el crimen. “Los chalecos antibalas, vehículos y material antimotines continúan siendo insuficientes para la Policía. Este gobierno de transición debe de inmediato hacer las compras inmediatos para equipar a la PNP”, expresó.

Los tres expertos coincidieron en que el gobierno debe priorizar estas medidas no solo durante el estado de emergencia, sino a lo largo de los meses restantes de su gestión.

Este martes, el presidente Jerí se reunió con 35 alcaldes de Lima Metropolitana para discutir sobre la inseguridad ciudadana.

Al final del encuentro, los burgomaestres firmaron un pronunciamiento en el que propusieron cuatro medidas contra el crimen:

• Declaratoria del estado de emergencia y evaluar el toque de queda como alternativa
• Municipalización de determinadas funciones policiales
• Uso obligatorio de los chalecos naranja en transporte lineal y vehículos menores de manera temporal, y circulación de una sola persona por motocicleta
• Promover la entrega de armas. Plazo perentorio para entrega de armas ilegales.

Al respecto, los expertos consultados se mostraron en contra de un toque de queda, debido a que restringirá la actividad comercial de los empresarios, quienes ya son afectados por las extorsiones.

Asimismo, expresaron su negativa a una nueva exigencia de chalecos especiales para motociclistas. “Tenemos que dejar de pensar en medidas que sobrecarguen operativamente a la Policía. En ese momento, disponer a los efectivos para que vigilen quién usa un chaleco naranja es un una mala gestión del recurso policial. A esos policías hay que ponerlos a investigar quiénes son los delincuentes, a entender cómo se mueven y operan. De lo contrario es un desperdicio de capital humano”, manifestó Zevallos.