La brutal agresión de un grupo de fiscalizadores autodenominados “los chicos malos de San Isidro” contra un motociclista puso en alerta a la ciudadanía sobre los límites y filtros por los pasan estos agentes del orden.
#LOULTIMO: separan a fiscalizadores de #SanIsidro por golpear a motociclista https://t.co/dm4rVWmVQT pic.twitter.com/BSrVyP5UBm— Sociedad El Comercio (@sociedad_ECpe) noviembre 18, 2015
En el caso de la Municipalidad de Lima, a los interesados en trabajar como serenos de a pie solo se les exige un año de experiencia en seguridad ciudadana y/o cargos similares, “alto sentido de responsabilidad”, estudios secundarios completos, estudios técnicos concluidos (no indispensable) y/o haber integrado las Fuerzas Armadas o policiales “en situación de retiro no deshonrosa”. Por esta labor se les paga 1.200 soles.
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Convocatoria CAS para “Serenos A Pie” de la Municipalidad de Lima en el mes de agosto de 2015.
En el caso específico de San Isidro, además de la experiencia en seguridad ciudadana, en la convocatoria para reclutar serenos se exige que estos no tengan antecedentes penales, policiales o judiciales.
No obstante, para el comisionado de la Defensoría de Lima, Alberto Huerta, los serenos también deben someterse a evaluaciones mentales como cualquier personal que ingresa a trabajar en el Estado. Esta forma garantizaría que no incurran en excesos en su labor.
SERENOS VS. FISCALIZADORESPese a que mucha gente considera que los serenos y fiscalizadores tienen el mismo trabajo, la Defensoría del Pueblo recordó que los primeros solo tienen la función de apoyar las intervenciones que ejecuta área de fiscalización con apoyo de la policía.
Susel Paredes, gerente de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Los Olivos, reiteró que los miembros del serenazgo no están autorizados para multar, clausurar locales o retener mercaderías de ningún tipo.
“El serenazgo solo tiene una función disuasiva. El fiscalizador sí llama la atención, pone multas, sanciona y clausura. La gente tiene que saber eso, que el sereno ni siquiera puede pedir el DNI a una persona, para eso se lleva a la policía”, detalló a El Comercio.
FALTA CAPACITACIÓNJulio Acurio Monge, ex jefe del Estado Mayor de la PNP, considera que los serenos no están formados ni capacitados para trabajar en contacto con la población; situación que provoca excesos como los registrados en San Isidro.
“La mayor parte de las municipalidades tiene este problema. La policía debe encargarse de la preparación de los serenos de forma constante”, señaló a El Comercio.
Por esta razón, se mostró en contra de algunas propuestas, como la realizada por el alcalde Luis Castañeda Lossio, de entregar armas no letales a los serenos. “El problema puede ser mucho mayor”, enfatizó.
De otro lado, los fiscalizadores, aunque actúan en operativos específicos con apoyo de policías (como ocurrió en el caso de San Isidro), requieren también mayor capacitación sobre cómo actuar cuando hay riesgo de resistencia violenta sin recurrir al uso de fuerza.
“LA AUTORIDAD RECIBE Y DENUNCIA”Susel Paredes conoce de cerca lo violento que puede convertirse un operativo contra infractores de la ley. En más de una oportunidad ha sido víctima de insultos y golpes por parte de comerciantes ilegales. Sin embargo, es enfática al señalar que por más provocaciones que existan, la autoridad no debe responder.
“La autoridad nunca responde, la autoridad recibe y denuncia. A mí no me han pegado solo una vez, me han escupido, insultado y nunca he respondido”, dijo a El Comercio.
En ese sentido, sostiene que las autoridades y especialmente los fiscalizadores deben estar psicológicamente preparados para enfrentar todo tipo de provocaciones. Además de la verificación de sus antecedentes y referencias, los candidatos pasan por una amplia entrevista personal donde se identifica cómo reaccionarían ante casos de gran estrés.
“El infractor siempre se victimiza y provoca. La autoridad responde con energía pero con debido proceso. Ahí es mejor dejarse pegar”, agregó.
La funcionaria explicó que todo operativo de fiscalización se realiza con la presencia del gerente o subgerente, además de un efectivo policial que garantice el debido proceso.
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