A mediodía los alumnos de la suspendieron la protesta que sostenían desde ayer (por la cual habían tomado el local central, en la avenida Nicolás de Piérola). Devolvieron el campus a las autoridades rectorales y permitieron el paso de los trabajadores. 

Poco antes, representantes de la  habían llegado al campus para conversar con los protestantes y mediaron por una solución. "Hemos acordado instalar una mesa de diálogo con ellos y el rectorado, y hacer seguimiento constante a sus pedidos", contó luego Alberto Huerta Zapata, jefe de la Oficina de Lima de la Defensoría. 

La universidad, fundada en 1963, cuenta con una población de 22.670 alumnos. La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, cuyo decano es Carlos Vicente Navas Rondón, tiene unos 1.500 estudiantes. "Pero solo hay 8 aulas", se quejó la estudiante Ruddy Gamarra.

Los pedidos centrales del pliego de reclamos eran la reprogramación del proceso de matrícula y la inclusión de los representantes estudiantiles en el consejo universitario. "Se está llevando a cabo el proceso de matrícula en simultáneo con el de contratación docente. Es decir, nos matriculamos sin saber quiénes nos van a enseñar cada curso", dijeron los alumnos.

Pero tras la llegada de la Defensoría, ambas partes, estudiantes y autoridades universitarias, mostraron más disposición para negociar. La presencia policial se volvió más modesta. Los alumnos firmaron un acta de entrega del campus y acudieron con los vicerrectores al local defensorial, en jirón Ica.

A las 6 de la tarde firmaron un acuerdo que establece, entre otras cosas, que la matrícula se realizará recién el 25 de abril. Para entonces ya se tendrá la lista de los profesores que dictarán cátedra. "También se ha acordado que los alumnos podrán participar en calidad de veedores en el proceso de contratación docente", informó Huerta.